Ciuró: «Queremos una «Justicia que hable en catalán» y «avanzar en la transformación de la «Justicia Catalana»»

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 11.11.2021. Lourdes Ciuró Buldó, la consejera de Justicia del Gobierno bipartito separatista de ERC y JxCat, que preside Pere Aragonès García (ERC), comparece en el Parlamento de Cataluña sobre los Presupuestos 2022 del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Parlamento de Cataluña (Barcelona) España, jueves 11 de noviembre de 2021. Lourdes Ciuró Buldó, la consejera de Justicia del Gobierno bipartito separatista de ERC y JxCat, que preside Pere Aragonès García (ERC), ha presentado hoy en el Parlamento de Cataluña los Presupuestos de su Departamento para el año 2022 que prevén una dotación de 1.110 millones de euros, un 4 % más respecto al presupuesto anterior de 2021.

Ciuró ha detallado que 1.092 M€ del total irán destinados al mismo Departamento mientras que 60 M€ lo harán a su servicio público. Un presupuesto elaborado bajo los efectos de la pandemia del COVID 19 y pensado para encarar la gestión de la post-pandemia, que crece y, en palabras de la consejera, «debe seguir creciendo para permitir poder avanzar en la transformación de la Justicia catalana para hacerlo la más ágil, cercana y moderna».

«Somos un Departamento que hace política social con mayúsculas porque incidimos en dos servicios públicos para la ciudadanía: la Administración de Justicia y la ejecución penal», ha afirmado la titular de Justicia.

Por tanto, el presupuesto tiene la «voluntad de reforzar el servicio público y contribuye, por tanto, al conjunto del gasto social de la Generalitat permitiendo avanzar en la transformación que queremos de la justicia catalana».

Administración de justicia: un servicio de primer orden

Por ámbitos, el importe destinado a la Administración de justicia es de 558M€, un 50,2% de todo el presupuesto del Departamento. «Este es un servicio de primer orden, de atención al ciudadano» -ha dicho Ciuró- quien ha recordado también que la Generalidad de Cataluña no tiene la competencia en exclusiva en la materia.

«Nosotros no decidimos cuántos juzgados hacemos y dónde los hacemos». «Nos viene dado en buena parte y con poco que decir», ha enfatizado Ciuró.

Por eso, «hay que exigir al Gobierno del Reino de España» de coalición socialcomunista del PSOE y las ultraizquierdas Podemos e Izquierda unida, que preside Pedro Sánchez Pérez Castejón (PSOE), que «aumente el Presupuesto de Justicia para actuaciones en Cataluña».

En este sentido, la dirigente de la derecha separatista JxCat ha aprovechado para pedir apoyo a los grupos parlamentarios y que «lo tengan presente ahora que se están negociando los Presupuestos  Generales del Estado para el año 2022» del Ejecutivo de Sánchez.

Con el victimismo de siempre en el que se envuelve el separatismo cuando es rodeado y contra la pared, Lourdes Ciuró Budó ha denunciado que «sufrimos una infrafinanciación» -ha dicho- que acaba asumiendo la Generalidad de Cataluña en su presupuesto «obligándonos a renunciar a proyectos porque debemos destinar parte de las partidas presupuestarias propias para cubrir todo lo que España no asume pese a ser su obligación».

Ha puesto de ejemplo el importe de los 10 juzgados que se pusieron en funcionamiento en 2019-2020, que fue de 6,4 M€, pero que el Estado sólo reconoce 5,2 M€. Por tanto: «un incumplimiento doble por parte del Estado, ya que no sólo no paga, sino que cuando paga, paga poco».

Es por ello que la dirigente de la derecha secesionista JxCat ha instado a revisar «sin dilaciones» los módulos de pago del Reino de España porque son de hace 25 años y no contemplan las necesidades actuales en tecnologías de la información que no existían en 1996.

La consejera de Justicia ha instado también a resolver el retorno de las tasas que se recaudan en Cataluña en los procesos judiciales, tasas que se queda íntegramente el estado y que deberían servir para financiar la justicia gratuita, tal y como establece la ley. Esto obliga a la Generalitat a financiarla de sus propios presupuestos.

En el presupuesto de 2022 del Departamento, se destinarán a la justicia gratuita 66,8 M€, un servicio «para quienes más lo necesitan, que hace efectivo el acceso universal a la justicia».

