Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), martes 19 de abril de 2022. Los golpistas separatistas expresidente y vicepresidente de la Generalidad secesionista de 2017, el fugado Carles Puigdemont Casamajò, y el indultado líder de ERC, Oriol Junqueras Vies, han anunciado que llevarán ante la justicia al España por los casos de «espionaje» de más de 60 dirigentes separatistas con el sistema de ciberespionaje «Pegasus».
El caso fue desvelado este lunes por The New Yorker, que asegura que «es un sistema que solo pueden comprar Gobiernos».
«A nivel legal denunciaremos a varios niveles y en varios países europeos el espionaje masivo contra la sociedad civil, miembros del Gobierno, representantes políticos, abogados, periodistas, activistas y sus seres queridos», dijo el golpista Puigdemont en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas donde ya no tiene inmunidad parlamentaria.
La denuncia será ante un tribunal de Barcelona y también ante las autoridades judiciales de Bélgica, Suiza, Alemania, Francia y Luxemburgo, si bien no se aportaron detalles exactos sobre a qué entidad estará dirigida la querella que previsiblemente se presentará a partir de la próxima semana.
Puigdemont anunció asimismo querellas contra la empresa israelí NSO, que desarrolló el programa, y su subsidiaria luxemburguesa, y señaló que también que pedirán que se investigue al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a «todas las entidades españolas» vinculadas a este caso.
Junqueras, por su parte, anunció que llevarán el caso al Parlamento Europeo y pedirán un «debate urgente» sobre el tema en el siguiente pleno de la institución, que se celebrará a principios de mayo en Estrasburgo (Francia), y se ofreció a aportar la información necesaria a la comisión de investigación sobre Pegasus creada en la Eurocámara antes de que este caso saliera a la luz.
«Este uso ilegal y sin control (del ‘spyware’) ha de combatirse porque pone en peligro los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Es necesaria una protección más estricta a nivel internacional contra este uso abusivo de la tecnología», señaló Junqueras.
Junto a Puigdemont y Junqueras, comparecieron el investigador de CitizenLab John-Scott Railton, que ha llevado a cabo la investigación, y el exrelator especial de la ONU sobre liberad de expresión David Kaye, así como los líderes de las entidades separatistas que apoyan el golpismo en Cataluña, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural; un diputado de CUP.
Railton explicó cómo se ha llevado a cabo, a lo largo de algo más de dos años, la investigación que ha desvelado cómo más de 60 líderes separatistas fueron «objetivo» de este software que «toma el control del dispositivo infectado, en muchas ocasiones sin que la víctima tenga conocimiento de ello».
Esta herramienta de ciberespionaje infecta dispositivos móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados.
El investigador señaló cómo, en ocasiones, el ‘spyware’ entraba en el dispositivo a través de mensajes de texto que aparentemente procedían de aerolíneas -tras comprar un vuelo- o de Hacienda o la Seguridad Social españolas, con «mensajes muy convincentes» y que en ocasiones contenían datos específicos de los separatistas durante sus ataques contra la democracia y el pueblo español en Cataluña.
Railton apuntó a que, pese a que la investigación no ha podido determinar con seguridad quién está detrás de este espionaje, hay detalles que «apuntan a varias entidades dentro de España».
Son, por ejemplo, el hecho de que los separatistas eran «de interés obvio» para España y que las fechas en las que se infectaron los dispositivos encajan con fechas clave en los golpes de Estado separatistas en Cataluña (Procés), cuando las autoridades puchistas de la Generalidad de Cataluña impulsaban un referéndum de secesión en 2017 declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Kaye, por su parte, instó a una moratoria del uso de este tipo de programas y a que la comunidad internacional aborde «cuestiones serias», como si el ‘spyware’ puede usarse en línea con la legislación internacional de derechos humanos, si existen reglas apropiadas sobre su uso, si las víctimas reciben compensación y si los Estados controlan su uso.
