Redacción.- Madrid (España), viernes 26 de agosto de 2022. El Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como «Ley del sólo sí es sí», impulsado por el Ministerio de Igualdad que dirige la dirigente de la ultraizquierda Podemos, Irene Montero Gil, ha sido aprobado definitivamente en el Congreso de los diputados ayer, jueves 25 de agosto.
Una ley que, al margen de los puntos más polémicos, como la necesidad del consentimiento constante por parte de una mujer, esconde una serie puntos que sólo ha denunciado el Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados.
El presidente de VOX, Santiago Abascal Conde, advertía hasta minutos antes de la votación de que se trata de una ley «ideológica y sectaria, que busca ahondar más el enfrentamiento entre hombres y mujeres, y que no va a salvar a ninguna mujer».
Y es que la norma, bajo la falsa excusa de proteger a las mujeres de las agresiones sexuales, cada vez más frecuentes en España, impone obligaciones a todos los sectores sociales, lo que servirá, a partir de su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como coartada para poder supervisar desde el Consejo de Ministros a la población española.
Montero pone la ley al servicio del movimiento feminista desde los principios rectores porque en el diseño, aplicación y evaluación de los servicios y las políticas públicas previstas en esta ley orgánica, se garantiza la participación de las asociaciones y organizaciones del movimiento feminista.
Una medida absolutamente ideológica, como denuncia Abascal.
ATAQUE BRUTAL
El Ministerio de Igualdad ha establecido, y el consenso progre lo ha apoyado, «la integración de contenidos sobre educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado», además, «en todos los niveles educativos». Y siempre bajo la amenaza de inspección, que «velarán por el cumplimiento y la aplicación».
Lo que constituye una imposición totalitaria de tales contenidos educativos, en un ataque brutal al derecho de los padres a que la educación de sus hijos se desarrolle con respeto a sus propias convicciones.
Pero la ley va más allá, según el artículo 31, se exigirá el cumplimiento de formación -en relación con la violencia sexual- la acreditación de centros y títulos universitarios.
Con esto, aparte de profundizarse en el ataque a la libertad y calidad de la enseñanza, abre la puerta el ministerio ideológico de Montero a la creación de más «chiringuitos feministas».
Por otro lado, según el Capítulo I, no serán los jueces quienes determinen si se ha producido o no violencia sexual, sino que entra en vigor la posibilidad de que las situaciones de violencias sexuales se puedan acreditar mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; o por cualquier otro título. Y en el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios.
INCENTIVO PERVERSO
Tampoco han tenido en cuenta los diputados, salvo «Los 52 de VOX», que la ley contempla que las comunidades autónomas reciban fondos para hacer efectivo el derecho a la reparación de las víctimas.
Ello puede generar una especie de «incentivo perverso», puesto que a más víctimas, más dinero, cabe la posibilidad de que se vicie el sistema de detección e información de casos, máxime cuando los jueces quedan al margen de la acreditación de las agresiones sexuales.
REGULACIÓN MASIVA DE INMIGRANTES
La Ley ideológica de Montero se aprovecha también para hacer efectiva una de sus banderas: la regularización masiva de ilegales.
En este caso, la ley estable que si al denunciarse una situación de violencia de género o sexual contra una mujer extranjera se manifestara su situación irregular, no se incoará el expediente administrativo sancionador, y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado o incluso se anulará la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución. Es decir, abre la puerta a utilizar denuncias falsas para regularizar inmigrantes ilegales. De nuevo, la Justicia queda apartada.
Los tentáculos de esta ley alcanzan también a las empresas, pues las que adecúen su estructura y normas de funcionamiento a esta norma obtendrán el distintivo de «Empresas por una sociedad libre de violencia de género».
Una nueva forma de inspección y otra posibilidad de abrir un «chiringuito», porque a lo que no responde la ley es quién determina que una empresa es merecedora de semejante medalla.
No se libran las empresas del sector publicitario, cuyos empleados, establece la ministra de la ultraizquierda Podemos, deberán recibir formación en materia de violencia sexual.
Es otra imposición arbitraria e injusta, que también permitirá que los chiringuitos feministas hagan caja.
