Castro pide al Gobierno prohibir el «Ospa Eguna» de grupos filoetarras contra Guardia Civil y Policía en Alsasua (Navarra) 

.La Vicesecretaría Jurídica Nacional de VOX fundamenta en su escrito que la finalidad de este acto de filoetarras en Alsasua es constitutiva de un «delito de enaltecimiento del terrorismo y delito de odio»

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 16.06.2022. Marta Castro Fuentes, la jefa de la Secretaría Jurídica de VOX, durante la valoración de la imputación de la vicepresidente, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno del botánico de la Generalidad Valenciana por el partido separatista valenciano Compromís, Mónica Oltra Jarque, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Madrid (España), sábado 27 de agosto de 2022. VOX ha enviado un escrito a la Delegación del Gobierno en Pamplona en el que solicita la suspensión del acto conocido como «Ospa Eguna» en Alsasua (Navarra), que está programado para el próximo sábado, 3 de septiembre de 2022, y cuyo objetivo es mostrar «rechazo a la Policía, a la Guardia Civil, a su presencia», y por lo tanto al cumplimiento encomendado por las normas del Estado: velar por la ley.

La Vicesecretaría Jurídica Nacional de VOX, bajo la dirección de Marta Castro Fuentes, advierte de que este mensaje, además de rechazar la presencia de la Guardia Civil y Policía Nacional, «difunde la idea de que sus integrantes no son dignos de respeto y autoridad, y de forma absolutamente falsa propaga que son los causantes de una ‘represión a los trabajadores’ para crear en el imaginario de sus seguidores la maldad de los integrantes de estos cuerpos y conseguir con ello difundir el rechazo de los mismos».

Además, fundamenta Castro en su escrito que la finalidad de este acto es constitutiva de «un delito de enaltecimiento del terrorismo», de acuerdo con el artículo 578 del Código Penal (CP), y de «un delito de odio», artículo 510 del C.P.

El acto, recuerda la vicesecretaría jurídica de la formación que preside Santiago Abascal Conde, «debe ser suspendido por la Subdelegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas; las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición, y prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».

Además, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas «velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores».

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