Redacción.- «En octubre de 2017 se desarrolló un golpe postmoderno contra el Estado español para imponer un régimen totalitario». «Estos indultos servirán para permitir que siga el adoctrinamiento contra España y para promover un nuevo referéndum de autodeterminación». Por eso, mañana «lunes, 21 de junio de 2021» (21J), «todos frente al Teatro El Liceo de Barcelona a recibir al indultraidor» presidente de Gobierno de coalición de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Así movilizan desde este sábado, 19 de junio, 20 entidades y destacadas personalidades de la sociedad civil de Cataluña, todos, integrantes de la Resistencia catalana al separatismo.
En un cartel, que difunde Somatemps, —una de las entidades firmantes del manifiesto que mañana lunes, 21 de junio de 2021, será leído a las 11:30 horas ante el Teatro El Liceo de Barcelona, donde Sánchez presentará su conferencia a favor de los indultos al Procés bajo lema «Reencuentro: Un Proyecto de Futuro Para España», por Francisco Oya, de Asociación Profesores por el Bilingüismo; Dori López, de Plataforma Hablamos Español y Toni Sanz, Presidente de Plataforma Policías Locales Represaliados por el Odio Nacionalista (PPL-RON)— la Resistencia apunta que tras la lectura del manifiesto, habrá «una cacerolada popular» contra la presencia de este «indultraidor» Pedro Sánchez Pérez Castejón, coincidiendo con su conferencia en el Teatro El Liceo.
Asimismo, el manifiesto que finaliza con la reflexión: «¿A nosotros quién nos indulta?», denuncia que la traición del PSOE no es algo nuevo porque los Gobiernos de turno, PP y PSOE siempre han traicionado a los catalanes a cambio de los votos del separatismo en el Congreso de los Diputados para mantenerse en el Poder: 2La política de los sucesivos gobiernos de España siempre ha priorizado mantenerse en el poder gracias a indignidades como aceptar los votos de los secesionistas catalanes, a cambio de concederles todas las competencias que han pedido y de permitirles el incumplimiento de leyes y sentencias judiciales, algo que ha comportado la pérdida de derechos elementales de muchos ciudadanos de Cataluña».
Por eso, «ahora, por el mismo motivo, que es seguir ostentando el poder, el Gobierno de España pretende indultar a quienes en justicia fueron sentenciados por haber declarado la independencia de Cataluña, unos presos que no han solicitados ser indultados y que han manifestado su intención de reincidir. Todo ello se hace contra el criterio del Tribunal Supremo, el de colectivos de juristas y el de los principales partidos de la oposición», firman 20 entidades catalanas.
para la Resistencia catalana al separatismo, «en octubre de 2017 se desarrolló un golpe postmoderno contra el Estado español para imponer un régimen totalitario», señalan reivindicando que los verdaderos presos en Cataluña no son los políticos presos por el «golpe de estado» separatista de 2017 sino los vecinos de Cataluña leales a España y a la legalidad: «Las víctimas del llamado «proceso independentista» no son los políticos separatistas, somos todos los españoles, especialmente los catalanes constitucionalistas».
Añaden: «Porque esto es el separatismo catalán históricamente: un movimiento supremacista e hispanófobo, impulsado por una oligarquía corrupta e irresponsable, que separa a los catalanes entre vencedores, los que quieren la secesión, y vencidos, los que nos oponemos a este proyecto ilegal e ilegítimo, que promueve el distanciamiento del resto de España fomentando el odio y prohibiendo el uso del español impunemente desde las escuelas y los medios de información».
«Estos indultos» que concederá el Gobierno de coalición de España del presidente Pedro Sánchez, han dicho, «reafirmarán el monstruo del supremacismo».
Para los catalanes, el separatismo seguirá «prohibiendo el uso del español en la enseñanza y la Administración excluyéndolo de las empresas, públicas y privadas y de los medios de información públicos».
«Estos indultos servirán para permitir que siga el adoctrinamiento contra España y para promover un nuevo referéndum de autodeterminación en el que solo votarán los catalanes, a sabiendas de que el marco jurídico nacional e internacional no reconoce ese derecho a la región catalana, pues la soberanía nacional sólo reside en el conjunto del pueblo español», han advertido al Gobierno de coalición de España.
Explican que: «Los nacionalistas catalanes, como todos los nacionalistas excluyentes, son un peligro para la convivencia, ya que no promueven el respeto a las libertades de los ciudadanos, sino su sometimiento a un pensamiento único: el nacionalista. No respetan la obligada neutralidad de las instituciones públicas, sino su instrumentalización para la propaganda separatista».
«Indultar a unas personas que han dicho que no están arrepentidas y que «lo volverán a hacer», es apoyar que puedan seguir incumpliendo las leyes y las sentencias judiciales, y que se pueda seguir insultando al Jefe del Estado, ofendiendo los símbolos nacionales, no condenando las agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, atacando las sedes de partidos políticos constitucionalistas, cortando carreteras y calles, como la Meridiana desde hace más de un año, saqueando comercios, quemando contenedores, etc., es decir, permitiendo que se siga amedrentando a los ciudadanos que no son separatistas», puntualizan.
«Las verdaderas víctimas del proceso separatista catalán somos los ciudadanos catalanes que también nos sentimos españoles. Exigimos al gobierno de España que no anteponga sus intereses de partido al interés de todos los españoles, en especial al de los españoles que vivimos en Cataluña», han añadido.
Por lo que, «es indignante tener que plantear cuestiones tan elementales en una democracia». «De ninguna de las maneras nos vamos a resignar a que se nos trate como ciudadanos de segunda».
Cataluña dice que «estos indultos otorgan privilegios a políticos condenados por sedición y malversación, mientras se deja a merced de estos a las verdaderas víctimas».
Afirman que «La Generalidad de Cataluña representa al Estado en esta Comunidad Autónoma de España y tiene competencias en ámbitos esenciales para la vida cotidiana de las personas, con la capacidad de coacción que ello supone, que es una forma de violencia latente, y que se agrava especialmente en el caso de los funcionarios, sobre los que planea la amenaza del expediente disciplinario injusto, con sus secuelas de acoso laboral y privación de salario, un arma demoledora para el bienestar de las personas y para la neutralidad de la Función Pública».
«En suma, la impunidad que transmiten estos indultos repercutirá negativamente en las vidas de los que nos oponemos al proyecto secesionista», sentencian.