La previsión es de unas 480.000 actuaciones anuales previstas de justicia gratuita para el año 2022 y, por ello, se incrementa en un 2% los importes económicos de los módulos del turno de oficio que se pagan a abogados y procuradores, que debemos añadir el servicio de orientación jurídica, que aumenta el número de horas.

La titular de Justicia ha destacado también que su Departamento «fomentará el uso del catalán entre los abogados del turno de oficio» y que el módulo pasa de 14 a 20 euros.

«Queremos una «Justicia de km cero» que hable nuestra lengua: el catalán, en igualdad de condiciones que el castellano porque el catalán es la lengua propia» de la República Catalana, ha dicho Ciuró.

En este sentido, ha anunciado la creación de becas para despertar vocaciones de jueces y fiscales en Cataluña, una medida que favorecerá el objetivo para una justicia más ágil y cercana.

Ha anunciado una convocatoria anual de 600.000 € para 50 becas, que se empezarán a ofrecer a partir del último trimestre de 2022 y, por tanto, el próximo año se destinarán 150.000 €.

Este proyecto tendrá continuidad en el tiempo y, a medida que se vayan incorporando nuevas hornadas, se irá incrementando el presupuesto, que se gestionará a través del Centro de Estudios Jurídicos y Formación, el CEJFE.

En su comparecencia, Ciuró ha hablado de un «nuevo diseño de futuro» para las sedes judiciales de Tarragona y Sabadell.

En Tarragona » hay que reunir en un único espacio todas las sedes judiciales de la ciudad» y en Sabadell «hay que evaluar si hay que hacer un edificio nuevo o remodelar el existente».

En ambos casos, Lourdes Ciuró se ha comprometido a decidir cuáles son las opciones más eficientes antes de finales de año y elaborar el proyecto funcional de ambos equipamientos el próximo año.

En cuanto a otras infraestructuras, ha destacado su nuevo juzgado de Martorell. En estos momentos se está redactando el proyecto y las obras pueden iniciarse a finales de 2022.

Asimismo, ha hablado de la reforma integral del edificio judicial de Badalona, ​​con 4M€ de inversión; y respecto a Vic ha dicho que se están llevando a cabo actuaciones en los diferentes edificios judiciales por valor de 1’6 M€, pero también ha reconocido la consellera que «a medio plazo habría que plantearse una actuación más integral y de futuro, y estudiar cuáles son las necesidades a medio y largo plazo en Osona y plantearnos si es necesario y cómo y cuándo podemos financiar un Palacio de Justicia».

Por otra parte, en Santa Coloma de Farners, ha afirmado que se está trabajando en buscar otra ubicación para los juzgados y que en Girona se están llevando a cabo actuaciones por valor de 1’5 M€.

Medidas penales, reinserción y atención a la víctima

El presupuesto para las medidas penales, la reinserción y la atención a la víctima es el tercero que más crece porcentualmente, en concreto se destinará un 17,24% más que en 2021: 454 millones de euros.

De cada 100 euros que gestionará el Departamento, 42 se invertirán en este ámbito con un «fuerte componente social en el que las personas están también en el centro de nuestras acciones» , ha subrayado la consellera.

Ciuró ha apostado por reforzar los programas que suponen un acercamiento de las personas privadas de libertad a la comunidad.

«Queremos individuos con capacidad para desarrollarse por sí mismos, tanto en el campo personal como en el laboral»,ha recordado Ciuró, que también ha detallado la apuesta por nuevos proyectos, como un piloto de capacitación digital para personas internas y, a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), la creación de una escuela de oficios y el aumento de las aulas de formación, entre otros.

Para el desarrollo de todos estos programas, la consejera separatista ha explicado que serán necesarias mejoras tanto en las condiciones de trabajo de los funcionarios como en los equipamientos.

«Las prisiones son un binomio, internos y trabajadores», ha aseverado la titular de Justicia, para quien los profesionales «están haciendo y han hecho una tarea excepcional en muy difíciles condiciones durante la pandemia», haciendo referencia también a la actual situación del Centro Penitenciario Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires), con módulos confinados por un brote de COVID 19.

