CATAC pide a funcionarios en Cataluña exigir por escrito órdenes de “dudosa legalidad” del referéndum

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 En la imagen, los portavoces del sindicato catalán Catac-Cst-Iac, Ferran Vericat (i), Cinta Sarroca (c) y el presidente d ela federación de vecinos de Tortosa (d). Archivo ACN

Agencias – La entidad sindical considera que, en parte, los funcionarios catalanes deben comunicar antes de nada sus discrepancias sobre el referéndum del 1 de octubre en Cataluña por escrito a sus jefes de departamento y, si es necesario, a la Fiscalía General del Estado en Cataluña. Barcelona (España), jueves 6 de julio de 2017. Fotografía: En la imagen, los portavoces del sindicato catalán Catac-Cst-Iac, Ferran Vericat (i), Cinta Sarroca (c) y el presidente d ela federación de vecinos de Tortosa (d). Archivo ACN

El sindicato CATAC ha distribuido este miércoles, 5 de julio de 2017, entre sus afiliados un boletín en el que aconseja a los funcionarios de la Generalidad de Cataluña que pidan por escrito órdenes del Gobierno de Cataluña del presidente Carles Puigdemont y vicepresidente Oriol Junqueras que les parezcan de “dudosa legalidad” en el marco del referéndum separatista en Cataluña, según recoge este miércoles la agencia catalana de noticias ACN.

En el texto se repasa la normativa vigente en cuanto a acatamiento de órdenes a la que están sometidos los funcionarios y se detallan algunos escenarios en los que se pueden encontrar en los próximos meses.

En el caso de órdenes de “ilegalidad manifiesta”, el sindicato especifica que, de acuerdo con la normativa, “no se deben cumplir”.

Dado, sin embargo, que “resulta arriesgado decidir por uno mismo” qué orden tiene “ilegalidad manifiesta, mejor”, indica CATAC, sería cumplirla pero pidiendo por escrito y comunicando la discrepancia, también por escrito, primero al superior y, si es necesario, a la Fiscalía.

De este modo, CATAC indica que considerar el orden como “dudosa” resulta “más seguro”, si se sigue el procedimiento indicado, que considerarla “manifiestamente ilegal”.

Esta consideración, añade el sindicato, podría “no ser compartida y tener consecuencias fatales” para el empleado público.

El sindicato catalán (CATAC) también apunta a otro posible escenario en que el funcionario se encontrara ante una orden que constituye un delito.

“Lo más fácil”, explica, es “presentar un escrito a la Fiscalía explicando el caso”, a ser posible “antes de la ejecución de la orden”.

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