Carta al Secretaria Ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE por la Ley Celaá

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), SEPTIEMBRE DE 2017. Alumnos catalanes durante una clase en la Comunidad autónoma de Cataluña. ACN

Carta abierta a Luz Martínez Seijo, Secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE, en respuesta a su artículo Las lenguas en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), la llamada Ley Celaá que prohíbe el idioma español (castellano) en toda España, —aprobado en el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 y publicado por el Boletín Oficial de las Cortes el 22 de febrero de 2019 y, en la actual legislatura, el 13 de marzo de 2020, que lleva el nombre de la actual ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España desde junio de 2018—: «un avance garantista en plurilingüismo»

Carta

«Barcelona, 24 de noviembre de 2020

La Asociación por la Tolerancia es una veterana entidad políticamente transversal (sus socios y simpatizantes tienen distintas sensibilidades políticas), constituida en Barcelona en 1992, cuyo principal objetivo fundacional es la defensa de los derechos de los ciudadanos de habla española en Cataluña.

Nos dirigimos a Vds. porque ha llegado a nuestras manos, con algo de retraso, una publicación de El Socialista, firmada por Luz Martínez Seijo, Secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE. El artículo en cuestión, Las lenguas en la LOMLOE: un avance garantista en plurilingüismo, contiene tal cúmulo de afirmaciones vacías, errores de enfoque y, tal vez, falsedades, que nos vemos en la necesidad de contrastarlas con nuestro punto de vista, el de personas que viven la cotidianidad de una comunidad con dos lenguas oficiales, y someter el resultado a su consideración, para que Vds. juzguen oportunamente.

Nos vamos a referir siempre a nuestro entorno inmediato, Cataluña, aunque tenemos conocimiento de que lo mismo está ocurriendo en otras comunidades bilingües, en el mismo grado o en un estadio anterior de un proceso que se está reproduciendo paso por paso.

Estamos sorprendidos por el escaso nivel de conocimiento del problema que demuestra el escrito (no sabemos si es ignorancia o voluntad de manipular), por la reducción simplista del mismo a una cuestión de confrontación de bloques (derecha-izquierda) y por la falta absoluta de referencias a hechos u otras pruebas documentales que pudieran apoyar lo que se sostiene.

Además, estamos asustados porque ese tono y esa falta de conocimiento procede de personas que se encuentran muy cerca de la cúspide del Gobierno en cuyas manos están nuestros destinos. Esa es la principal razón por la que les transmitimos nuestras inquietudes.

Éste es el cuerpo del artículo con los comentarios que cada párrafo nos ha sugerido. [Nos abstenemos de corregir los errores léxicos y sintácticos para no ser acusados de pedantería].

El plurilingüismo en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial ha sido uno de los frentes de guerra cultural por parte de la derecha. Han vendido el plurilingüismo que es constitucional (art.3) como una puerta abierta al adoctrinamiento, una acusación muy grave que pone en sospecha al propio Estado constitucional y autonómico, debilitando su legitimidad para aplicar su receta de re-centralización.

Comienza el texto estableciendo lo que será el eje y la constante de su desarrollo posterior: lenguaje político belicoso, acusaciones sin pruebas y desacreditación del adversario (la derecha, sin especificar). Se dice que la derecha ha utilizado el plurilingüismo en la guerra cultural (?) y que lo postula como causa del adoctrinamiento para justificar su estrategia recentralizadora.
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Del párrafo se deduce que sí que hay adoctrinamiento, pero que su causa no es el plurilingüismo. Estamos de acuerdo con ambas afirmaciones. En Cataluña hay adoctrinamiento infantil y mucho. No hay control sobre los contenidos curriculares.

(También se adoctrina a los adultos, a través de los medios públicos de comunicación, pero eso pertenecería a otro capítulo). Pero la causa de ese adoctrinamiento no está en el plurilingüismo, sino en la ideología separatista que controla el poder y las instituciones y trata por ese medio, en afirmación que procede del primer pujolismo, de construir la nación (fer país). En ese sentido, sí que estamos de acuerdo de que esa parte concreta de la derecha (el nacionalismo) de este país es culpable de lo que denuncia la Sra. Martínez. Igualmente estamos seguros de que otra parte de la derecha (PP, por ejemplo) confirmaría este análisis y, por ello, nos parece que aquello de lo que se les acusa no está justificado.

