Redacción.- Barcelona (España), miércoles 27 de julio de 2022. El Ejecutivo del presidente de Gobierno socialcomunista de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez Pérez Castejón, ha firmado este miércoles, 27 de julio de 2022, en la Presidencia del Gobierno del Reino de España, La Moncloa, en Madrid, la prohibición del idioma español/castellano en la enseñanza primaria, la llamada Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en toda la Comunidad autónoma de Cataluña, convirtiendo el español/castellano, hasta la fecha «lengua vehicular» junto al catalán, en una mera de lengua «curricular», que solo servirá a partir de ahora a presentar curriculum escolar y algunos proyectos lingüísticos.
Sin embargo, Sánchez y el separatismo han pactado para que en el Valle de Aran el aranés sea también lengua «vehicular», es decir, el castellano y solo el castellano queda expulsado de Cataluña.
Todo eso se ha producido en la Mesa de la traición a España.
También, Sánchez se ha comprometido a solicitar oficialmente a la Unión Europea que el catalán se habla en el Parlamento Europeo y, así, los diputados separatistas dejen finalmente de hablar el idioma español fuera de las fronteras de España.
El acuerdo de la traición a España también obliga a España a impulsar reformas legislativas para que los diputados separatistas dejen de hablar el español en el Congreso de los Diputados y abre la puerta a imponer el catalán en el resto de España, usando un cinismo de caciques totalitarios unipolares: los mismo que reclaman para ‘su’ catalán, Pedro Sánchez Pérez Castejón y sus compinches lo prohíben para los hispanohablantes/castellanohablantes.
Aquí el pacto de la traición a España formado por el Gobierno socialcomunista de Sánchez y sus aliados separatistas:
«Acuerdo para la Protección y el impulso de la lengua catalana
Gobierno de la Generalidad de Cataluña y Gobierno de España
Toda lengua es patrimonio de la Humanidad. Forma parte de un mosaico rico, plural y diverso, fruto de un legado que hemos heredado, el cual nos aporta multitud de formas de entender el mundo e interactuar con él, y que corresponde a cada generación contribuir a preservar e impulsar hacia el futuro.
La protección y el impulso de las lenguas debe ser un consenso básico que permita garantizar los derechos de sus hablantes, el desarrollo de la identidad de sus territorios y el progreso y la cohesión social, sin que pueda ser nunca un elemento para la confrontación social, política o judicial. Por este motivo – y partiendo de la idea de la lengua como patrimonio de la Humanidad – es responsabilidad del conjunto de las administraciones garantizar la preservación y el progreso de todas las lenguas en sus respectivos territorios y en el conjunto del Estado, así como fomentar su proyección exterior, particularmente en organismos internacionales y de la Unión Europea.
Los cambios sin precedentes que están experimentando las formas de creación y de comunicación a medida que avanza la digitalización no pueden suponer un retroceso en la preservación de la diversidad lingüística como patrimonio de la Humanidad. Por este motivo, esta evolución, que es netamente positiva, debe ir acompañada del fortalecimiento de los principios de respeto y fomento de dicha diversidad. El deber de las diferentes administraciones es que el catalán no sea nunca una lengua minorada, como lo fue en regímenes pasados fruto de su persecución política. El catalán, al igual que el resto de lenguas de España, debe conservar su legado histórico, su riqueza dialectal y especialmente su capacidad de cohesión y de contribución al progreso social.
Por este motivo, y con la convicción de que fortalecer la vitalidad del catalán supone una medida que refuerza la confianza necesaria entre las partes para el proceso de diálogo y negociación, el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña creen necesario renovar y reforzar la protección y el impulso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad y promover las reformas legislativas y las inversiones necesarias para potenciar el carácter plurilingüe de España. A tal efecto, presentan los siguientes compromisos y principios: 1. Reafirman su compromiso de trabajo conjunto para favorecer un amplio consenso con los siguientes objetivos:
a. Garantizar el nivel de conocimiento y de uso del catalán.
b. Contribuir al fortalecimiento y la mejora del modelo educativo de Cataluña, de acuerdo a la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por LO 3/2020, de 29 de diciembre.
Ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña y el aranés en la Val d’Aran, que la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos, y que se debe fortalecer la autonomía y capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno, y de acuerdo con la evaluación de las competencias lingüísticas.
En todo caso, la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos de forma singularizada para cada uno de los centros.
El catalán y el castellano, además del aranés en la Valle de Arán, deberán estar contemplados en los proyectos lingüísticos de los centros para alcanzar su pleno dominio oral y escrito y se permitirá a los centros la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que puedan existir en cualquiera de las lenguas tal y como estable en la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña y la Disposición Adicional 38a.3 de la LO 3/2020.
En consecuencia, respaldan el desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlamento de Cataluña, encabezado por la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que da amparo a los usos y aprendizajes lingüísticos del catalán, del castellano, del aranés en la Valle de Arán, de las primeras y las segundas lenguas extranjeras, de las lenguas de origen de los alumnos y de la lengua de signos catalana, de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje, los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas y de la realidad lingüística de cada entorno educativo.
