Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), viernes 18 de noviembre de 2022. El juez ha enviado este viernes al juicio oral a los tres procesados por golpismo miembros de la ultraizquierda separatista ERC Josep Maria Jové, Josep Lluís Salvadó Tenesa y la consejera de Cultura Natàlia Garriga Ibañez por su destacable papel en el ataque separatista contra la democracia en 2017 en Cataluña, los tres acusados eran los hombres de confianza del preso indultado preside de ERC, exvicepresidente del régimen amarillo y exconsejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras Vies, en esa Consejería de Economía y Hacienda.
Tras seis años de instrucción judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ve supuestos delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y revelación de secretos en las acciones de Jové y Salvadó, mientras que en el caso de Garriga sólo ve desobediencia.
Así también como recoge TV3, Garriga, Jové y Salvadó fueron detenidos el 20 de septiembre de 2017, en la operación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para abortar la logística del 1-O que dio pie al registro de la sede del Departamento de Vicepresidencia y Economía, titula del golpista Junqueras.
Los supuestos delincuentes golpistas ven en su acusación «persecución»
En Twitter, Jové ha escrito: «La represión da un paso más. Con @LlSalvado y @natalia_garriga nos acusan de organizar el 1-O. Es la injusticia atacando a la democracia. Trabajar por un país libre y socialmente justo es una causa noble y un derecho, y seguiremos luchando por hacerlo realidad».
También ha reaccionado Garriga, quien ha asegurado: «Nunca dejaremos de trabajar por un país completo y libre».
Salvadó también ha denunciado «seis años de persecución judicial y de las cloacas».
El presidente del régimen amarillo y coordinador general de ERC, Pere Aragonès García, ha reivindicado la «legitimidad del 1-O» y ha denunciado la «represión» durante un acto en Granollers (Barcelona), donde ha sido abucheado por una quincena de manifestantes de la principal entidad separatista en Cataluña,Asamblea Nacional Catalana (ANC).
«Ni el 1 de octubre fue un delito, ni luchar por la independencia es un delito. Por tanto, seguiremos utilizando todos los instrumentos que tengamos al alcance, toda la confianza que la ciudadanía nos da a través del voto, para acabar con la represión y para defender la independencia de nuestro país, para seguir avanzando paso a paso hacia la amnistía y el derecho a la autodeterminación», dijo.
Aragonés también tuvo palabras de apoyo para el delegado del Régimen amarillo en Lérida, Bernat Solé Barril (ERC), que deja el cargo después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia de inhabilitación de un año por haber permitido el referéndum ilegal cuando era alcalde de Agramunt.
Solé es el primer alcalde condenado con sentencia firme por el 1-O, pero todavía hay una decena pendientes de juicio.
Jové, Salvadó, Garriga y el delegado del régimen amarillo en Lérida y exconsejero de Exteriores, Bernat Solé Barril, han recibido el apoyo a través de las redes sociales del secretario general de JxCat, Jordi Turull Negre y del golpista fugado Carles Puigdemont Casamajò.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont afirmó que «condenar por razones políticas» a Solé y perseguir a Jové, Salvadó y Garriga «es incompatible con el estado de derecho» y «un abuso» que «ningún tribunal europeo ampara».
Por su parte, Turull ha asegurado que España y la cúpula judicial están «desbocados por imponer que en Cataluña la política la determinen las togas y no las urnas», y ha añadido que «el 1-O no fue un delito, fue democracia».
Además, la presidente de JxCat también al banquillo está vez por corrupción, Laura Borràs Castanyer, ha avanzado este viernes que su formación votará en contra de la aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlamento de Cataluña para suspender a los diputados de ERC Jové y Salvadó.
Borràs ha dado por hecho que el Parlamento de Cataluña aplicará el artículo 25.4 a Jové y Salvadó, procesados por malversación, al ser un delito «asociado» a la corrupción.