En cuanto a las condiciones laborales, «tenemos que renovar el acuerdo 2006-2009 con un nuevo acuerdo que dé respuesta y se adapte a la nueva realidad», se ha comprometido Lourdes Ciuró.

Respecto a los equipamientos, la consejera de Justicia ha querido destacar el Centro de Mujeres de Barcelona (Wad Ras) y el Centro Penitenciario Ponente de Lleida porque considera que son «dos asignaturas pendientes en la planificación a medio plazo».

» Es una prioridad de esta consejera y de este Departamento y entre todos tenemos que buscar la fórmula para dar respuesta», ha dicho Ciuró, que ha cifrado en 90 millones el coste estimado de la futura prisión de mujeres y en 2 ,8 millones de euros las actuaciones urgentes de la prisión de Ponent, un equipamiento sobre el que «tenemos que abrir el debate, sin miedo, siendo ambiciosos» porque «debe haber una alternativa a las instalaciones actuales».

El nuevo Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, ​​que permitirá cerrado definitivamente Wad-ras, será según la consellera «un centro pensado y diseñado para mujeres, una instalación con visión de género que acabe con el agravio histórico que sufren las internas, que, en muchas ocasiones, se las acaba encerrando en centros ocupados por hombres y pensados ​​para ellos».

Por el momento, las inversiones para 2022 en equipamientos estarán protagonizadas por la apertura del nuevo Centro Abierto de Tarragona (11 millones de euros) y la inminente licitación de las obras del nuevo Centro Abierto en Barcelona (34 millones de euros) que permitirá cerrar la cárcel de la Trinidad.

Pero también se realizarán actuaciones de mejora de instalaciones y mantenimiento en Brians 1, Brians 2 y Quatre Camins; la instalación de cámaras con grabación de imagen y sonido en todas las salas de cacheo y celdas de contención «para dar tranquilidad y seguridad a internos y también a servidores públicos, siguiendo el modelo de las prisiones más modernas del mundo», ha explicado la consellera, así como obras de mejora en los centros educativos de justicia juvenil, en concreto en proyectos en Els Til·lers, Can Llupià, L’Alzina y El Segre.

Precisamente, en cuanto a justicia juvenil, la consellera ha mostrado su voluntad de fortalecer la perspectiva educativa y comunitaria de la ejecución penal en menores y jóvenes, así como la atención integral a las víctimas. «Trabajamos con jóvenes que tienen por delante toda una vida ya los que queremos y debemos ayudar a construir su futuro dándoles ese acompañamiento y aquellos referentes que no han recibido de su entorno más inmediato», ha asegurado.

En 2022, el Departamento separatista de Justicia pondrá en marcha del Plan estratégico de atención a la víctima del delito en Cataluña, dotado con 2,3 M€ y que prevé actuaciones como el acompañamiento a la víctima en sede judicial, el apoyo a la justicia restaurativa y la gestión de servicios telemáticos de información y orientación a la víctima.

La titular del Departamento de Justicia ha explicado también que este año el Ejecutivo de coalición separatista de Pere Aragonés García (ERC) desplegará la «Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores», para «investigar la desaparición masiva de menores durante la Guerra Civil y la represión política del franquismo».

Un 21% más en el Presupuesto 2022 para políticas de Memoria Democrática (Memoria Histórica de comunistas y filoetarras y gente de corte separatista)

El presupuesto 2022 será el último antes de que Cataluña no se dote de la Ley de Memoria Democrática -herramienta con la que los comunistas abren las tumbas en España, cambian calles, plazas, destruyen y tumban Monumentos, etc., para escribir un cuento propio que a ellos les gustaría sobre la Historia de España, borrando del mapa todo aquello que hicieron los comunistas y que se les pueda perjudicar-, que se espera que pueda entrar en el Parlamento de Cataluña a finales del primer semestre de 2022.

La consejera separatista ha avanzado que será una «Ley Integral, Compleja, Garantista e Innovadora» y que desplegará de forma ambiciosa las políticas públicas de Memoria Democrática.

La Ciuró Budó ha explicado que se incrementa en un 21 por ciento el presupuesto en políticas de Memoria Democrática, pasando de 4 M€ a 4,8 M€.

Tanto el Presupuesto de la Dirección General de Memoria Democrática como el del Memorial Democrático se sitúan -uno y otro- por encima de los 2M€.

