Redacción.- Barcelona (España), sábado 18 de junio de 2022. Caso Oltra. La gente difunde masivamente, a través de la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, propiedad de Meta (Facebook), «WhatsApp Messenger», un ‘meme’ de la todavía vicepresidente, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno del botánico de la Generalidad Valenciana por el partido separatista valenciano Compromís, Mónica Oltra Jarque, después de que el pasado jueves, 16 de junio de 2022, La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se declaró competente para instruir la causa contra Oltra y otros trece investigados tras la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y la citó a declarar en calidad de investigada el próximo miércoles, 6 de julio de 2022, por la gestión del caso de abusos sexuales de su delincuente marido -condenado a prisión- a una menor tutelada por la Consejería de ella.
VÍDEO. Mónica Oltra a Camps «2 de octubre de 2009» durante el Gürtel: «El día que me vea como usted, imputada, me iré a casa»
La imagen que el diario digital Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo) ha tenido acceso este sábado, 18 de junio, muestra a la todavía vicepresidente, portavoz del Gobierno tripartito del ‘Botánico’ entre PSOE, Podemos e Izquierda Unida (Unidas Podemos) y los separatistas de Compromís -formación que lidera la imputada Oltra, agarrando fuerte a una menor en llanto y tapando su boca para que no lance más gritos de socorro.
Oltra que exigía cada día la dimisión del expresidente de la Comunidad Valenciana y expresidente del PP en esta Comunidad autónoma, Francisco Enrique Camps Ortiz (Francisco Camps), antes de que ni siquiera fuera imputado por el caso Gürtel del PP, ha dicho que ella no piensa dimitir porque, a su juicio, encubrir los abusos sexuales de su delincuente marido es hacer política y transparencia dado que el caso Oltra es un caso político. «Sí. Desde la política y la moralidad. Yo, desde luego, el día que me vea como usted, imputada, vilipendiada, pillada en todas las mentiras y me siento la idiota de toda España, apareciendo más en las viñetas de los humoristas que en las noticias ese día sí que me iré a casa», dijo al presidente de la Generalidad Valenciana.
Asimismo, ha defendido que ella es una víctima de la persecución judicial de VOX que preside Santiago Abascal Conde: «Es una cacería de VOX y esa gente (VOX) no puede ganar», defendió Oltra durante una rueda de prensa ayer, viernes en la sede del Gobierno de la Generalidad Valenciana, donde hacía aún de portavoz del Gobierno socialseparatista, que presidente un líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Joaquín Francisco Puig Ferrer (Ximo Puig), que ya ha recibido el aviso de los separatistas de Compromís si intente cesar de sus cargos a la líder separatista sin llegar a un acuerdo con Podemos, Izquierda unida y Compromís.
De modo que Joaquín Francisco Puig Ferrer (Ximo Puig) no sabe qué hacer y barraya sobrevivir entre la soberbia y prepotencia o convocar elecciones anticipada y tener que contemplar la irrupción de VOX en la Generalidad Valencian, sumando mayoría absoluta con el PP.
A los secesionistas de Compromís no les queda más opciones que aguantar la imputación y el juicio porque una dimisión o cese de su líder por encubrimiento de los abusos sexuales de su delincuente marido a vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de 2023 tendrá un precio muy caro en las urnas. Así que han decidido aguantar hasta pasado mayo 2023 para que Oltra dimitiera de todos sus cargos institucionales y de los del partido.
En rueda de prensa ayer viernes, la imputada vicepresidente ha admitido que haber sido citada a declarar como investigada el 6 de julio «bonito no es», aunque supone la «primera oportunidad» de acudir al tribunal a decir «la verdad» y explicar «lo mismo básicamente» que en su comparecencia ante Las Cortes Valencianas del 21 de abril de 2021.
Oltra asegurado que nadie del Consejo del Gobierno le ha sugerido que dimita, que tiene el apoyo de todos los consejeros, y que no ha hablado de su imputación con el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, porque ya ha dado «todas las explicaciones» en el Parlamento valenciano y el presidente «sabe perfectamente lo que hay».
Preguntada sobre si Puig estaría legitimado para destituirla, ha afirmado que no le va a «añadir presión», y respecto a si se ve capacitada en su situación a hacer de portavoz cada semana del Gobierno valenciano ha respondido: «¿Es obvio, no? Lo estoy haciendo».
Sobre si es soportable la presión que este caso le supone a ella y al ejecutivo autonómico, ha insistido en que esto es «una cacería de VOX», que no tiene «nada que ver con hacer justicia» y «esta gente no puede ganar», por lo que «la presión se aguanta, pues si no se dedica uno a otra cosa».
Ha aseverado que le presiona más hacer bien su trabajo, y que no se plantea si vale la pena la presión a nivel personal, ya que «esto es una cuestión política, no es personal» y además en la vida, cuando se tienen convicciones, hay que «saber aguantar las presiones, e incluso los ánimos personales».
LA JUSTICIA VE INDICIOS PLURALES DE EXISTENCIA DE CONCIERTO ENTRE OLTRA Y FUNCIONARIOS PARA ENCUBRIR LOS ABUSOS SEXUALES DE SU DELINCUENTE MARIDO
El Tribunal aprecia «una serie de indicios plurales» que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto» entre Oltra y diversos funcionarios para «proteger a su entonces marido o bien proteger la carrera política de la aforada».
Según un auto con fecha de este mismo jueves, se considera que puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Conselleria, «considerados en abstracto y de una forma aislada, no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares».
No obstante, cree que si se valoran en su conjunto, «poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad», hace pensar que han sido elaborados «con un propósito muy concreto» y «de una muy dudosa legalidad», como sería «beneficiar la situación procesal del -entonces- marido del Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Consejería de Igualdad».
Reconoce que es cierto que «no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada«, pero cree que sí que concurren unos «indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, tanto por la persona a quien directamente beneficiarían como por la propia relación que presentan con la evolución del proceso penal que trataron de obstaculizar«.
Y afirma que «es pacíficamente admitido por nuestra jurisprudencia, tanto de nuestro Tribunal Supremo como de nuestro Tribunal Constitucional, que esta modalidad de prueba es perfectamente admisible para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona».
A esto se debe añadir, según el tribunal, las declaraciones publicas efectuadas por Oltra, tanto en el seno de Las Cortes Valencianas como ante los medios de comunicación, en las que se atribuye la orden de la incoación del expediente reservado, de las que, según dice, puede que ahora se trate de desvincular, «pero no por ello deja de ser un elemento a considerar».
También estima «increíble» que se enteraran de los abusos y de la posible imputación de quien resultó ser el marido de Oltra por la prensa, cuando la propia vicepresidente dijo que «por un afán de transparencia, al inicio de su mandato comunicó en la Consejería, tanto oralmente como por escrito, su relación» con esta persona y su trabajo como educador.
Para el tribunal, esto «hace sospechar igualmente que en contra de lo afirmado conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía».
La Sala de lo Civil y Penal reconoce que la sentencia que condena al exmarido de Oltra «pende actualmente de un recurso de casación» ante el Tribunal Supremo, pero cree que eso no le «impedirá entrar a valorar los delitos imputados por el Ministerio Fiscal, ya que en definitiva se refiere sencillamente a impedir una investigación y a no dar a la menor la debida protección que su particular posición les imponía».
En este sentido, entiende que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, «con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario».
