Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Palma (España), viernes 8 de abril de 2022. La juez de Instrucción número 6 de Palma ha dictado auto para procesar por sedición a 21 inmigrantes ilegales detenidos tras el aterrizaje forzoso de un avión de Air Arabia en el aeropuerto de Palma el pasado 5 de noviembre, por una supuesta emergencia sanitaria, relacionada con una crisis diabética.
La magistrada señala en un auto que los imputados deberán responder por dos delitos distintos de sedición y suma a esta causa a otros dos investigados por favorecimiento de la inmigración irregular, dado que ayudaron en Mallorca a los marroquíes que se fugaron de este vuelo que cubría la ruta Casablanca-Estambul.
La juez aprecia los delitos de coacciones y sedición para 19 de los inmigrantes ilegales marroquíes que desde noviembre permanecen en prisión provisional por haberse fugado de la «patera aérea» en Palma, como entonces denominó la Policía Nacional a ese vuelo.
En el auto de procesamiento, la juez concluye que la enfermedad fue provocada por el mismo inmigrante que forzó el aterrizaje forzoso de la aeronave y recoge que no hay pruebas de que los «presuntos médicos a bordo» que alertaron de la crisis diabética del pasajero realmente lo fueran.
Considera que existen indicios que permiten considerar que la fuga aérea en Palma fue un plan preconcebido, consistente en simular y provocar una supuesta enfermedad grave de un pasajero, aprovechando este hecho el resto de personas que participaron en la huida para emprender la huida e infringir las normas españolas sobre entrada de personas en España.
La juez hace referencia al comportamiento de los pasajeros, que huyeron de manera inmediata tras la marcha del equipo de emergencia en una huida que «carece de sentido si no se relaciona con un plan previo puesto que el avión tenía destino Estambul».
También apunta al escaso equipaje que tenían los que huyeron, la ausencia de acreditación de la contratación de un billete de vuelta, el escaso dinero que portaban encima algunos de los investigados, según quedó constatado cuando se les tomó declaración, y la existencia del grupo de Facebook denominado «Brooklyn«, donde se detallaba como provocar el aterrizaje forzoso.
La magistrada también hace referencia a la huida del hospital del acompañante del pasajero supuestamente enfermo y que cuatro de los investigados declararan que su deseo coincidente de viajar a Turquía se relacionaba con su intención de emigrar a otro país desde allí.
Destaca que los pasajeros fugados que no fueron detenidos de manera inmediata, supieron dónde y a quién acudir de manera relativamente sencilla y en poco tiempo, pese a no haber estado nunca en Mallorca.
La juez sostiene que los hechos «fueron planificados» y que se trataba de un grupo «medianamente organizado» a partir de varias conversaciones en una red de la red social Facebook. «No nos encontramos ante una situación de simple entrada ilegal en España, nos encontramos ante el plus que exige la jurisprudencia en relación al delito de sedición», apunta.
El otro elemento clave para que la magistrada concluya que hay indicios de ese delito está en la violencia que ejercieron para salir del avión y la situación del peligro que crearon para el resto de pasajeros del aeropuerto al correr por las pistas.
También valora la gravedad de lo ocurrido con el cierre de las pistas. Detalla que hubo 81 vuelos afectados «por la revuelta»: 14 fueron desviados de Palma a otros aeropuertos 48 se retrasaron y 19 de cancelaron.
El auto incluye un delito de coacciones por el perjuicio hacia el resto de pasajeros y el delito especial de sedición que recoge la legislación aeronáutica por desobedecer al capitán.
Para la juez de este caso, los pasajeros investigados tenían una finalidad «clara», que era «infringir la ley de extranjería, entrar en España de manera irregular, lo que supone una infracción de unas leyes que pretenden proteger el interés del Estado en el control de los flujos migratorios, lo que no deja de ser un interés colectivo estatal».
Además, incide en que esta finalidad «inevitablemente» afectó el orden público y en que era «impensable que no fueran conscientes de las graves consecuencias que para el orden público podía acarrear su comportamiento, puesto que todos ellos huyeron y corrieron por las pistas del aeropuerto de Palma».
