Efe. Barcelona (España), viernes 9 de julio de 2021. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de seguridad nacional si, como a juicio del PP ocurre con el anteproyecto, da «poderes absolutos» al Gobierno o permite una «mili civil» cuando el Ejecutivo quiera.
Casado ha anunciado este recurso en las Jornadas de Verano 2021 «Superar la decadencia, reconstruir Cataluña» organizadas por Sociedad Civil Catalana, en las que ha participado de forma telemática.
Para el líder de la oposición, el anteproyecto de la ley de seguridad nacional es «una auténtica locura» y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «aprovechar la pandemia par avanzar con su agenda de ruptura legal y social».
Según el PP, la ley plantea «una especie de mili civil obligatoria de Sánchez» para movilizar a la población cuando le dé «la gana» y expropiar «bienes y servicios si el Gobierno lo estima oportuno». A juicio del PP, esta norma va en contra de las potestades que tiene un Gobierno para limitar las libertades y la propiedad privada.
También ha denunciado el líder de la oposición que el Gobierno «no ha estado a la altura» de la crisis sanitaria. Que España sea junto con Portugal el único país en rojo y naranja en Europa es, denuncia Casado, fruto de «una mala planificación sanitaria» y un «uso propagandístico de la salud», que perjudica a la economía y el turismo.
Y ha acusado al Gobierno de levantar la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre pese a ser, ha afirmado, una medida «no recomendada» porque «esa semana aprobaban los indultos y les venía muy bien».
El líder del PP pide de nuevo una ley de pandemias porque las autonomías no saben si pueden confinar a los enfermos o limitar la movilidad de sus contactos como demuestra lo ocurrido en el macrobrote de Baleares.
También ha reeditado Casado sus críticas al Gobierno de Sánchez, pero también a la patronal o a la Iglesia, por los indultos a los condenados por el procés. Argumenta que la Iglesia debe proteger a los «desfavorecidos» que en este caso es la mayoría de españoles y la «mayoría constitucionalista» de Cataluña, incluida la que decidió no votar.
Y ha denunciado la «gravedad» de que el Gobierno pudiese no recurrir el «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT) del Gobierno de la Generalidad de Cataluña para avalar a los encausados por el Tribunal de Cuentas y que, por permanecer en el poder, Sánchez pretenda que los contribuyentes paguen la corrupción del independentismo.