No es sólo la derecha quien denuncia la manipulación en la escuela. Muchas entidades y particulares, desde hace años y con muchas pruebas, tratamos de convencer a los poderes del Estado para que hagan algo. Y no es que tengamos sospecha de que el “Estado” no hace nada al respecto, sino que lo sabemos a ciencia cierta. Por ejemplo, la Real Academia de la Historia emitió un dictamen muy negativo, ya hace años, sobre la falsificación de los hechos históricos en los libros de texto (y no solo en comunidades con dos lenguas oficiales), pero nadie tomó cartas en el asunto, ni la derecha, ni la izquierda.

De nuevo, la derecha identitaria usa la escuela para su lucha ideológica por el relato. La Constitución no habla de lengua vehicular en la enseñanza y durante 35 años el plurilingüismo del 40% de la población española que vive con lenguas cooficiales (catalán, vasco, gallego y valenciano) no ha sido cuestionado en la escuela. Fue la ley Wert (2013) la que se obsesionó en hacer de las lenguas un motivo de lucha política e ideológica dejando fuera todo debate pedagógico y de efectividad real de sus propuestas. Parte de ellas, en materia lingüística fueron declaradas inconstitucionales por la sentencia 14/2018 de 20 de febrero de 2018.

El segundo párrafo vuelve al lenguaje politiquero vacío: la derecha identitaria (?) se vale de la escuela para su lucha ideológica por el relato (?). Y, al parecer, la convivencia lingüística ha sido un remanso de paz en los últimos 35 años, hasta que la Ley Wert vino a romper el idilio.

Cargue el PP con las culpas de lo que hizo. No todo estaría mal, sin embargo, puesto que parte de sus decisiones fueron impugnadas por el Constitucional, pero no lo de lengua vehicular, sino la forma de compensación económica a los padres que solicitaban enseñanza también en español para sus hijos, cuando la Generalidad no respetara ese derecho.

Y, durante 35 años en ese oasis no han cesado las reivindicaciones de las familias en los tribunales y las sentencias, favorables en su mayoría a las reclamaciones sobre las actuaciones de las administraciones autonómicas contra el plurilingüismo, es decir, tendentes a borrar el uso del español de sus escuelas y su territorio. Son las autonomías con lenguas cooficiales las que han convertido tanto a las lenguas, como a las escuelas en armas de confrontación y de afirmación “nacional”. Y así han seguido después.

La LOMLOE, ahora en trámite parlamentario, es un proyecto garantista cuyo articulado en materia lingüística se ampara literalmente en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la normativa vigente. No va a cambiar el marco legal autonómico como hizo el PP por la puerta de atrás.

Es, cuando menos, ingenuo afirmar que el articulado de la LOMLOE “en materia lingüística se ampara literalmente en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la normativa vigente”. Las propias sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia llegan, a veces, al punto de la contradicción entre sí. Es casi imposible que un articulado legal esté literalmente de acuerdo con lo que dice la Constitución, porque la Constitución requiere interpretación.

Y es irónico que, precisamente desde las cercanías de este Gobierno, se acuse a otros de “legislar por la puerta de atrás”. ¿Cómo describirían la iniciativa de reformar nada menos que la Administración del Estado por medio de un decreto-ley por vía de urgencia? Pero, insistimos, cargue el PP con la culpa que le corresponde.

Nuestra voluntad es que la lengua no debe ser motivo de conflicto ni de separación ni segregación entre la ciudadanía. Mucho menos en las escuelas. Con la nueva ley educativa, vamos a hacer que las lenguas sean factor de cohesión y no de división, poniendo el foco en los hechos y en los resultados. Es decir que el alumnado adquiera un pleno y equivalente dominio del castellano y de su lengua cooficial, cuando la hubiere.

El cambio más relevante que introduce la LOMLOE en materia lingüística es la adopción por parte de los centros educativos de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas. Es decir el modelo lingüístico debe ser compensado, flexible y equitativo, actuando sobre las carencias para asegurar la igualdad del aprendizaje y dominio de ambas lenguas al acabar la educación básica. Ésta fue, era y es la medida necesaria y que el PP no quiso legislar.

