Casado llama a salir a la calle “contra Sánchez por su alta traición a España”

Lasvocesdelpueblo
MADRID (ESPAÑA), 06.02.2019. Durante una entrevista hoy, 6 de febrero de 2019, el líder del PP, Pablo Casado, no ha descartado este miércoles utilizar cualquier tipo de mecanismo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que considera su «alta traición a España» al admitir un diálogo con los independentistas catalanas en una mesa y con presencia de un relator. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Después de que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez (PSOE) haya aceptado de facto la independencia de Cataluña —proclamada el pasado 27 de octubre de 2017 en la cámara catalana mediante una Declaración Unilateral de Independencia (DUI)—, admitiendo este martes, 5 de febrero de 2019, la figura de “mediador internacional” que el PSOE y su ejecutivo han denominado con el eufemismo político “Relator internacional”, el líder de la oposición en España, Pablo Casado, ha puesto hoy los gritos en el cielo ante lo que el presidente del PP considera “alta traición a España” desde la presidencia del Reino de España. Casado asegura que “no descarta nada contra el presidente de Gobierno Pedro Sánchez2 por esa traición a la patria española. De momento, Casado ha llamado a la movilización a la calle contra la participación del Gobierno de España en el golpe de Estado en Cataluña. Madrid (España), miércoles 6 de febrero de 2019. FOTOGRAFÍA: MADRID (ESPAÑA), 06.02.2019. Durante una entrevista hoy, 6 de febrero de 2019, el líder del PP, Pablo Casado, no ha descartado este miércoles utilizar cualquier tipo de mecanismo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que considera su «alta traición a España» al admitir un diálogo con los independentistas catalanas en una mesa y con presencia de un relator. Efe

Es la primera vez que el PP, desde su presidencia de Gobierno de calle Génova de la capital de España, llama a salir a la calle contra un “traidor” que es el actual presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Así recoge una entrevista del presidente del PP a Efe este miércoles, 6 de febrero de 2019. 

El líder del PP, Pablo Casado, no ha descartado este miércoles utilizar cualquier tipo de mecanismo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que considera su “alta traición a España” al admitir un diálogo con los independentistas catalanas en una mesa y con presencia de un relator.

En una entrevista con Efe, Casado se ha referido expresamente a llamar a los españoles a movilizaciones en la calle para protestar por esta negociación y, preguntado por la posibilidad de una moción de censura, ha dicho: “No descartamos nada”.

El líder del PP ha calificado a Sánchez de “felón”, ha considerado que está deslegitimado para seguir en el Gobierno debido a esta negociación que considera “el hecho más grave en Democracia desde el 23F”.

La DUI del 27-O

Texto de la declaración unilateral de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre de 2017.

El documento tiene como fecha, el 10 de octubre de 2017, coincidiendo con el pacto entre los partidos del golpe de estado separatista: ERC, Convergencia-PDECA-JxCAT y CUP.

«Parlamento de Cataluña

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUÑA

En el pueblo de Cataluña y todos los pueblos del mundo.

La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Cataluña, son la base de la constitución de la República catalana.

La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Cataluña se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Cataluña. El parlamentarismo ha sido, durante los periodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y ha cristalizado en las Constituciones de Cataluña.

Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.

Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.

El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Cataluña como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.

El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Cataluña y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.

Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Cataluña, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Cataluña ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.

La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Cataluña y la aplicación de facto del estado de excepción.

La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Estado español.

Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.

Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante el conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa la ciudadanía de Cataluña.

A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Cataluña han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.

La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El pueblo de Cataluña es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.

La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euro-mediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.

La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.

En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña,

Constituye la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.

PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.

INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.

MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.

AFIRMAMOS que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.

APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.

INSTAMOS al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.

Los legítimos representantes del pueblo de Cataluña:

Barcelona, 10 de octubre de 2017».

El escrito en dialecto catalán, legua oficial de la llamada república catalana

«Parlament de Catalunya

DECLARACIÓ DELS REPRESENTANTS DE CATALUNYA

Al poble de Catalunya i a tots els pobles del món.

La justícia i els drets humans individuals i col·lectius intrínsecs, fonaments irrenunciables que donen sentit a la legitimitat històrica i a la tradició jurídica i institucional de Catalunya, són la base de la constitució de la República catalana.

La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys d’història. Durant segles, Catalunya s’ha dotat i ha gaudit d’institucions pròpies que han exercit l’autogovern amb plenitud, amb la Generalitat com a màxima expressió dels drets històrics de Catalunya. El parlamentarisme ha estat, durant els períodes de llibertat, la columna sobre la qual s’han sustentat aquestes institucions, s’ha canalitzat a través de les Corts Catalanes i ha cristal·litzat en les Constitucions de Catalunya.

Catalunya restaura avui la seva plena sobirania, perduda i llargament anhelada, després de dècades d’intentar, honestament i lleialment, la convivència institucional amb els pobles de la península ibèrica.

