Cargos del PP y PSOE en Andalucía detenidos en la ‘Operación Edu Costa’ contra el fraude del dinero de parados

Lasvocesdelpueblo
Susana Díaz Pacheco, actual presidenta del Gobierno de Andalucía y secretaria general de PSOE en Andalucía
Susana Díaz Pacheco, actual presidenta del Gobierno de Andalucía 

Cargos del PP y PSOE en Andalucía detenidos por la Policía Nacional en la segunda fase de la ‘Operación Edu Costa’ contra el fraude del dinero de parados. En la nueva fase de la ‘Operación Edu Costa’ desarrollada este mediodía en Cádiz, Málaga y Almería sobre las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas amigas y cómplices para cursos de formación del Gobierno autonómico de Andalucía, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido 16 personas, entre ellas, varios cargos públicos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Entre los imputados están un cargo político del Partido Popular y un sacerdote, según canal 3/24 horas; la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez y el concejal del PSOE en Roquetas de Mar (Almería) Juan Fernando Ortega.

Está previsto llegar a entre 70 y 90 arrestos en los próximos días, aunque la mayoría quedarán en libertad, muchos ellos con cargos, tras tomarles declaración, según Efe. La segunda fase de la operación llevada a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está relacionada con 52 empresas y pretende destapar las responsabilidades en torno a un fraude de cerca de 3 millones de euros.

Las actuaciones están dirigidas contra los responsables de empresas que se beneficiaron de las subvenciones públicas con compromiso de contratación y sobre las que hay sospechas de actuaciones irregulares. Tras numerosas entrevistas a profesores y alumnos, la Policía ha detectado que había empresas que presuntamente mentían a la hora de informar sobre el número de alumnos a los que se impartían los cursos o que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre los asuntos a tratar.

En ocasiones había empresas que supuestamente llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar, según las fuentes consultadas por Europa Press. La Operación Edu Costa de la UDEF se centra en empresas que recibían subvenciones que no solían superar los 100.000 euros frente a las de la primera fase que recibían ayudas de mayor entidad.

Entre las personas implicadas hay algunas relacionadas con la política como la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez. En declaraciones a los medios ha explicado que ha declarado “durante cinco minutos” ante la Policía sobre las supuestas irregularidades en unos cursos que solicitó Mercajerez, una entidad que ella presidía como regidora de la ciudad gaditana. La ex primera edil ha señalado que no sabía “nada” de la formación ya que “todas las competencias estaban delegadas en el gerente”.

Sánchez está condenada a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales y recientemente ha sido juzgada por supuestas irregularidades en la adjudicación de una ayuda a una empresa.

Por su parte, el concejal socialista de Roquetas Juan Fernando Ortega ha sido imputado por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, fraude en las subvenciones públicas y fraude en la Seguridad Social. Ortega ha confirmado a los medios su imputación tras declarar durante “diez minutos” en la comisaría provincial y quedar en libertad. Junto a él han sido imputadas su exmujer, su hija y una profesora de una de las dos academias en las que aparece como administrador.

agentes de policía durante la operación Edu Costa de este mediodía
agentes de policía durante la operación Edu Costa de este mediodía

“Estoy tranquilo, siempre hemos impartido cursos que se nos han adjudicado mediante el procedimiento de concurrencia competitiva”, ha asegurado el concejal, que ha anunciado que va a presentar “voluntariamente” la renuncia a su acta y a la condición de militante socialista. Todos ellos han acudido a dependencias policiales en calidad de detenidos, precisan las fuentes consultadas que recuerdan que para ello no es necesario que la Policía se desplazase a sus domicilios, sino que basta con una citación como ha ocurrido este martes.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, Antonio Hernando, ha asegurado este martes que se suspenderá “de inmediato” de militancia a los socialistas que se demuestre que están implicados en el fraude de los cursos de formación en Andalucía entre los años entre 2007 y 2013. En el caso de la provincia de Málaga entre los detenidos hay alumnos, profesores y empresario de los cursos de formación en relación con las presuntas subvenciones irregulares a diez empresas en noviembre de 2010.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a Efe que con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas, pero los investigaciones han detectado irregularidades sólo en diez de ellas. Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones al estar relacionadas con el control y concesión de las ayudas. Entre los detenidos de Málaga hay alumnos, profesores y empresarios, y las fuentes han destacado que son arrestos policiales no por orden judicial.

En la provincia de Cádiz la Policía ha interrogado a numerosos testigos, muchos de ellos alumnos y profesores, y está investigando la empresa Codenet, que obtuvo ayudas para unos cursos que impartió en 2010 y que ha negado “categóricamente” haber cometido “irregularidad alguna”. En la actualidad hay abiertas diligencias por este presunto fraude en juzgados de todas las capitales andaluzas, excepto Jaén, y los imputados están acusados de presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones

En abril pasado, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en las que se habían detectado irregularidades “numerosas, persistentes y graves”. La Fiscalía afirmó que la gestión de esas ayudas “no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado”, abre la puerta a “posibles y habituales irregularidades” y hay “una ausencia de control y seguimiento” del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.

En Sevilla también hay diligencias abiertas en el juzgado de instrucción 9, que en junio detuvo y dejó en libertad a 16 personas, entre ellos el extesorero de UGT-A Federico Fresneda y otros dirigentes sindicales por las presuntas facturas falsas del sindicato para justificar subvenciones. La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, también investiga presuntos fraudes en los cursos de formación y ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Ángel Ojeda y Antonio Fernández.

En cuanto a Ángel Ojeda, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, un informe de la UDEF indicó que trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del SAE, entre 2011 y 2012. La primera fase de la Operación Edu saltó en abril de 2014 tras hacerse pública una investigación de la UDEF iniciada después de una denuncia de la Seguridad Social. La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010.

El caso se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas y en un principio se aseguró que se trataba de un fraude masivo y de decenas de millones. El Gobierno autonómico de Andalucía, en su réplica, pidió “una rectificación inmediata” al Gobierno al entender que se trataba de una operación política del PP por las elecciones europeas. Además, la Consejería de Educación explicó que la sección de investigación de la Seguridad Social había pedido información sobre 17 expedientes a raíz del caso de la Fiscalía de Málaga por una cuantía de 1,52 millones de euros de un programa de formación que contaba con un presupuesto global de 5,9 millones de euros.

<Redacción – Lasvocesdelpueblo, RTVE y Agencias>

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