Cataluña| El procesamiento por corrupción de Laura Borràs Castanyer (JxCat) amenaza con acabar con la ‘guerra’ en el separatismo

.La situación judicial de Borràs está a punto de activar una derivada política de consecuencias imprevisibles, motivada por un punto del reglamento del Parlamento, concretamente el apartado 4 del artículo 25, que establece que «en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción», la Mesa de la cámara catalana, «una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata»
.En un auto, el magistrado del TSJC Josep Seguí concluye, ya finalizadas las últimas diligencias, que hay suficientes indicios para enviar a juicio a Borràs, presidente de JxCat y presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 19.11.2021. El presidente del Senado a propuesta del PSOE, Ander Gil García, mantiene una Reunión con la presidente del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs Castanyer (JxCat), en la cámara catalana donde se ha comprometido en fomentar el catalán en el Senado esta legislatura. Parlamento de Cataluña. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), jueves 30 de junio de 2022. La delicada situación judicial de la presidente del Parlamento catalán y líder de JxCat, Laura Borràs Castanyer, a un paso de ir a juicio por adjudicar presuntamente a dedo contratos de la Institución de les Letras Catalanas (ILC), amenaza con acabar provocando un choque entre fuerzas independentistas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado a un paso de juicio a Borràs, por «abusar» presuntamente de su cargo al frente de la ILC para adjudicar a dedo 18 contratos menores a un amigo, antes de saltar a la arena política a finales de 2017.

En un auto, el magistrado del TSJC Josep Seguí concluye, ya finalizadas las últimas diligencias, que hay suficientes indicios para enviar a juicio a Borràs, presidente de JxCat y presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, por los delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación, por los contratos fraccionados adjudicados a su amigo en su etapa al frente de la ILP, de marzo de 2013 a febrero de 2017.

LA DERIVADA POLÍTICA

La situación judicial de Borràs está a punto de activar una derivada política de consecuencias imprevisibles, motivada por un punto del reglamento del Parlamento, concretamente el apartado 4 del artículo 25, que establece que «en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción», la Mesa de la cámara catalana, «una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata».

El pasado octubre, Borràs recibió de los letrados del Parlamento una propuesta de reforma del reglamento que sugería eliminar este apartado, con el argumento de que «no tiene ningún precedente ni referente» en el derecho parlamentario y contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental -como es el de la participación política- que presenta «serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia».

Borràs ya se ha manifestado en contra de aplicar este apartado por su «inconstitucionalidad manifiesta», pero este artículo fue incorporado al reglamento en 2017, en vísperas del referéndum unilateral del 1-O, con el impulso de la CUP y el aval entonces de la entonces coalición separatista lideradas por Artur Mas Gavarró, Juntos por el Sí (JxSí) –ERC y JxCat+Omnium Cultural+Asamblea Nacional Catalana-, con el argumento de combatir la corrupción.

DUDAS EN ERC Y CUP

Las posibilidades de que las fuerzas no independentistas salven a Borràs de la aplicación del 25.4 y eviten su suspensión como diputada cuando se abra juicio oral son muy escasas, pero tampoco está claro que ERC y la CUP le lancen un flotador para mantenerse en el cargo, pese a que ella ha apelado a la «unidad antirrepresiva».

Hasta ahora, ERC y CUP han evitado cerrar la puerta a la aplicación del 25.4 y han reivindicado su compromiso contra la corrupción, aunque aún no han desvinculado inequívocamente el caso de Borràs de la «causa general contra el independentismo» que denuncian que ha desatado el Estado a raíz del 1-O.

A falta de que ERC y lCUP culminen sus debates internos al respecto, este jueves la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ligada a ERC, ha dado a entender, en declaraciones a SER Catalunya, que la opción de la dimisión debería estar encima de la mesa.

Borràs, según Forcadell, «no debe pensar en ella misma sino en el prestigio de la institución. El Parlament debe ser una institución ejemplar, debe tener tolerancia cero con la corrupción, debe ser transparente, debe ser una institución de la que los catalanes se sientan orgullosos».

LA ESTRATEGIA DE BORRÀS

Ante la incertidumbre sobre su futuro inmediato, Borràs estudia dos vías, una con acento político y otra netamente jurídica, para evitar su suspensión en caso de que el TSJC le abra juicio oral, aunque ambas requieren el apoyo de ERC y CUP o la ultraizquierda Podemos, Partido Comunista de España e Izquierda Unida (los comunes).

Por un lado, la Comisión del Estatuto del Diputado -a la que la Mesa puede remitir el caso si tiene dudas sobre cómo proceder- podría elaborar un dictamen que sentenciara que a Borràs no se le puede aplicar el artículo 25.4 porque la causa contra ella tiene motivaciones «políticas» y no judiciales.

El dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado -cuyos miembros fueron nombrados por el separatismo- podría alegar también que a Borràs no se le puede aplicar el mencionado artículo del reglamento por las dudas jurídicas que pesan sobre el mismo y que están recogidas en dos informes de los letrados de la cámara catalana, uno de 2018 y otro de 2021.

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