Nos encantará ver de dónde van a obtener datos sobre “los hechos y los resultados”. ¿Cómo van a ver o probar nada, si las competencias en educación están transferidas y han renunciado a las pruebas de nivelación y, ahora, al control de la inspección?

Por otro lado, el modelo lingüístico, no es más que el medio por el que se pretende que todos los estudiantes alcancen el pleno dominio de las dos lenguas, pero ese objetivo es inalcanzable porque hay una desigualdad de partida, y que se extiende a lo largo de todo el proceso educativo, que consiste en que los catalanohablantes se educan en su lengua, mientras que los hispanohablantes se educan en otra lengua distinta de la materna. Al acabar la educación básica, la diferencia de resultados en cualquier materia, incluida la lengua, puede suponerse debida a las condiciones intelectuales y de dedicación al estudio de cada examinando, pero hay una condición extra que ha sido suficientemente probada por los expertos y que suscribe la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): los infantes progresan mejor en el conocimiento de la lengua, así como en el del resto de sus materias, si son instruidos en su lengua materna.

¿La responsabilidad de que los alumnos reciban la adecuada formación en español es de los centros? ¿Bajo qué instancias de control? Las familias cuyos hijos no alcancen el objetivo que se propone el modelo lingüístico adoptado, ¿deberán demandar al centro educativo ante los tribunales?

¿Se trata de aprender el español, pero no en español? Es decir, ¿seguirán siendo las cosas como hasta ahora? En Cataluña, ¿podemos contar con que la lengua de la escuela seguirá siendo el catalán y que los alumnos de habla española seguirán sintiéndose invasores, personas de lengua impropia que deben renunciar a ella para poder ser contados entre los elegidos?

El castellano tendrá presencia en todas las aulas y centros del territorio nacional con lengua cooficial. La enseñanza de la Lengua y Literatura Española seguirá haciéndose en castellano. A parte de otras materias que, en contextos bilingües, van combinando castellano y lengua cooficial con absoluta normalidad en las aulas. Esto es lo que la derecha no quiere ni le interesa ver, escandalizándose pero sin exigir medidas de compensación que sean efectivas y reales.

Podemos ofrecerles pruebas testimoniales de que, en Cataluña, hay centros donde el español se enseña en catalán. No hay ninguna materia que se enseñe utilizando las dos lenguas a la vez (cosa que, por otra parte, es probable que fuera inadecuada desde el punto de vista pedagógico). Si en alguna escuela ocurre tal cosa, se debe a debilidad del profesorado que no atiende a las instrucciones que recibe de la Administración y cede a la presión del alumnado, cuando éste es mayoritariamente de habla española.

¿Qué garantías tendrán las familias hispanohablantes de que sus hijos van a recibir la primera educación en su lengua materna?

El debate sobre la vehicularidad es ideológico y no puede solaparse al debate de lo principal: el de la competencia lingüística plena en contextos plurilingües. Este Gobierno jamás será advertido por el Consejo de Europa como ha pasado con el gobierno del PP en Galicia por incumplir la Carta Europea de Lenguas Minoritarias en diciembre de 2019 ante la desprotección de la lengua gallega.

Es decir, lo más importante es que el alumnado termine sus estudios dominando plenamente las dos lenguas. Si la lengua cooficial es la única lengua vehicular (así figura, por ejemplo, en Cataluña, en la vigente LEC), acabarán todos dominándola, pero no el español en su registro culto. Los hispanohablantes sí lo dominarán coloquialmente porque lo traen adquirido de casa; los otros, ni eso.

Lo que importa, a nuestro parecer, no es sólo la competencia en español sino el derecho de los padres a elegir la lengua en que sus hijos deben ser escolarizados. Y no (o no sólo) como un ejercicio de libertad, sino porque es un hecho que la formación es mejor cuando se produce en la lengua materna. Y, después de todo, si no fuera así, ¿por qué debería respetarse el que los niños hablantes de catalán, gallego, valenciano o vasco se educaran en su lengua materna? Si la respuesta es por favorecer la cohesión social, ¿por qué no deberíamos favorecer la cohesión nacional española, o en cada comunidad con cooficialidad lingüística, educando en la lengua mayoritaria que, casualmente es también el español?

Ideológico significa político, si la Ley de Educación debe carecer de orientación política, ¿para qué tratan de cambiarla? Es más, ¿para qué nos sirven los partidos políticos?

