Efe – La vicepresidente primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha urgido este viernes en Sevilla a acelerar los trabajos de exhumación de los represaliados del franquismo, y ha asegurado que la memoria «no es un espacio para la discusión, es una obligación democrática de todos». Sevilla (España), viernes 17 de julio de 2020.
La también ministra de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha visitado el Ayuntamiento hispalense y los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja, una de las mayores de la represión franquista.
«Esta fosa nos obliga a trabajar de manera cooperativa y leal por la dignidad de la democracia, para agradecer a las familias que durante tanto tiempo han esperado en silencio a que el Estado respondiera a un derecho principal y humano que es el de poder identificar a sus familiares», ha asegurado la vicepresidente.
Calvo ha realizado estas declaraciones en una vista a la que han asistido el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos; la consejera andaluza de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo, y la Delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García.
Además de señalar el compromiso del Gobierno con la recuperación de la memoria, la vicepresidenta se ha mostrado partidaria de que todas las administraciones aceleren los trabajos de exhumación.
«Este lugar significa que para poder mirar hacia el futuro en una gran democracia como la española tenemos que tener ordenado nuestro pasado», ha enfatizado Calvo.
La fosa común de Pico Reja, ubicada en el cementerio sevillano de San Fernando, podría albergar los restos de 1.103 personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura, entre ellos los de Blas Infante, padre de la Patria Andaluza.
Los trabajos comenzaron en el 2017 y un equipo de historiadores se encargó de las tareas de localización y delimitación. Un año después, en el 2018, se inició la recogida de muestras de ADN de los familiares de los represaliados de Sevilla capital y provincia.
Se trata -según Calvo- de un símbolo de la represión «más sangrienta y sin sentido» contra los que luchaban contra el fascismo e hicieron frente a «un golpe contra la democracia y el orden constitucional» en 1936.
En su opinión, la memoria, la justicia y la paz son un política «obligatoria del Estado en defensa de los derechos humanos, para arrojar todavía mucha verdad sobre el pasado», ha subrayado.
«Tenemos que hacer todos un esfuerzo, hay que trabajar para que las personas más mayores pueden terminar sus vidas sabiendo que sus familiares han sido identificados y recuperados», ha enfatizado la ministra cordobesa.
El Gobierno de España va a colaborar económicamente con más de 250.000 euros para ayudar a la Junta y el resto de administraciones en la identificación de los desaparecidos en una «terrible fosa común en la que fueron fusilados de manera ignominiosa», ha declarado Calvo.
