Caso «Operación Cataluña»| La Justicia salva a España de otra humillación de Rajoy (PP) deteniendo la comisión rogatoria de Andorra

.La justicia andorrana investiga una querella que acusa a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz de «coacciones para obtener información bancaria» de los delincuentes separatistas: el expresidente del régimen amarillo, Artur Mas Gavarró, el preso indultado Oriol Junqueras Vies o la Organización criminal «Familia Pujol Ferrusola» en los inicios del Procés

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), OCTUBRE DE 2022. El expresidente del Partido Popular (PP) y del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, participa en un acto en la Casa de América en Madrid. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), jueves 17 de noviembre de 2022. La Audiencia de Madrid da ahora la razón al expresidente del gobierno español Mariano Rajoy y congela la comisión rogatoria que emitió Andorra por la llamada «Operación Cataluña» (espionaje al Procés) —concretamente,la «Operación Cataluña» es un acto de cobardía perpetrado por un Gobierno de España cobarde del Partido Popular (PP), que incluso acabó humillando al pueblo español evitando actuar directamente (usando ley y Constitución). Asimismo, las tropas de Mariano Rajoy Brey optaron por una supuesta «conspiración policial» impulsada supuestamente por el propio Gobierno del Reino de España que tuvo por objetivo «frenar» el proceso de separación de Cataluña del resto de España (el Procés). La supuesta trama supuso «pruebas falsas, manipulación de datos, informes irregulares, agentes secretos, filtraciones interesadas en la prensa, amenazas para obtener información confidencial»—.

La Justicia ha anulado la decisión del mes pasado en la que avalaba que el Principado pudiera investigar al expresidente del gobierno del Reino de España y del PP, Mariano Rajoy Brey, ya los antiguos ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por supuestamente haber «extorsionado a banqueros andorranos para obtener datos bancarios» de líderes separatistas en Cataluña con el fin de lanzar una campaña sucia contra el golpismo en vez de actuar con los mecanismos legales del estado de derecho.

En el auto, los magistrados de la Sección Segunda estiman el recurso de queja de Rajoy y ordenan al juzgado competente que «se les considere personados en el procedimiento», según informa TV3.

Por eso, se solicita que el juzgado «admita los recursos que pedían no tramitar la comisión rogatoria de Andorra».

Una comisión rogatoria es una forma de cooperación judicial internacional en la que una autoridad judicial de un Estado pide a una autoridad de otro Estado que lleve a cabo una diligencia dentro de su jurisdicción.

Los magistrados detallan que el mes pasado dieron por sentado que la comisión rogatoria se había enviado a Andorra, basándose en una diligencia del juzgado de instrucción número 32 de Madrid que decía que se había «devuelto a las autoridades judiciales» del Principado. Pero en realidad no era así.

El auto, informa TV3, especifica que «desconocen cuál es el estado actual de la comisión rogatoria, aparte de que ya se ha devuelto a Andorra y que el 20 de octubre todavía estaba en el Ministerio de Justicia porque ese día la sala contencioso-administrativa suspendió’ n la devolución».

Por tanto, la Audiencia sostiene que «debe declarar nula la decisión de octubre y llevar las actuaciones al momento anterior». «No hacerlo perjudicaría el derecho de los recurrentes a un proceso con todas las garantías».

Investigación en el Principado

La justicia andorrana investiga una querella que acusa a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz de «coacciones para obtener información bancaria» de los delincuentes separatistas: el expresidente del régimen amarillo, Artur Mas Gavarró, el preso indultado Oriol Junqueras Vies o la Organización criminal «Familia Pujol Ferrusola» en los inicios del Procés.

El Principado investiga a Rajoy y a los dos exministros por los supuestos «delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documentación falsa en relación a los intentos de conocer a través de vías ilegales información bancaria secreta.

Concretamente, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con supuestas extorsiones, coacciones y chantajes desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA).

Las defensas de Rajoy, Montoro y Fernández Díaz alegan que se les vulneraron los derechos porque el juzgado de instrucción 32 de Madrid, al tramitar la comisión rogatoria, no hizo el «previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional».

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