Efe – De las fotografías y mensajes obtenidos en las redes sociales que figuran en la denuncia, el fiscal apunta que, «al menos en apariencia», se desprende que el separatista el sargento de los Mossos d’Esquadra, Lluis Escolà Miquel, «habría realizado tales actividades» de escolta en Bélgica y en otros desplazamientos en Europa de Puigdemont, suspendido en sus derechos económicos como parlamentario autonómico desde julio de 2018. La Fiscalía advierte de que suministrar un servicio de escolta, con cargo al erario público, en favor de una persona contra la que consta un auto de procesamiento firme y una orden de búsqueda y captura «por graves delitos», como es el caso de Puigdemont, podría constituir los delitos de prevaricación y malversación por parte de las autoridades que lo hubiesen propiciado. El ministerio público requiere también al jefe de los Mossos que detalle la retribución percibida por el sargento durante el periodo en que prestó funciones de asesoramiento de la consejería de Interior -Ciudadanos lo cifra en 60.000 euros brutos anuales- y que detalle de qué modo o forma se desarrollaba esa «concreta función». Barcelona (España), miércoles 20 de marzo de 2019.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha acordado investigar si un mosso que fue asesor del conseller de Interior, Miquel Buch, ejerció al mismo tiempo las funciones de escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su huida de la justicia española.
En un decreto, el ministerio público abre diligencias por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, a raíz de la denuncia contra Buch que ayer presentaron ante Fiscalía varios diputados de Cs en el Parlament.
En su escrito, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, resalta que Ciudadanos denunció que el sargento de los Mossos Lluis Escolà, a quien Buch nombró «asesor en materia de sistemas de seguridad» el 25 de julio de 2018, estuvo ejerciendo «en realidad» funciones de «protección» o «escolta» del «procesado rebelde» Carles Puigdemont.
De las fotografías y mensajes obtenidos en las redes sociales que figuran en la denuncia, el fiscal apunta que, «al menos en apariencia», se desprende que Escolà «habría realizado tales actividades» de escolta en Bélgica y en otros desplazamientos en Europa de Puigdemont, suspendido en sus derechos económicos como parlamentario autonómico desde julio de 2018.
La Fiscalía advierte de que suministrar un servicio de escolta, con cargo al erario público, en favor de una persona contra la que consta un auto de procesamiento firme y una orden de búsqueda y captura «por graves delitos», como es el caso de Puigdemont, podría constituir los delitos de prevaricación y malversación por parte de las autoridades que lo hubiesen propiciado.
Todo ello, agrega el fiscal, sin descartar que también pudo haber incurrido en otras responsabilidades el propio mosso encargado de la prestación del servicio de protección, el sargento Lluis Escolà, que el miércoles de la semana pasada fue cesado de su cargo como asesor en Interior, según el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).
Ciudadanos sostiene en su denuncia que el sargento Escolà acompañó primero a Puigdemont en su huida a Bélgica y posteriormente, siendo asesor de Buch, ejerció como escolta del expresidente, contraviniendo la orden del ministerio de Interior.
Ante esta situación, la Fiscalía ha requerido al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, que detalle si desde que Escolà fue nombrado asesor de Buch en materia de sistemas de seguridad «ha desarrollado cualquier actividad que pueda entenderse como propia de ‘protección’, ‘custodia’ o ‘escolta’ del procesado rebelde Sr. Puigdemont».
También solicita al jefe de los Mossos que detalle las fechas concretas y territorios en que se pudo llevar a cabo esta función de escolta de Puigdemont, así como si esa «eventual actividad» lo fue «con el conocimiento y/o aquiescencia» de autoridades o funcionarios de la consejería de Interior.
El ministerio público requiere también al jefe de los Mossos que detalle la retribución percibida por el sargento durante el periodo en que prestó funciones de asesoramiento de la consejería de Interior -Ciudadanos lo cifra en 60.000 euros brutos anuales- y que detalle de qué modo o forma se desarrollaba esa «concreta función».
En su escrito, el fiscal superior de Cataluña pide al máximo responsable de los Mossos que concrete la situación administrativa de Escolà, en relación con su pertenencia al cuerpo de la policía autonómica mientras desarrolló su función de asesoramiento en la consejería.
