Efe – La consellera catalana de Justicia, Ester Capella, ha calificado este viernes de «inaudito» que el Tribunal Supremo «amenace» y «coaccione» a las juntas de tratamiento de las cárceles para «influir» en su decisión sobre los presos del «procés», y ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos. Barcelona (España), viernes 3 de marzo de 2020.
Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas denegaron este jueves a los líderes independentistas presos un permiso para pasar el confinamiento del coronavirus en sus casas.
La Generalitat había anunciado el pasado martes que estudiaría los resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, pero el Tribunal Supremo advirtió que si se enviaba a casa a los líderes del «procés» los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.
Finalmente, las juntas de tratamiento denegaron a los presos independentistas un permiso que sí concedieron a una quincena de reclusos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, la titular de Justicia ha considerado «inaudito» y «sorprendente» que el Supremo «se salte las reglas del juego» propias de un Estado democrático tratando de «influir» en las decisiones de las funcionarios de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas.
«No sé qué hubiese pasado si (estos funcionarios) no hubiesen recibido Whatsapp del Tribunal Supremo, pero estos deben poder hacer su trabajo sin amenazas ni coacciones», con «serenidad y criterios objetivos», ha dicho Capella, quien cree que las juntas de tratamiento han hecho una interpretación «estricta» de la normativa.
Capella, además, ha criticado que el Estado «se haya saltado» también las recomendaciones de la organización de las naciones Unidas (ONU) y de otros organismos internacionales: «Estamos en una emergencia sanitaria y seguimos con la excepcionalidad de decisiones incomprensibles fuera del Estado de derecho», ha denunciado.
Por ello, la consellera ha reclamado a la Fiscalía que pida información sobre este «hecho inaudito» en la actuación del Alto Tribunal.
