Ceuta (España), jueves 3 de septiembre de 2026 (Efe).- El Tribunal de Instancia de Ceuta, plaza número 6, ha abierto diligencias previas para investigar las agresiones sufridas por militares, agentes de las fuerzas de seguridad y vecinos de la ciudad autónoma, así como la posible adquisición y distribución entre los inmigrantes de «artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases».
La decisión figura en un auto al que ha tenido acceso Efe y responde a una querella presentada por Hazte Oír. La magistrada considera que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de desórdenes públicos y otros».
La juez ha requerido además a la asociación para que deposite una fianza como condición para confirmar la admisión de la querella.
En su escrito, Hazte Oír reclama investigar la posible adquisición, fabricación, depósito, transporte, suministro y reparto entre los inmigrantes que permanecen en Ceuta de artefactos caseros capaces de provocar deflagraciones y liberar gases. También solicita esclarecer un supuesto «aliento» de conductas violentas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas desplegadas y la población civil.
La asociación pide asimismo investigar las agresiones sufridas por agentes policiales y miembros del Ejército y determinar si pudieron participar en los hechos integrantes de organizaciones dedicadas a prestar ayuda a los migrantes en la ciudad.
La misma magistrada ha dictado otro auto por el que permite a Hazte Oír ejercer la acusación popular en las diligencias que el mismo juzgado ya había abierto contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias.
Esta segunda investigación trata de determinar si el delegado conoció, a través del CNI, que podía producirse una avalancha migratoria y, pese a ello, no adoptó las medidas necesarias para evitarla.
La juez ha acordado incorporar la querella de Hazte Oír a las actuaciones ya abiertas y ha establecido que las diligencias solicitadas por la asociación quedan condicionadas al pago de una fianza de 7.000 euros.