Des de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978, la política catalana ha tingut un paper clau amb una actitud exemplar, lleial i democràtica envers Espanya, i amb un profund sentit d’Estat.

L’Estat espanyol ha respost a aquesta lleialtat amb la denegació del reconeixement de Catalunya com a nació; i ha concedit una autonomia limitada, més administrativa que política i en procés de recentralització; un tractament econòmic profundament injust i una discriminació lingüística i cultural.

L’Estatut d’Autonomia, aprovat pel Parlament i el Congrés, i referendat per la ciutadania catalana, havia de ser el nou marc estable i durador de relació bilateral entre Catalunya i Espanya. Però va ser un acord polític trencat per la sentència del Tribunal Constitucional i que fa emergir noves reclamacions ciutadanes.

Recollint les demandes d’una gran majoria de ciutadans de Catalunya, el Parlament, el Govern i la societat civil han demanat repetidament acordar la celebració d’un referèndum d’autodeterminació.

Davant la constatació que les institucions de l’Estat han rebutjat tota negociació, han violentat el principi de democràcia i autonomia, i han ignorat els mecanismes legals disponibles a la Constitució, la Generalitat de Catalunya ha convocat un referèndum per a l’exercici del dret a l’autodeterminació reconegut en el dret internacional.

L’organització i celebració del referèndum ha comportat la suspensió de l’autogovern de Catalunya i l’aplicació de facto de l’estat d’excepció.

La brutal operació policial de caire i estil militar orquestrada per l’estat espanyol contra ciutadans catalans ha vulnerat, en moltes i repetides ocasions, les seves llibertats civils i polítiques i els principis dels Drets Humans, i ha contravingut els acords internacionals signats i ratificats per l’Estat espanyol.

Milers de persones, entre les quals hi ha centenars de càrrecs electes i institucionals i professionals vinculats al sector de la comunicació, l’administració i la societat civil, han estat investigades, detingudes, querellades, interrogades i amenaçades amb dures penes de presó.

Les institucions espanyoles, que haurien de romandre neutrals, protegir els drets fonamentals i arbitrar davant del conflicte polític, han esdevingut part i instrument d’aquests atacs i han deixat indefensa la ciutadania de Catalunya.

Malgrat la violència i la repressió per intentar impedir la celebració d’un procés democràtic i pacífic, els ciutadans de Catalunya han votat majoritàriament a favor de la constitució de la República catalana.

La constitució de la República catalana es fonamenta en la necessitat de protegir la llibertat, la seguretat i la convivència de tots els ciutadans de Catalunya i d’avançar cap a un Estat de dret i una democràcia de més qualitat, i respon a l’impediment per part de l’estat espanyol de fer efectiu el dret a l’autodeterminació dels pobles.

El poble de Catalunya és amant del dret, i el respecte a la llei és i serà una de les pedres angulars de la República. L’Estat català acatarà i farà complir legalment totes les disposicions que conformen aquesta declaració i garanteix que la seguretat jurídica i el manteniment dels acords subscrits formarà part de l’esperit fundacional de la República catalana.

La constitució de la República és una mà estesa al diàleg. Fent honor a la tradició catalana del pacte, mantenim el nostre compromís amb l’acord com a forma de resoldre els conflictes polítics. Alhora, reafirmem la nostra fraternitat i solidaritat amb la resta de pobles del món i, en especial, amb aquells amb qui compartim llengua i cultura i la regió euromediterrània en defensa de les llibertats individuals i col·lectives.

La República catalana és una oportunitat per corregir els actuals dèficits democràtics i socials i bastir una societat més pròspera, més justa, més segura, més sostenible i més solidària.

En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya,

CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social.

DISPOSEM l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

INICIEM el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant.

AFIRMEM la voluntat d’obrir negociacions amb l’estat espanyol, sense condicionants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració en benefici de les dues parts. Les negociacions hauran de ser, necessàriament, en peu d’igualtat.

POSEM EN CONEIXEMENT de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea la constitució de la República catalana i la proposta de negociacions amb l’estat espanyol.

INSTEM a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.

MANIFESTEM la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci els drets socials i democràtics de la ciutadania, així com el compromís de continuar aplicant, sense solució de continuïtat i de manera unilateral, les normes de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i les de l’ordenament de l’estat espanyol i de l’autonòmic català que transposen aquesta normativa.

FIRMEM que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se tan ràpidament com sigui possible a la comunitat internacional. El nou Estat es compromet a respectar les obligacions internacionals que s’apliquen actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats internacionals dels quals és part el Regne d’Espanya.

APEL·LEM als Estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la República catalana com Estat independent i sobirà.

INSTEM al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la plena efectivitat d’aquesta Declaració d’independència i de les previsions de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

FEM una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República catalana a fernos dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un Estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives.

Els legítims representants del poble de Catalunya:

Barcelona, 10 d’octubre de 2017».

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