Concordi Cívica: “Las maniobras de los grupos secesionistas catalanes siguen la pauta marcada”

En la imagen, el delincuente ex presidente golpista d ela generalidad de Cataluña, Artur Mas, actualmente encausado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por golpear a España el pasado 9 de noviembre de 2014 en Cataluña bajo la escusa de referéndum participativo. Archivo 'Concordia Cívica, la Voz de Todos'. Lasvocesdelpueblo.

Redacción – La nueva plataforma constitucionalista catalana ‘Concordia Cívica, la Voz de Todo’ denuncia: “La hoja de ruta internacional del proceso” separatista catalán: “estructuras de Estado -La ley de voto exterior; la ley de ciberseguridad; la ley de la hacienda propia- para ganar legitimidad”. Unas “maniobras de los grupos secesionistas catalanes siguen la pauta marcada por la así llamada hoja de ruta” del separatismo catalán. Este documento que es un análisis producido por TF y SM en octubre de 2016, y que se ha ido adaptando a las coyunturas políticas determina “una serie de acciones clave para reconfigurar el status quo institucional catalán y así crear las condiciones más favorables para materializar la escisión del resto de España”. Barcelona (España), miércoles 1 de febrero de 2017. Fotografía: En la imagen, el delincuente ex presidente golpista d ela generalidad de Cataluña, Artur Mas, actualmente encausado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por golpear a España el pasado 9 de noviembre de 2014 en Cataluña bajo la escusa de referéndum participativo. Archivo ‘Concordia Cívica, la Voz de Todos’. Lasvocesdelpueblo.

La hoja de ruta internacional del proceso” separatista catalán: ‘estructuras de Estado’ para ganar legitimidad

«Las maniobras de los grupos secesionistas catalanas siguen la pauta marcada por la así llamada hoja de ruta.

Este documento, que se ha ido adaptando a las coyunturas políticas determina una serie de acciones clave para reconfigurar el status quo institucional catalán y así crear las condiciones más favorables para materializar la escisión del resto de España.

El elemento fundamental es la aprobación por el parlamento autonómico de una serie de leyes complementarias entre sí y diseñadas para dar cobertura a la sedición.

Estas son: La ley de voto exterior, La ley de ciberseguridad y La ley de la hacienda propia.

En la estrategia secesionista ganarse el apoyo internacional es la piedra angular.

Lo que buscan con estas leyes no es tanto la cobertura legal (obviamente imposible en el ordenamiento jurídico español) como obtener legitimación internacional a su política de hechos consumados, a sabiendas del peso que esto acarrea en el Derecho internacional.

Durante los últimos años han estado desarrollando una red de influencia exterior que ha alcanzado suficiente madurez, mediante la acción de instrumentos como las llamadas embajadas, Diplocat, los Casals y otras organizaciones públicas y privadas, para que tengan la confianza necesaria dirigida a promover un sistema de voto electrónico que permita usar el censo propio de votantes expatriados.

El independentismo es consciente de que el porcentaje de votantes de su sector difiere en pocos puntos del de su contrincante y está dispuesto a obtenerlos como sea, especialmente mediante el voto catalán en el exterior.

Esto requiere de una ley propia y ad-hoc, que permita la instrumentación de un referéndum de autodeterminación, anunciado por el President de la Generalidad de Cataluña para septiembre de 2017, con la participación determinante de catalanes residentes en el extranjero.

Significativamente no sería aplicable a los catalanes residentes en el resto de España, sobre los que no se han podido instrumentar programas de “reclutamiento ideológico” por razones obvias.

Un bunker informático

Siendo este sistema de voto electrónico vulnerable a ataques, puesto que los especialistas aseguran que se trata el instrumento de votación que puede ser alterado con mayor facilidad, se hace necesario para el gobierno catalán dotarse de una infraestructura informática segura que blinde el sistema.

Este es uno de los objetos de la ley de ciberseguridad, recientemente enviada para discusión y aprobación por el procedimiento de urgencia al Parlament de Cataluña, como la ley central para el logro de los fines separatistas, que permitirá sacar a la luz el trabajo en curso desarrollado por el CESICAT, fundación privada que antecede a la futura Agencia catalana de Ciberseguridad.

El afloramiento de esta infraestructura propia dotará a la Generalitat catalana de canales propios y seguros, opacos para las agencias centrales del Estado , con las cuales no existiría más interoperabilidad transitoria que aquella a la que obligue la legislación española.

A través de esta red, no son sólo posibles las comunicaciones seguras, sino que permite la distribución protegida de flujos de datos entre sus nodos, facilitando la creación de equipos virtuales de trabajo de los que la Administración Española no tendrá conocimiento.

La tercera de las leyes es la de la hacienda propia. De nuevo, la ley de ciberseguridad es clave para permitir la intercepción y control de transferencias bancarias en territorio catalán, con capacidad para bloquear operaciones basadas en SWIFT dentro de Cataluña.

Al mismo tiempo, estos canales seguros pueden ser empleados para operaciones de recaudación de capitales a través de sistemas como electrónicos y la gestión de moneda electrónica a través de redes virtuales privadas sin el conocimiento de la Agencia Tributaría Española o la Unidad Central Operativa.

El propio Gobierno catalán ha comunicado en estos días que tiene la intención de imponer la recaudación impositiva obligatoria de los impuestos, incluidos los estatales, y que se utilizarán métodos coercitivos para obligar a quien no esté dispuesto a hacerlo; la Agencia tributaria catalana, regulada por esta ley, se configura como el instrumento adecuado para ello».

Así ha denunciado la nueva entidad catalana en una entrada en su página web, este lunes 30 de enero de 2017.

La nueva entidad catalana está liderada por la catedrática en derecho constitucional, la catalana Teresa Freixes Sanjuán. Freixes es una jurista española especialista en Derecho Constitucional. Freixes, además, es Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y Catedrática de Jean Monnet ad personam.

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