Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), lunes 20 de marzo de 2023. El exlíder del Partido Popular (PP) atacado por el golpismo fascista amarillo, Pablo Casado Blanco, ha asegurado este lunes ante el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona que «no contrastó» sus afirmaciones de que en Cataluña se impide ir al baño a los alumnos que hablan castellano/español, sino que las basó en lo publicado en la prensa, y ha aducido que su objetivo era denunciar la política lingüística del régimen golpista separatista en la Comunidad autónoma de Cataluña, pero que lo volvería a decir en la fecha de hoy sin contrastar, reafirmó el español antes de denunciar la doble vara de medir judicial entre defensores d ela libertad y los individuos que pisoteen los derechos fundamentales en la Comunidad autónoma de Cataluña; político español ha dejado claro ante el juez que se siente víctima de una «discriminación» judicial respecto a los diputados del golpismo amarillo a quienes todos sus ataques les salen prácticamente gratis mientras él tiene que estar respondiendo ante un tribunal por defender el castellano/castellano.
Según han informado fuentes jurídicas, el español ha declarado este lunes como investigado durante cerca de una hora, por videconferencia, ante el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, que lo investiga a raíz de una querella por injurias, calumnias y delito de odio que presentó contra él Gobierno separatista que ocupa las dependencias de la Generalidad de Cataluña.
El objeto de la querella son unas declaraciones que el español hizo en un acto del PP en Galicia en diciembre de 2021, en medio de la polémica desatada a raíz de la sentencia que imponía un 25% de clases en castellano, en el que aseguró que en Cataluña «hay profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan castellano» y que a algunos alumnos se les ponen «piedras en la mochila» por usar esa lengua en el patio.
El hijo de España, que no ha dudado en afirmar ante el juez catalán que «volvería» a repetir sus declaraciones, se ha escudado en que estaba amparado por la inmunidad parlamentaria cuando pronunció esas palabras en un mitin del PP y ha afirmado que se siente víctima de un «trato diferencial» respecto a los diputados del Parlamento autonómico de Cataluña, a quienes «no se persigue judicialmente por sus declaraciones políticas».
En ese sentido, ha asegurado que el propósito de sus declaraciones era denunciar la situación del castellano en la Comunidad autónoma de Cataluña y poner en entredicho la política lingüística de la ultraizquierda separatista ERC y derecha separatista JxCat, así como mostrar su apoyo a la familia catalana de Canet de Mar (Barcelona) que instigó la sentencia del 25% de clase en español/castellano porque, a su parecer, estaba siendo víctima de un «delito de odio».
Preguntado por el juez acerca de si contrastó sus manifestaciones, el exlíder del PP ha reconocido que personalmente no lo hizo, pero que las basó en artículos que había leído en varios medios de comunicación, en los que se entrevistaba a miembros de la comunidad educativa que denunciaban la situación del castellano en las aulas.
Unas informaciones que, ha añadido, el Gobierno separatista ni ha desmentido ni han dado pie a querellas del régimen separatista contra los medios de comunicación que recogieron esos testimonios.
El expresidente del PP, que solo ha contestado las preguntas del juez y de su defensa, presentó hace unos días un recurso contra la admisión a trámite de la querella del régimen separatista amarillo, alegando que se basó en información «contrastada»y amparado por la libertad de expresión y por su inviolabilidad como parlamentario.
El juez instructor catalán, obviando la inviolabilidad parlamentaria y la libertad d expresión del español, ha rechazado el recurso del Presidente del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados -en el momento de dichas declaraciones- y en su auto, al que ha tenido acceso Efe, argumenta que si bien es cierto que el querellado ostentaba la condición de diputado en el Congreso de los Diputados, sus manifestaciones «no fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, sino como presidente del PP».
«Su intencionalidad política no excluye una añadida voluntad o ánimo delictivo», añade el magistrado catalán, que también rechaza el argumento el líder del PP de que el Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña no tiene legitimación para presentar la querella: «sería considerada parte perjudicada o víctima (…) de unos hechos que se dirigían a la educación pública en Cataluña».
A la comparecencia de la Casado no ha asistido la Fiscalía, aunque sí la acusación popular ejercida por el abogado Josep Rosell, del Equipo de Abogados Independientes, a quien le juez ha impuesto una fianza de 5.000 euros para comparecer en la causa.
