Barcelona, viernes 23 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La asociación constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha intensificado su ofensiva jurídica y social en defensa de la lengua oficial del Estado en la región catalana con la presentación de 11 acciones administrativas ante sendos consistorios. La maniobra, que abarca dos recursos de reposición y nueve escritos de alegaciones, busca frenar la maquinaria de ingeniería social y acoso lingüístico al español (castellano) mantenida por la alianza del Gobierno autonómico del zurdo Salvador Illa Roca —militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— con el secesionismo de ultraizquierda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la extrema izquierda de Los Comunes. CCC ha advertido de que acudirá de forma inmediata a los tribunales por la vía contencioso-administrativa si las alegaciones y recursos son rechazados.
Ofensiva jurídica contra la marginación del castellano en 11 consistorios
La entidad presidida por Ángel Escolano Rubio ha formalizado sus acciones administrativas frente a las decisiones adoptadas por los ayuntamientos de Cardedeu, El Palau d’Anglesola, Botarell, Salt, Molins de Rei, Sant Vicenç de Montalt, Renau, Malla, Sant Climent Sescebes, Santa Perpètua de Mogoda y Tordera. El objetivo prioritario es erradicar la imposición unilateral del catalán y restituir los derechos de los ciudadanos hispanohablantes en el funcionamiento cotidiano de las instituciones locales.
CCC impugna desde reglamentos de uso lingüístico hasta ordenanzas de terrazas, zonas de bajas emisiones o administración digital. «La cooficialidad tiene que verse en los carteles, en los formularios, en las páginas de los trámites y en la atención que recibe el vecino. Vamos a intensificar esta campaña para defender esos derechos y para que cada ayuntamiento tenga que explicar cómo garantiza el uso normal del castellano», ha denunciado taxativamente Ángel Escolano.
Cardedeu y El Palau d’Anglesola: recursos de reposición directos
En Cardedeu, la asociación ha recurrido el Plan Local de Lengua 2026-2030 aprobado por el Pleno el pasado 24 de septiembre. Pese a lograr que el consistorio rectificase sustituyendo la fórmula «lengua de uso preferente» por «lengua de uso normal», CCC considera insuficiente el cambio al mantenerse la directriz de imponer el catalán en toda la comunicación municipal interna y externa, además de fiscalizar hábitos lingüísticos de comercios y entidades deportivas. El recurso ampara su fundamentación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la Sentencia del Tribunal Supremo 831/2026, de 1 de julio, que repudia la exclusión del castellano.
Por su parte, en El Palau d’Anglesola, CCC combate el Plan de Impulso al Catalán 2026-2029 aprobado el 30 de septiembre. La entidad reclama suprimir la preferencia obligatoria de proveedores que etiqueten en catalán y exige garantizar la atención profesional y las actividades públicas en ambas lenguas cooficiales, invocando las sentencias 31/2010 y 88/2017 del Tribunal Constitucional sobre la imposibilidad de conceder primacía a una lengua sobre otra.
Oposición frontal al control ideológico en Botarell, Salt y Molins de Rei
En Botarell, la entidad impugna el Plan de Impulso al Catalán por tachar el uso habitual del castellano como una «amenaza». Las alegaciones exigen retirar este señalamiento ideológico, eliminar la obligatoriedad de cursos de lengua para personas recién llegadas y evitar la imposición del catalán en las conversaciones privadas de los comercios. En Salt, CCC ataca la modificación de la Ordenanza de Actividades de Servicios aprobada el 21 de septiembre, solicitando amparo para que las rotulaciones y la publicidad de los comercios mantengan la libertad de marcas en castellano sin estar sujetas a sanciones administrativas.
Asimismo, en Molins de Rei se han presentado alegaciones a la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones aprobada el 30 de septiembre. La asociación exige que los paneles de tráfico y las señales escritas de restricción de vehículos incorporen obligatoriamente el castellano, conforme estipula tajantemente el artículo 138 del Reglamento General de Circulación.
Playas, administración digital, civismo y participación juvenil
La campaña de CCC abarca la totalidad del ámbito público en la región. En Sant Vicenç de Montalt se exige que la cartelería de las playas sobre seguridad, banderas y socorrismo figure en español; en Renau se demanda que los formularios electrónicos y los sistemas de inteligencia artificial de la administración digital reconozcan la lengua oficial del Estado; en Malla se reclaman garantías en las ordenanzas de civismo y señalización; en Sant Climent Sescebes se solicita la presencia bilingüe en los catálogos de equipamientos municipales; en Santa Perpètua de Mogoda se exige que las cédulas de autorización de terrazas no excluyan el español; y en Tordera se pide garantizar la libertad lingüística en el Consejo de Adolescentes y Jóvenes.
«Los ciudadanos castellanohablantes forman parte de la comunidad a la que sirve cada ayuntamiento. Su lengua tiene que estar presente con normalidad en la información y en los servicios municipales», ha concluido Escolano, dejando claro que si las alegaciones y recursos son desestimados, la entidad acudirá a los tribunales para frenar la arbitrariedad separatista respaldada por el gobierno de Salvador Illa.