Ceuta (España), jueves 3 de septiembre de 2026 (Efe).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha afrontado este jueves prácticamente en solitario en el Congreso la crisis migratoria de Ceuta, después de que sus socios parlamentarios, incluido Sumar, se hayan desmarcado de su gestión y la oposición haya cuestionado abiertamente su posición respecto a Marruecos. Sánchez ha defendido que, «por ahora», no existen pruebas que permitan atribuir a las autoridades marroquíes la organización o ejecución de la entrada masiva de migrantes, aunque ha garantizado una respuesta «con total contundencia» si los indicios existentes llegan a confirmarse.
En la sesión extraordinaria de la Cámara Baja dedicada a analizar la crisis, provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, el jefe del Ejecutivo ha rechazado que esté protegiendo a Rabat y ha apelado a la prudencia ante el riesgo de desencadenar «un conflicto diplomático de primera magnitud». Al mismo tiempo, ha defendido la actuación de su Gobierno y ha reivindicado los esfuerzos realizados para recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma.
La intervención de Sánchez ha evidenciado el aislamiento parlamentario del Ejecutivo. Solo la bancada socialista ha respaldado de forma explícita su discurso, mientras PP y Vox han acusado al presidente de ocultar información y los distintos socios de investidura han cuestionado la estrategia seguida con Marruecos.
El presidente ha reiterado que el Gobierno no dispone de pruebas que demuestren que la crisis fue «diseñada o ejecutada» por las autoridades marroquíes, pese al informe policial remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que sitúa entre los organizadores y ejecutores de la entrada masiva a agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Sánchez ha asegurado que, de confirmarse esos indicios, el Ejecutivo actuará «en consecuencia, con total contundencia», pero ha insistido en que «a día de hoy» no cuenta con elementos suficientes para responsabilizar oficialmente a Rabat. Por ello, ha defendido mantener la cautela mientras continúan las investigaciones.
El presidente sí ha admitido que la cooperación con Marruecos debe cambiar tras lo sucedido y ha anunciado una revisión de los «mecanismos de coordinación y alerta» con el país vecino.
Además, ha negado que el Ejecutivo recibiera información previa que permitiera anticipar «ni la escala ni la probabilidad» de la crisis. Para reforzar esta versión, ha avanzado que el Gobierno hará público un dossier que recopilará los informes elaborados por los distintos organismos y cuerpos de seguridad antes y durante los acontecimientos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono contra Sánchez y le ha exigido su dimisión, tanto por incompetencia como, en su opinión, por una posible complicidad con Rabat.
«Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice», le ha reprochado Feijóo, quien sostiene que el Gobierno sí recibió advertencias sobre lo que podía suceder y que acabará respondiendo «ante la justicia y en las urnas».
El dirigente popular ha definido la crisis de Ceuta como una operación que «salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó». También ha cuestionado a Sánchez por su posición respecto al supuesto espionaje de su teléfono mediante Pegasus y le ha preguntado qué información pudo obtener Rabat para explicar su actual actitud.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de mantener una política de sumisión hacia Marruecos. «Marruecos no es su amigo, es su amo», ha afirmado, antes de reclamar a Sánchez que abandone el cargo si no es capaz de defender a España. Abascal ha insistido además en reclamar la aplicación de la Constitución para que el presidente responda ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de traición.
El rechazo a la gestión del Gobierno no se ha limitado a la oposición. Los socios parlamentarios de Sánchez han mostrado un amplio desacuerdo con la estrategia seguida durante la crisis.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado directamente a Mohamed VI y ha utilizado duras palabras para referirse al monarca marroquí, al tiempo que ha vinculado a Marruecos con la tragedia ocurrida durante la entrada masiva, que dejó 141 muertos.
Desde Sumar, Enrique Santiago ha defendido que la actuación del Ejecutivo fue «tarde» y ha reclamado el traslado a la península de migrantes. También ha cuestionado la credibilidad de la posición oficial respecto a Marruecos. Aina Vidal, igualmente de Sumar, ha considerado que la crisis demuestra el fracaso de la «política de apaciguamiento» seguida hasta ahora con el país vecino.
Junts, que ya no se considera socio del Gobierno, ha llegado a afirmar que el Ejecutivo ha quedado «inhabilitado para seguir gobernando», tanto si tuvo advertencias previas como si no. La formación independentista ha vuelto a reclamar para Cataluña las competencias en materia migratoria.
EH Bildu y PNV han planteado reivindicaciones similares para Euskadi. Mertxe Aizpurua ha defendido la necesidad de «recalibrar» la relación con Rabat y corregir lo que considera el «error» del giro de la política española sobre el Sáhara Occidental. La representante del PNV, Maribel Vaquero, ha advertido de que Marruecos no es un país «confiable» y ha lamentado la falta de autocrítica del presidente.
También Podemos ha reclamado un endurecimiento radical de la política exterior. Su líder, Ione Belarra, ha defendido la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos mientras el país no se convierta, a su juicio, en una democracia.
El BNG ha acusado a Sánchez de estar «rendido al sátrapa Mohamed VI«, mientras Coalición Canaria ha reclamado una cooperación con Marruecos «sin chantajes». UPN, por su parte, ha hablado de «sumisión» del Ejecutivo ante Rabat.
Pese a la división en torno a la gestión de la crisis y a las relaciones con Marruecos, el debate sí ha dejado un punto de coincidencia entre las distintas fuerzas: la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla.
Sánchez ha comenzado precisamente su intervención reivindicando la soberanía española sobre ambas ciudades. En este contexto, ha revelado que convocó a la embajadora marroquí después de las declaraciones «inaceptables» realizadas por dos ministros de Marruecos en las que reivindicaron Ceuta y Melilla.
Asimismo, ha avanzado que el rey Felipe VI visitará las dos ciudades autónomas en las próximas semanas, en un gesto con el que el Ejecutivo pretende reafirmar la presencia y soberanía española en ambos territorios.