Redacción.- Madrid (España), miércoles 14 de septiembre de 2022. Los servicios jurídicos de la tercera fuerza política española, Vox que preside Santiago Abascal Conde, han continuado este miércoles con la segunda parte del Juicio del Procés, como acusación popular en la causa especial contra los golpes de estado perpetrados por el régimen amarillo y entidades secesionistas en la Comunidad autónoma de Cataluña el año 2017.
VÍDEO. MADRID, 14.09.2022.
«El proceso no ha terminado». «Ahora estamos con los fugados». Estas han sido las primeras afirmaciones de la jefa de la vicesecretaria jurídica nacional de VOX, Marta Castro Fuentes, tras asistir a los interrogatorios del magistrado instructor de la causa Procés, Pablo Llarena Conde, a Anna Gabriel Sabaté —la golpista prófuga de la Justicia española y exlíder de la izquierda radical secesionista CUP durante los golpes de estado secesionistas en Cataluña en 2017, quien, finalmente, se entregó voluntariamente al Tribunal Supremo—.
Castro ha garantizado que los de Abascal van a perseguir al separatismo y golpistas por todos los lados: «Sea aquí en el Tribunal Supremo o sea en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en donde posiblemente, por competencia territorial, acabe su enjuiciamiento, desde luego, VOX estará, tal y como estuvo en el principio, como estuvo en el momento de la sentencia y como ha continuado desde entonces» porque allí en el TSJC «mantendremos también nuestra acusación (popular)», ha advertido la jefa de los servicios jurídicos de VOX, junto al secretario general de la formación verde este mediodía.
VOX TAMBIÉN LO VOLVERÁ A HACER (VOX TAMBÉ HO TORNARÁ A FER)
El secretario general de VOX y miembro de la Acusación Popular, Francisco Javier Ortega Smith Molina, ha iniciado su intervención con una advertencia al separatismo y golgistas indultados parciamente y prófugos, que que los verdes están preparados para volver a actuar ante los tribunales contra los golpistas.
«Recordarán ustedes que allá por los años en los que VOX comenzó la Acusación Popular contra el golpe de estado» del régimen amarillo «contra España en Cataluña, terminamos aquí» en el Tribunal Supremo «el Juicio respondiendo a los golpistas con aquello de que ‘Nosaltres també ho tornarem a fer'» —nosotros también volveremos a hacerlo, volveremos a reivindicar el Estado de Derecho, el respeto a la legalidad y que, por supuesto, (…) a los fugados perseguíamos, manteníamos y continuábamos con nuestras acciones judiciales para lograr sentarlos en los banquillos; uno tras otro irá pasando por el banquillo de la Justicia, que es lo mismo que decir, rendir cuentas ante el Estado de Derecho, ante la Legalidad y ante la democracia»—. Así ha manifestado Ortega Smith.
El también portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso de los Diputados ha considerado que la comparecencia de la fugada Sabaté hoy ante la Justicia «es el primer paso» porque «pronto tendremos aquí al fugado cabecilla del golpe de estado, Carles Puigdemont Casamajò» —que es el quien fue el presidente de régimen hispanófobo hasta el 27 de octubre de 2017, un presidente de la derecha separatista JxCat hasta hasta 2022 y actual presidente del «Consejero del Estado de la República Catalana» (Consell de la República Catalana), chiringuito secesionista que Puigdemont preside desde la llamada «Casa de la República Catalana» en Waterloo (Bélgica)— «y al resto de sus cómplices».
«Se les están acabando las artimañas: eso de que Europa iba a proteger el ‘Derecho a Decidir’ (el golpe de estado), sí (…) protegen a los delincuentes o no deben hacer», dijo.
Añadió que: «Lo que tienen que tener seguro los españoles es que VOX es la tercera fuerza política y va a luchar, va a seguir luchando también desde los tribunales como comenzamos desde hace muchos años desde las instituciones —Congreso de los Diputados y Senado— y pronto desde el Gobierno de España para que todo aquel que pisotee las instituciones, la Constitución Española y todo aquel Gobierno, como el actual Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en absoluta rebeldía, pretenda dar un golpe de estado, va a tener al frente el peso de la Ley, el peso de las instituciones y el peso gubernamental (del Gobierno de VOX en la Moncloa)».
