Redacción.- Barcelona (España), jueves 29 de diciembre de 2022. «Es incompatible defender los intereses de la ciudadanía con defender intereses de los sectores económicos que se benefician, precisamente, de que los precios de la vivienda sigan subiendo». Así han denunciado este jueves fuentes del sindicatos de los inquilinos, «Sindicat de Llogateres», en un comunicado al diario Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo).
Para la entidad de los inquilinos, «este tipo de fichajes sitúan al lobby inmobiliario aún más cerca de los poderes políticos para seguir dificultando las políticas de vivienda que deben beneficiar a la mayoría de población».
«Hoy hemos conocido que la hasta hace poco Consejera de Justicia, Lourdes Ciuró Buldó, de Juntos por Cataluña (JxCat), se ha incorporado al equipo del Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lérida» para «consolidar las relaciones institucionales con las administraciones públicas catalanas», según un tuit del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas.
Ciuró ha sido la consejera responsable del anteproyecto de Ley de arrendamientos de Cataluña, que debe servir para proteger los derechos de la gente inquilina frente a los abusos, precisamente, de arrendadores e inmobiliarias, y para avanzar en los derechos colectivos y de organización.
Su caso se suma al de Joan Clos Matheu, quien tras ser alcalde de Barcelona y ministro de Industria, Turismo y Comercio se dedica a defender los intereses de los grandes arrendadores como portavoz de ASVAL, una supuesta asociación financiada por grandes fondos de inversión.
Precisamente el exministro socialista será el encargado de pilotar la denuncia del lobby inmobiliario contra las últimas medidas anticrisis aprobadas por la propia Moncloa.
Previamente, ya habíamos conocido el caso de Carles Sala, que pocos días después de ser cesado como Secretario de Vivienda de la Generalidad de Cataluña fue escogido como miembro de la Junta de Gobierno del Colegios y de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona.
Ya antes había sido miembro de la Junta del Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lérida y, mientras ostentaba su responsabilidad en la Generalitat, seguía publicando artículos contrarios a políticas de su propio gobierno como la regulación de precios del alquiler.
En plena emergencia habitacional, es incompatible defender los intereses de la ciudadanía con defender intereses de los sectores económicos que se benefician, precisamente, de que los precios de la vivienda sigan subiendo.
Este tipo de fichajes sitúan al lobby inmobiliario aún más cerca de los poderes políticos para seguir dificultando las políticas de vivienda que deben beneficiar a la mayoría de población, como la regulación de los alquileres, las medidas anticrisis o futuras leyes como la Ley Estatal de Vivienda o la Ley de Arrendamientos de Cataluña.
