Madrid, miércoles 21 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- Una juez de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y actual alto cargo, Sofía Puente Santiago, hermana del ministro socialista Óscar Puente Santiago, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la tramitación de la nefasta Ley de Nietos. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid indaga las graves irregularidades cometidas en las instrucciones impartidas a los consulados para colar a miles de nacionalizados sin exigir la documentación requerida por ley, un proceso judicial que se suma a las continuas batallas legales presentadas por la formación patriótica Vox y al recientísimo varapalo en el Tribunal Constitucional, que ha inadmitido por «prematuro» el desesperado recurso de amparo tramitado por el Defensor del Pueblo para intentar blindar el censo fake en el exterior.
En un contundente auto dictado por el juzgado madrileño, la titular de la sala fundamenta que las maniobras ejecutadas desde el Ministerio de Justicia «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa». La juez subraya que, ante la extrema gravedad de los hechos denunciados y el eventual menoscabo de la legalidad, resulta imprescindible «instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso el procedimiento aplicable», dando vía libre a la investigación penal contra la familiar del ministro de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
La polémica instrucción firmada por Sofía Puente Santiago ordenaba de forma arbitraria a los consulados y registros civiles conceder la nacionalidad española a los supuestos descendientes de exiliados entre 1936 y 1955 sin requerir la documentación exigible para demostrar una verdadera persecución política. La Fiscalía, alineada con la estrategia de protección del Ejecutivo sanchista, pretendió frenar el avance de la causa alegando que ya existía una querella previa archivada en 2022. Sin embargo, la juez ha dado un plazo de diez días a los querellantes para presentar alegaciones tras depositar la fianza fijada, manteniendo firme el avance de las acciones penales contra la responsabilidad de Puente Santiago.
El origen del coladero electoral de la Ley de Nietos
El origen de esta sectaria Ley de Nietos se remonta a las cesiones ideológicas impuestas en la denominada Ley de Memoria Democrática, impulsada por la alianza entre el PSOE, la extrema izquierda y los socios separatistas. Esta legislación instrumentalizó los procedimientos de concesión de nacionalidad, convirtiendo un trámite administrativo en un coladero masivo diseñado para otorgar la ciudadanía de forma acelerada a miles de residentes en el extranjero sin exigencias reales de arraigo ni verificación formal.
Con esta maniobra de ingeniería electoral, el Ejecutivo sanchista y la ultraizquierda pretendían alterar de forma artificial el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en el exterior, alimentando un censo fake para garantizarse una ventaja en las urnas. La arbitrariedad promovida por altos cargos como la hermana de Óscar Puente Santiago permitió colar expedientes irregulares en las oficinas consulares, vulnerando los controles exigidos por el ordenamiento jurídico.
La incansable batalla judicial de Vox contra el fraude censo
Frente a esta grave amenaza a la limpieza de las urnas y a la soberanía nacional, la formación patriótica Vox emprendió desde el primer instante una contundente e incansable ofensiva legal ante las máximas instancias judiciales. La representación jurídica del partido presentó recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y denuncias sistemáticas exigiendo la paralización cautelar de las inscripciones tramitadas mediante instrucciones arbitrarias, logrando acorralar las maniobras de la izquierda y sus socios secesionistas.
Gracias a la persistencia y al rigor de las acciones emprendidas por la formación patriótica, la Justicia decretó la suspensión cautelar del derecho al voto para miles de nacionalizados mediante este sistema express que no lograran acreditar formalmente los presupuestos exigidos. Esta victoria procesal de Vox ha permitido salvaguardar las garantías democráticas frente al intento sistemático del Gobierno de distorsionar el proceso electoral a través de fraudes censales en el extranjero.
El Constitucional tumba las pretensiones de Gabilondo
En este tenso escenario, el Tribunal Constitucional ha asestado un duro revés al peón del régimen sanchista y Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol. La corte garantista ha rechazado admitir a trámite el recurso de amparo presentado con carácter de urgencia por Gabilondo, con el que pretendía tumbar de manera cautelarísima la suspensión del voto acordada por el Supremo y restituir de forma exprés el sufragio del censo inflado de cara a las próximas elecciones.
El Constitucional rechaza dar amparo al censo fake en la Ley de Nietos
El Pleno del tribunal ha calificado de «prematura» la maniobra del Defensor del Pueblo, recordando que la vía ordinaria en el alto tribunal continúa completamente abierta para que las partes presenten alegaciones. De este modo, la justicia mantiene vigente el freno al voto irregular instaurado mediante la Ley de Nietos, desbaratando los intentos desesperados del PSOE y la ultraizquierda de saltarse las garantías judiciales antes de que el Tribunal Supremo resuelva de forma definitiva.