Sobre las declaraciones de la golpista Anna Gabriel Sabaté ante el juez instructor, la Acusación Popular asegura: «¿Ha mentido; en mi opinión no ha dicho la verdad porque cómo se puede negar que tenía perfecto…, al igual que creo todos los españoles, de que había una resolución del Tribunal Constitucional prohibiendo la continuación en el Parlamento de la Comunidad autónoma de Cataluña de un proceso de secesión contra España?».
«¿Cómo puede decir que no tenía perfecto conocimiento cuando era público y notorio en todos los medios de comunicación? ¿Cómo puede decir una diputada que, además, actuaba de portavoz del Grupo Parlamentario (de CUP), quien había firmado la presentación de esas leyes de convocatoria de referéndum ilegal secesionista cuando la propia Mesa del Parlamento de Cataluña, que es el órgano de dirección del propio Parlamento, tenía perfecto conocimiento y fue perfectamente notificado?
«La Mesa, como ustedes saben -y se os dice un diputado nacional- cuando recibe una comunicación que afecta al Parlamento lo pone en comunicación en la Junta de Portavoces en todos y en cada uno de los portavoces», ha explicado. «Por lo tanto, (Anna Gabriel Sabaté) ha mentido».
«Son muy cobardes esos secesionistas. Nosotros dijimos en el Juicio… Se les llenan la boca cuando están en sus manifestaciones tirándole piedras a la Policía o cuando están ante los medios de comunicación se hacen los valientes, pero luego cuando están en el banquillo (de los acusados) tiemblan y mienten con tal de (…): ‘Bueno, yo no sabía nada, yo pasaba por allí». «Hombre, no. Usted firmó las (resoluciones) parlamentarias que luego dieron lugar a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y al golpe de estado»; ha asegurado Ortega Smith.
VOX asegura que le toca, como Acusación Popular, demostrar ante el «Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si finalmente asume la competencia, que Anna Gabriel Sabaté miente y que conocía perfectamente las Resoluciones del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del propio TSJC». «Es cuestión de mirar el diario de sesiones, es cuestión de mirar la prensa de ese día, es cuestión de mirar las notificaciones a todos los órganos del Parlamento de Cataluña y que eran públicas y notorias», ha puntualizado la Acusación Popular en el Juicio del Procés.
Preguntado por el papel del Gobierno socialcomunista de España que preside Pedro Sánchez Pérez Castejón, ha lamentado que «Pedro Sánchez es el amigo de los delincuentes» porque su supervivencia en la silla de presidente de Gobierno debe de los separatistas y bilduetarras. «No es un Gobierno que haga respetar la Ley y las instituciones».
La Acusación Popular lamenta que Sánchez acabará indultando también a los corruptos de su propio partido en Andalucía, los condenado altos cargos del PSOE por los falsos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
«A pedro Sánchez y a sus amigos-enemigos de la Nación, les queda muy poco tiempo; muy pocos meses; VOX entrará en el Gobierno de España y una de las cosas que vamos a hacer es reforzar el Código Penal y reforzar, a pesar de que al Partido Popular (PP) eso no lo entiende, la absoluta independencia de los Tribunales de Justicia y de la Fiscalía General del Estado para que puedan actuar con las manos libres; desde la Abogacía del Estado a la Fiscalía, a los tribunales y puedan hacer cumplir la Ley, por cierto, la Ley que nos obliga a todos empezando por quien habla», sentenció.
«Las cosas tienen que cambiar porque no hay democracia, no hay libertad si desde el propio Gobierno no se hace cumplir la Ley y no se cumple», zanjó la Acusación popular en el Juicio contra el Procés.
EL DELITO DE DESOBEDIENCIA NO COMPORTA LA PENA DE PRISIÓN
La exdiputada de la CUP fue procesada en marzo de 2018 en el marco del procedimiento penal del Tribunal Supremo por el proceso, y fue declarada en rebeldía en julio de 2018.
El juez la investigó por delito de desobediencia, pero no emitió ninguna orden europea o internacional de detención contra ella.
Llarena sí dictó una orden estatal de detención para que fuera puesta a disposición del Supremo y se le pudiera recibir declaración.
El delito de desobediencia que Llarena le imputa no comporta ninguna pena de prisión, sino una multa de hasta 12 meses y una pena de inhabilitación por empleo de cargo público de hasta dos años de duración.
Por este motivo, el pasado 19 de julio –tras dejar sin efecto la declaración de rebeldía- el juez la dejó en libertad y la citó por este miércoles en una comparecencia donde también estarán presentes el resto de partes personadas en el proceso.
Sin embargo, Llarena le obligó a designar un domicilio ya dejar un teléfono para localizarla.