Por cierto, el Consejo de Europa, en 2008, en su Informe sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España, dice en su punto 218: “La Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán, si sus padres así lo
tenido en cuenta esta recomendación”.

La LOMLOE recoge las recomendaciones del Consejo de Europa (2016) y su marco común europeo sobre las lenguas entendiendo el plurilingüismo: a) como una capacidad de usar y aprender más de un idioma; b) como una habilidad intercultural en adquirir diferentes referentes para desenvolverse y comunicarse y c) como una actitud de tolerancia hacia la aceptación de la diversidad. Nuestra Constitución dice que las lenguas distintas al castellano “serán objeto de especial respeto y protección” (artículo 3.3.) y así ha sido siempre con el PSOE en el Gobierno.

Sí a todo, por supuesto, pero sin menoscabo del español. No hay ningún país europeo, todos ellos muy respetuosos con la diversidad, donde no sea posible estudiar en la lengua nacional en las escuelas.

El derecho a recibir enseñanza en español en las Comunidades autónomas con otras lenguas oficiales no niega la diversidad, sino que la incluye y la refuerza.

Los extremos identitarios que defienden el monolingüismo, sean del signo que sean, quedan fuera del marco acordado que es robusto y consensuado. El castellano es hablado por 580 millones de personas en el mundo y su aprendizaje no solo constituye un derecho como españoles sino una gran oportunidad ya que tiene una presencia y patrimonio incuestionable que aún se enriquece más conviviendo con las lenguas cooficiales.

De nuevo se yerra acerca del núcleo del problema: no se trata de recibir enseñanza de español, sino de recibir la enseñanza en español. No se trata de defender el monolingüismo, sino el bilingüismo o el plurilingüismo. ¿De qué modo podemos generar o fomentar una sociedad plurilingüe si, en las CCAA con cooficialidad lingüística se enseña solo y exclusivamente en la cooficial, con la salvedad de algún centro en los que se dan algunas asignaturas en inglés?

Las fuerzas políticas de derecha deben dejar de polarizar y de convertir las lenguas en la escuela en una guerra cultural. Confronta a familias, alumnado, profesorado y territorios a una controversia más ideológica que pedagógica. Asumir los criterios de plurilingüismo del Consejo de Europa y su tolerancia por la diversidad sería una opción centrada y deseable para una derecha democrática.

Se muestra el sesgo político (¿ideológico?) y la intención “didáctica” de la autora: ¿puede demostrar con hechos que la derecha no asume los criterios del plurilingüismo del Consejo de Europa y que es contraria a la diversidad? Resulta ridículo que se pongan a dar consejos a la derecha democrática (por cierto, ¿hay alguna en este país que no lo sea?).

¿Por qué sólo se habla de la derecha y no de las numerosas asociaciones sin carácter partidista que, en las comunidades con más de una lengua oficial y en toda España luchan por defender el derecho de los padres a que sus hijos sean educados en su lengua materna y para que el español no sea borrado de la vida de las comunidades?

Este artículo, oculta torticeramente el núcleo del problema y lo desvía hacia el conocimiento de las lenguas. Con ello se puede presumir de que el español seguirá presente en las aulas, sin que cambie para nada la situación de discriminación que padecen las familias en las comunidades con dos lenguas oficiales. En todas ellas, sin excepción, incluida Galicia. Es decir, una muestra más de la “política de fachada” que viene siendo habitual en los partidos que se turnan en el poder en España.

Para contribuir a hacer de España una nación integrada, plurilingüe y respetuosa de su diversidad seguramente la mejor opción sería respetar el deseo de las familias y ofrecer libre elección de la lengua de escolarización (con la obligación de alcanzar competencia razonable en la otra lengua oficial de la autonomía). La solución es extremadamente sencilla, pero requiere ideas claras y voluntad firme para vencer el escollo que representa la oposición de las Comunidades autónomas que hacen de la lengua el estandarte (o el instrumento) de su independencia.

Nada de eso vemos en este artículo que, muy al contrario, enmaraña el problema, desvía la atención y, acusando a los otros de polarizar, polariza. Una pena, otra oportunidad perdida.

Eduardo López Dóriga,

Presidente de Asociación por la Tolerancia».

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