Consideran, asimismo, que las disposiciones de dicha ley se adecuan al marco constitucional y estatutario.
En todo caso, el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña se comprometen a resolver por la vía del diálogo y la negociación los conflictos que pudieran surgir en la aplicación o desarrollo del marco normativo vigente.
c. Facilitar el uso de la lengua catalana en todos los sectores, especialmente en aquellos donde ahora tiene menos presencia.
2. Incluir una perspectiva lingüística en los diferentes proyectos normativos y políticas públicas que impulsen ambos gobiernos, especialmente en el ámbito educativo, cultural, tecnológico y administrativo. En este sentido, se involucrará a las universidades y centros de investigación de Cataluña en el diseño de políticas públicas e iniciativas en el ámbito lingüístico.
3. Asegurar la presencia de Cataluña y de las culturas catalana y aranesa en la Unesco y otras instituciones comunitarias e internacionales. En concreto, el Gobierno de España solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución. A tal efecto, presentará la solicitud ante la Mesa del Parlamento Europeo, junto con una propuesta para que sea técnica y financieramente viable, y trabajará para conseguir una mayoría suficiente en ella que avale esta petición antes de finalizar el año en curso.
4. Promover la pluralidad lingüística en las instituciones y el derecho de la ciudadanía a ser atendida en la lengua oficial de su elección. En concreto:
a. Promoviendo, durante la presente legislatura, las reformas reglamentarias en las Cortes Generales para ampliar el derecho de los representantes de los españoles a realizar su labor en todas las lenguas del Estado. En este sentido, se empezará por impulsar la revisión del reglamento del Senado para ampliar ese derecho en la Cámara Alta.
b. El Gobierno de España promoverá, durante la presente legislatura, las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado.
5. Los dos gobiernos se comprometen a trabajar en el marco de los principios contenidos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa y de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de la Unesco. Por ello, asumen los siguientes compromisos:
a. El Gobierno de España facilitará que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña envíen representantes a los foros que traten políticas con dimensiones lingüísticas y que permitan representación no estatal.
b. El Gobierno de España facilitará la incorporación de representantes del Gobierno de la Generalidad de Cataluña a las delegaciones gubernamentales a foros internacionales que traten políticas con dimensiones lingüísticas.
6. Ambos gobiernos reafirman su compromiso con la lengua catalana y se comprometen a impulsar los cambios legislativos y garantizar la financiación necesaria para dar cumplimiento a los acuerdos de esta declaración.
7. El Gobierno de España entiende que todas las previsiones contenidas en el presente acuerdo referidas al catalán pueden ser extensibles al resto de lenguas oficiales del Estado distintas al castellano si así lo requieren los gobiernos de las comunidades autónomas con más de una lengua oficial.
Madrid, 27 de julio de 2022.
EN CATALÁN
«Acord per la protecció y l’impuls de la lengua catalana
Govern de la Generalitat de Catalunya i Govern d’Espanyaa
Tota llengua és patrimoni de la Humanitat. Forma part d’un ric mosaic, plural i divers, fruit d’un llegat que hem heretat, que ens aporta moltes maneres d’entendre el mon i interactuarhi, i correspon a cada generació contribuir a preservar-les i impulsar-les cap al futur.
La protecció i l’impuls de les llengües ha de ser un consens bàsic que permeti garantir els drets dels parlants, el desenvolupament de la identitat dels territoris i el progrés i la cohesió social, i mai no pot ser un element que serveixi per a la confrontació social, política o judicial.
Per aquest motiu –i partint de la idea de la llengua com a patrimoni de la Humanitat– és responsabilitat de les administracions garantir la preservació i el progrés de totes les llengües en els seus territoris respectius i a l’Estat, com també fomentar-ne la projecció a l’exterior, particularment en organismes internacionals i de la Unió Europea.
Els canvis sense precedents que estan experimentant les formes de creació i de comunicació a mesura que avança la digitalització no poden suposar un retrocés en la preservació de la diversitat lingüística com a patrimoni de la Humanitat. Per això, aquesta evolució, que és netament positiva, ha d’anar acompanyada de l’enfortiment dels principis de respecte i foment d’aquesta diversitat.
El deure de les administracions és que el català no sigui mai una llengua minoritzada, com ho fou en règims passats fruit d’una persecució política. El català, com la resta de llengües d’Espanya, ha de conservar el llegat històric, la riquesa dialectal i, especialment, la capacitat de cohesió i de contribució al progrés social. Per aquest motiu, i amb el convenciment que enfortir la vitalitat del català suposa una mesura que referma la confiança necessària entre les parts per al procés de diàleg i negociació, el Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya consideren necessari renovar i reforçar la protecció i l’impuls del català en tots els àmbits socials i promoure les reformes legislatives i les inversions necessàries per potenciar el caràcter plurilingüe d’Espanya.