Destaca especialmente la aportación para el Plan de fosas 2020-2022, para el que se destinarán más de 800.000€ (el anterior presupuesto era de 477.000€).

Por tanto, casi se duplica el gasto en las actuaciones de investigación, localización y recuperación de las personas desaparecidas del período de la Guerra Civil y la dictadura franquista. «Sin investigación, no hay memoria. Sin búsqueda nos sería imposible buscar la verdad, hacer justicia y reparar el daño causado a las víctimas y sus familiares», ha afirmado la consellera.

La consejera separatista también considera importante destinar más recursos a la difusión y divulgación de las políticas públicas de Memoria Democrática.

Esta partida pondrá especial énfasis en dar a conocer el Programa de identificación genética, que promueve la identificación de los restos que se van encontrando gracias al Plan de fosas.

El Departamento de Justicia separatista también anunciado que destinará 100.000 € para modernizar el interior de la iglesia del Poble Vell de Corbera de Ebro.

Este conjunto monumental contará, además, durante el año 2022, con la aportación de 212.000 €, que permitirá al Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro (COMEBE) financiar la ejecución de la 1a fase de las obras de consolidación y rehabilitación del pueblo.

Ciuró también ha avanzado que durante el 2022 se abordará la exhumación del militante antifranquista Cipriano Marto.

En cuanto a las subvenciones a entes locales, ha anunciado que se ampliará el gasto en subvenciones a entes locales para la recuperación de la Memoria Democrática en 120.000,00€.

Apuesta por la mediación como herramienta de resolución de conflictos

El ámbito del derecho, entidades jurídicas y mediación cuenta con un presupuesto de 1,27 M€, lo que supone un incremento del 34% respecto al período anterior.

En este ámbito, Ciuró ha asegurado que su Departamento tiene como grandes objetivos el desarrollo del derecho civil catalán y la potenciación de los métodos alternativos a la resolución de conflictos.

Por lo que respecta a mediación, la partida destinada se aumentará en 225.000 euros respecto al presupuesto anterior. «Después de 10 años de tarifas congeladas, se incrementarán en un 20% el importe destinado a las derivaciones judiciales ya las sesiones de informativas previas » -ha aseverado Ciuró- quien ha destacado también que la Ley de prevención, gestión y resolución de conflictos es uno de los «grandes proyectos de la legislatura».

Políticas transversales de género y de prevención de la violencia intrafamiliar

En su intervención, la consejera de Justicia ha destacado el compromiso del Departamento en las políticas de igualdad de género impulsadas desde todas las unidades de forma transversal.

En este sentido, hizo hincapié en los 11,5 M€ destinados a la lucha contra las violencias intrafamiliar -la llamada por parta de los progres ‘Violencia Machista’ o ‘Violencia de Género’– desde el ámbito de la justicia gratuita, en los juzgados de violencia sobre la mujer, en la atención a la víctima y en el programa de tratamiento de agresores.

«Nosotros sólo no podremos acabar con la lacra de la «violencia de género», pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para prevenirla y hacer un buen acompañamiento de las víctimas», ha concluido Lourdes Ciuró.

Por otra parte, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada recibirá 5,3 M€ que serán destinados, entre otros, a la gestión de becas para fomentar vocaciones de jueces y fiscales, a potenciar la oferta formativa en Derecho Civil Catalán y al impulso de la formación en género destinada a los diferentes agentes y operadores jurídicos.

También destaca la formación de acogida y continua de los profesionales de la ejecución penal y la administración de justicia con un nuevo programa de contenido transversal sobre políticas de género y de prevención de las violencias intrafamiliar.

También el próximo año 2022, el Departamento de Justicia seguirá «potenciando la investigación, las iniciativas y buenas prácticas» en la «lucha» contra la violencia intrafamiliar a través del «Observatorio Catalán de Justicia en Violencia Machista».

El hecho religioso como derecho

La Dirección General de Asuntos Religiosos contará con un presupuesto de 1,3 M€, con el objetivo de «garantizar la pluralidad del hecho religioso».

Esta partida debe seguir potenciando la cooperación del Gobierno de Aragonès con las confesiones religiosas; organizar la Muestra de Cine Espiritual de Cataluña, subvencionar la adecuación de los centros de culto y organizar el I Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa y de Conciencia en Cataluña.