Comandante Guardia Civil: Los Mozos espiaban a Policía y Guardia Civil y les dejaban solos el 1-O

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FOTOGRAFÍA. JUICIO PROCÉS (TRIBUNAL SUPREMO) MADRID (ESPAÑA), 20.03.2019. Imagen tomada de la señal de video institucional del Tribunal Supremo, del presidente del tribunal, Manuel Marchena (3i); mientras conversa con el juez Juan Ramón Verdugo (2d), durante la jornada en la que continuarán las testificales de los guardias civiles que participaron en la investigación del proceso soberanista. Efe.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Ante el Tribunal Supremo, el comandante que analizó las conversaciones de las emisoras de los Mossos ha explicado que detectaron órdenes verbales de vigilar los movimientos de la Policía y la Guardia Civil en lugares clave como el aeropuerto de Girona para averiguar así la dirección que tomaban. Una orden que «tenía prioridad sobre cualquier otra». E incluso, según el testigo, también se dieron casos en los que «se siguieron» a los convoyes y se mandaron fotos de las matrículas de los vehículos policiales camuflados. Todo ello en una jornada en la que, al ver la llegada de las Fuerzas de Seguridad a los colegios, los binomios de mossos recibían «automáticamente la instrucción» de su superior de que «se apartaran de ahí» para que «en ningún momento se viera ninguna imagen» suya con la Guardia Civil y la Policía actuando en contra del referéndum. Madrid (España), miércoles 20 de marzo de 2019. 

Un comandante de la Guardia Civil ha revelado que los Mossos tenían la «orden» prioritaria de vigilar los movimientos de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante la jornada del 1-O, en la que se instó a los binomios a apartarse de los otros Cuerpos para evitar ser captados juntos en imágenes.

Ésta ha sido una de las conclusiones aportadas por uno de los agentes que ha testificado en el juicio del «procés», donde también se ha comentado que la Guardia Civil situó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una nave previamente a que se incautaran 10 millones de papeletas, una información que salió a la luz hace casi un año.

Y también que el exconseller Joaquim Forn -acusado de rebelión- fue informado de la posibilidad de altercados el 1-O en los colegios electorales hasta el punto que la CUP no descartaba ni «muros humanos» ni «acciones combativas» contra las Fuerzas de Seguridad.

Ante el Tribunal Supremo, el comandante que analizó las conversaciones de las emisoras de los Mossos ha explicado que detectaron órdenes verbales de vigilar los movimientos de la Policía y la Guardia Civil en lugares clave como el aeropuerto de Girona para averiguar así la dirección que tomaban. Una orden que «tenía prioridad sobre cualquier otra».

E incluso, según el testigo, también se dieron casos en los que «se siguieron» a los convoyes y se mandaron fotos de las matrículas de los vehículos policiales camuflados.

Todo ello en una jornada en la que, al ver la llegada de las Fuerzas de Seguridad a los colegios, los binomios de mossos recibían «automáticamente la instrucción» de su superior de que «se apartaran de ahí» para que «en ningún momento se viera ninguna imagen» suya con la Guardia Civil y la Policía actuando en contra del referéndum.

En «casos muy concretos» -ha explicado- se informaba por emisora de que los binomios habían hablado con los responsables de los locales, quienes les habían contado «su estrategia», como por ejemplo en un centro, donde el plan pasaba por hacer «un pasillo» a los agentes «para que llegaran hasta la urna», que estaría «atornillada a la mesa», o por colocar «en primera línea» a «niños y personas de tercera edad».

Y aunque el comandante detectó «una unidad de acción entre los responsables políticos del Cuerpo y el mayor de los Mossos», Josep Lluis Trapero (acusado de rebelión en la Audiencia Nacional), ha precisado que nunca detectó que Forn diese instrucciones a la Policía catalana.

El testigo, que analizó los correos del exconseller, ha indicado que Forn fue informado el 29 y 30 de septiembre de que los puntos de votación «ya estaban ocupados y que había un llamamiento a través de ANC y Òmnium para que sus militantes fueran a custodiarlos».

Esos datos le llegaron a través de los informes de la Comisaría de Información de los Mossos, en los que también fue avisado de que la CUP había advertido que las Fuerzas de Seguridad se iban a encontrar con «muros humanos» y que «en caso de que actuaran, no descartaban acciones combativas».

En otro correo de Trapero del 26 de septiembre, el mayor le informaba de unos «principios de actuación» del cuerpo autonómico; hacía referencia a un artículo de la Constitución sobre la exención de responsabilidad criminal cuando «el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar».

Unos argumentos que, según el comandante, fueron esgrimidos a partir de ese momento tanto por Forn como por Carles Puigdemont en sus comparecencias públicas.

Recurrir a estrategias para presuntamente estirar la legalidad es el contenido de otros correos que, meses antes, en julio, mantuvo Forn con periodistas tras ser elegido conseller.

Según el guardia civil que los analizó, les explicaba que «cada vez que viniera una instrucción y orden tendente a la evitación de ese referéndum habría que estudiarlas muy bien para no caer en el trampa». Si era necesario, insistía, «había que buscar la cuadratura del círculo».

Porque, según ha incidido otro agente, «toda la estructura de la Generalitat» estaba «al uso de las necesidades del proceso soberanista».

De hecho, la incautación de los casi 10 millones de papeletas y 6.000 sobres electorales en una nave de Bigues i Riells (Barcelona) con «toda la documentación necesaria para celebrar el referéndum» y constituir una mesa electoral demostraba, en su opinión, que «claramente procedía de la Generalitat».

Para la Guardia Civil, la Generalitat no solo estaba detrás de la logística del 1-O, sino que también respaldaba las acciones de protesta contra las actuaciones de la Fiscalía y del instituto armado.

Ese fue el caso de la exconsellera Dolors Bassa, quien en un correo electrónico felicitó a los funcionarios de la Consellería de Trabajo por ausentarse de sus puestos para mostrar su «indignación» por los registros del 20 de setiembre de 2017 en su departamento, ante la actuación «injusta y lamentable» de la Fiscalía.