Efe – Fuentes de la candidatura independentista han explicado que la querella se fundamentará en el artículo 498 del Código Penal, que prevé penas de tres a cinco años de prisión para todos aquellos que empleen «fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave» para impedir a un diputado «asistir a sus reuniones» o que coarten «la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto». Barcelona (España), viernes 26 de enero de 2018. Fotografía: El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, en los pasillos del Parlament, donde los partidos políticos catalanes valoran la convocatoria del pleno de investidura anunciado para el 30 de enero por el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent. Efe
Junts per Catalunya estudia presentar una querella criminal por supuestas «amenazas» contra el Consejo de Ministros, que hoy prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta para la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.
«Nos planteamos presentar una querella criminal contra el Consejo de Ministros al amparo del Código Penal» porque la acción que anunció ayer el Gobierno y que se materializará hoy es «un ejercicio de intimidación de primera magnitud», ha afirmado el exconseller y diputado de JxCat Josep Rull, en declaraciones a la Cadena Ser.
Fuentes de la candidatura independentista han explicado que la querella se fundamentará en el artículo 498 del Código Penal, que prevé penas de tres a cinco años de prisión para todos aquellos que empleen «fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave» para impedir a un diputado «asistir a sus reuniones» o que coarten «la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto».
Rull ha asegurado que no hay «ningún candidato alternativo» a Carles Puigdemont para la investidura, porque «ese plan A es viable, legal, legítimo y en una legalidad basada en la Constitución y en el Estatut».
El Gobierno mantiene su intención de recurrir hoy ante el Tribunal Constitucional la propuesta para la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, fijada para el 30 de enero, pese a que el Consejo de Estado no haya avalado su impugnación ahora de forma preventiva.
