Efe – Pese a ello, el dictamen coincide con el Gobierno en que Puigdemont tiene el «deber constitucional» de comparecer personalmente a la sesión de investidura y su presencia «es un requisito de validez» para el acto de otorgamiento de la confianza parlamentaria, aunque insiste en que su ausencia de la sesión es, a día de hoy, una mera «hipótesis». Fotografía: Madrid (España), jueves 25.1.2018. El Consejo de Estado ha respondido esta tarde al Gobierno que no ve fundamentos para impugnar ahora ante el Tribunal Constitucional (TC) la candidatura de Carles Puigdemont para presidir la Generalitat, han indicado a Efe fuentes de la institución. El Gobierno había pedido esta mañana al Consejo de Estado que emitiera un informe, que es preceptivo pero no vinculante, sobre la impugnación de la designación de Puigdemont, propuesta el pasado lunes por el presidente del Parlament, Roger Torrent, que la firmó al día siguiente. Sin embargo, el Consejo de Estado alega que no es posible presentar recursos ante el TC de manera preventiva. El prófugo golpista Carles Puigdemont en una imagen archivo Efe.
El Consejo de Estado considera en su dictamen no vinculante sobre el recurso presentado por el Gobierno contra la propuesta de investidura del candidato de JxCAT, Carles Puigdemont, que los argumentos del Ejecutivo se basan en «hipótesis» en las que se da «por seguro» su incomparecencia en el Parlament.
En su dictamen, en el que no avala la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado asegura que la pretensión del Gobierno de abortar la investidura de Puigdemont entra dentro de las impugnaciones «preventivas o hipotéticas».
A su juicio, el Gobierno presupone que Puigdemont no va a hacer acto de presencia en el Parlamento de Cataluña, bien porque permanece en Bruselas, donde se encuentra huido, o bien porque es detenido nada más entrar en territorio nacional.
«La propuesta considera como un hecho cierto la futura incomparecencia a la sesión de investidura del candidato propuesto. El Consejo de Estado debe hacer notar la diferencia entre la verosimilitud de una previsión y la certeza de su realización», alerta.
Además, señala que tampoco se puede dar por segura «la efectividad de la detención del referido candidato» ni tampoco «el contenido de las decisiones judiciales que pudieran adoptarse en el futuro» en contra de Puigdemont en caso de que regresara a España y fuera conducido ante la autoridad judicial.
Pese a ello, el dictamen coincide con el Gobierno en que Puigdemont tiene el «deber constitucional» de comparecer personalmente a la sesión de investidura y su presencia «es un requisito de validez» para el acto de otorgamiento de la confianza parlamentaria, aunque insiste en que su ausencia de la sesión es, a día de hoy, una mera «hipótesis».
Por todo ello, el órgano consultivo considera que no «existen fundamentos jurídicos suficientes» para la impugnación de la propuesta de candidato a presidir la Generalitat formulada por el Presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, el pasado lunes.
A pesar de este informe desfavorable, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta de candidatura de Puigdemont al entender que tiene la obligación política y jurídica de evitar con todos los «instrumentos legales» a su alcance que un fugado de la Justicia sea presidente de la Generalitat.
