lasvocesdelpueblo y Agencias – Podemos reclama también el cierre del caso al considerar que la documentación aportada ante la audiencia Nacional por su ex abogado, José Manuel Calvente, en la que se basan las diligencias acordadas ha sido «ilícitamente obtenida», al margen de que, subraya, «carece de cualquier relevancia penal ni es constitutiva de indicio de delito alguno». Según señala, Calvente habría obtenido esa documentación «vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad» que tenía que respetar como abogado de Podemos y en detrimento del derecho a la intimidad del partido y de sus miembros. La causa es «genérica e indeterminada» y «parte de meras sospechas sin sustento probatorio alguno», abunda el partido, que critica que el juez haya acordado una serie de diligencias «sin motivación específica» y haya admitido con «celeridad» a Vox como acusación popular sin fianza. Madrid (España), miércoles 12 de agosto de 2020.
Podemos ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la investigación abierta contra el partido y varios de sus miembros por presunta malversación de caudales públicos y administración desleal, alegando indefensión en una causa que, subraya, «parte de meras sospechas sin sustento probatorio».
En un recurso de apelación, presentada la semana pasada y al que ha tenido acceso Efe este miércoles, Podemos recuerda que el juez incoó diligencias previas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal tras una denuncia presentada por el exabogado de la formación morada José Manuel Calvente.
De esas diligencias, asegura, el partido se enteró el 22 de julio a través de los medios de comunicación y, al solicitar su personación, le fue notificada «en calidad de investigado (imputada)», la misma condición por la que el juez ha citado a declarar en noviembre al secretario de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, el responsable de Finanzas Daniel de Frutos y la gerenta Rocío Val.
Según explican a Efe fuentes jurídicas, aunque el partido y varios de sus cargos figuren como investigados en la causa, el juez no ha precisado los presuntos delitos que les imputa ni los hechos investigados.
Podemos solicita la nulidad de las actuaciones porque no consta en la causa la grabación completa de la declaración de Calvente ante el juez, y eso les genera indefensión, ya que tendrían que ejercitar «a ciegas» su derecho de defensa.
Según explica, el juzgado sólo les ha proporcionado 41 minutos y 52 segundos, faltan alrededor de dos horas y media, en las que estarían las preguntas del fiscal y la defensa, y no consta que se hiciera transcripción de la declaración.
Reclama también el cierre del caso al considerar que la documentación aportada por Calvente en la que se basan las diligencias acordadas ha sido «ilícitamente obtenida», al margen de que, subraya, «carece de cualquier relevancia penal ni es constitutiva de indicio de delito alguno».
Según señala, Calvente habría obtenido esa documentación «vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad» que tenía que respetar como abogado de Podemos y en detrimento del derecho a la intimidad del partido y de sus miembros.
Pone como ejemplo que se han aportado liquidaciones de gastos, nóminas y borradores de contratos aportados con datos personales -como DNI y números de afiliación a la Seguridad Social- y pide que toda la documentación sea excluida.
Podemos carga además duramente contra el juez por haber seguido adelante con la causa en términos «desproporcionados, vagos e imprecisos» al encabezar una «investigación prospectiva que perturba gravemente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa».
La causa es «genérica e indeterminada» y «parte de meras sospechas sin sustento probatorio alguno», abunda el partido, que critica que el juez haya acordado una serie de diligencias «sin motivación específica» y haya admitido con «celeridad» a Vox como acusación popular sin fianza.
Asegura que los hechos supuestamente delictivos son inconcretos, lo que deja a las personas investigadas «en una situación absolutamente desconcertante» y merma su derecho de defensa, dado que «a día de hoy desconocen» los hechos por los deben declarar.