A aquest efecte, presenten els compromisos i principis següents:
1. Reafirmen el compromís de treball conjunt per afavorir un ampli consens amb els objectius següents:
a. Garantir el nivell de coneixement i ús del català.
b. Contribuir a l’enfortiment i la millora del model educatiu de Catalunya, d’acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, i la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la LO 3/2020, de 29 de desembre.
Tots dos governs comparteixen que el català ha de continuar sent la llengua utilitzada normalment com a vehicular i d’aprenentatge en el sistema educatiu de Catalunya, i l’aranès a la Vall d’Aran, que l’ensenyament i l’ús curricular i educatiu del castellà també ha d’estar garantit i ha de tenir una presència adequada en els currículums i projectes lingüístics, i que s’ha d’enfortir l’autonomia i la capacitat dels centres per desenvolupar projectes educatius adaptats a la realitat social i lingüística del seu entorn i d’acord amb l’avaluació de les competències lingüístiques.
En tot cas, la determinació de la presència de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari haurà d’estar basada exclusivament en criteris pedagògics de manera singular per a cada centre. El català i el castellà, a més de l’aranès a la Vall d’Aran, s’hauran de preveure en els projectes lingüístics dels centres perquè els alumnes puguin atènyerne el ple domini oral i escrit i es permeti als centres l’adopció de les mesures necessàries per compensar les carències que hi pugui haver en qualsevol de les llengües, tal com estableix la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya i la Disposició Addicional 38a.3 de la LO 3/2020.
En conseqüència, donen suport al desenvolupament del marc normatiu recent, consagrat pel Parlament de Catalunya, encapçalat per la Llei 8/2022, de 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües cooficials en l’ensenyament no universitari, que empara els usos i aprenentatges lingüístics del català, el castellà, l’aranès a la Vall d’Aran, les primeres i les segones llengües estrangeres, les llengües d’origen dels alumnes i la llengua de signes catalana, d’acord amb l’evolució metodològica de l’aprenentatge, els instruments de control, avaluació i millora de les competències lingüístiques i de la realitat lingüística de cada entorn educatiu. Consideren, igualment, que les disposicions d’aquesta Llei s’adeqüen als marcs constitucional i estatutari.
En tot cas, el Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat es comprometen a resoldre per la via del diàleg i la negociació els conflictes que hi pugui haver en l’aplicació o el desenvolupament del marc normatiu vigent.
c. Facilitar l’ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els que ara hi té menys presència.
2. Incloure una perspectiva lingüística en els diversos projectes normatius i en les polítiques públiques que impulsin tots dos governs, especialment en els àmbits educatiu, cultural, tecnològic i administratiu. En aquest sentit, s’implicarà les universitats i els centres d’investigació de Catalunya en el disseny de polítiques públiques i iniciatives en l’àmbit lingüístic.
3. Assegurar la presència de Catalunya i de les cultures catalana i aranesa a la UNESCO i en altres institucions comunitàries i internacionals. Concretament, el Govern Espanyol sol·licitarà a la presidència del Parlament Europeu que consideri el català com a llengua d’ús al ple i a efectes de l’exercici del dret de petició davant la institució. A aquest efecte, presentarà la sol·licitud a la Mesa del Parlament Europeu, junt a una proposta perquè sigui viable tècnicament i financerament, i treballarà per aconseguir una majoria suficient que avali aquesta petició abans no acabi l’any en curs.
4. Promoure la pluralitat lingüística a les institucions i el dret de la ciutadania de ser atesa en la llengua oficial que esculli. Concretament:
a. Promovent, aquesta legislatura, les reformes reglamentàries a les Corts Generals per ampliar el dret dels representants dels espanyols a fer la seva tasca en totes les llengües de l’Estat. En aquest sentit, es començarà per impulsar la revisió del reglament del Senat per ampliar aquest dret a la Cambra Alta.
b. El Govern d’Espanya promourà, aquesta legislatura, les reformes normatives necessàries per garantir la plena disponibilitat lingüística i el dret de ser correspost oralment i per escrit en català a l’administració perifèrica de l’Estat.
5. Tots dos governs es comprometen a treballar en el marc dels principis inclosos en la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries del Consell d’Europa i en la Declaració Universal dels Drets Lingüístics de la UNESCO. Per això, assumeixen els compromisos següents:
a. El Govern d’Espanya facilitarà que el Govern de la Generalitat de Catalunya enviïn representants als fòrums que tractin polítiques amb dimensions lingüístiques i que permetin representació no estatal.
b. El Govern d’Espanya facilitarà la incorporació de representants del Govern de la Generalitat de Catalunya a les delegacions governamentals a fòrums internacionals que tractin polítiques amb dimensions lingüístiques.
6. Tots dos governs refermen el compromís amb la llengua catalana i es comprometen a impulsar els canvis legislatius i garantir-ne el finançament necessari per complir els acords d’aquesta declaració.
7. El Govern d’Espanya entén que totes les previsions que conté aquest acord que fan referència al català es poden aplicar a la resta de llengües oficials de l’Estat diferents del castellà si així ho demanen els governs de les comunitats autònomes amb més d’una llengua oficial.
Madrid, 27 de juliol de 2022″.
