Redacción – A continuación, adjuntamos una carta que la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, ha enviado hoy a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, preguntándole si considera que ETA está «desaparecida», tal y como ha asegurado en el acto de apertura del año judicial. Teniendo en cuenta que hay miembros de ETA huidos, que existen organizaciones disidentes y que los desarmes han sido puestos en entredicho, COVITE pide a la Fiscal General del Estado una aclaración respecto a sus declaraciones. San Sebastián (España), lunes 9 de septiembre de 2019.
CARTA
«San Sebastián, 9 de septiembre de 2019
A la atención de la Excma. Sra. Dª. María José Segarra
Fiscal General del Estado
Estimada Sra. Segarra:
Me dirijo a usted en calidad de presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), asociación que representa a más de 500 víctimas del terrorismo, mayoritaria en la Comunidad Autónoma Vasca, con Estatus Consultivo Especial en ECOSOC/ONU, y que se caracteriza por la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, el Estado de Derecho, la libertad, la pluralidad ideológica y la lucha por la deslegitimación del terrorismo. Le escribo en relación a la Memoria de 2018 del ministerio público, que se ha presentado este lunes coincidiendo con la apertura solemne del año judicial, en la que Fiscalía de la Audiencia Nacional considera «oficialmente desaparecida a ETA tras el anuncio de su disolución», escenificada el 4 de mayo de 2018.
Desde COVITE quisiéramos que usted nos aclarase si ha habido un cambio en la doctrina oficial de la Fiscalía, que siempre se ha mostrado absolutamente escéptica sobre los movimientos de la organización terrorista ETA, y la consideran ahora «desaparecida», validando así el acto de disolución protagonizado exclusivamente por la banda terrorista y su entorno social y político.
Teniendo en cuenta que más de una treintena de miembros de ETA están en la actualidad prófugos de la Justicia –según se publicó en los medios de comunicación a raíz de la detención del histórico etarra Josu Ternera el pasado mes de mayo–, ¿puede el Estado dar por «desaparecida» a ETA sin la detención de todos los miembros de ETA huidos? A juicio de COVITE, la única prueba que certificaría la verdadera disolución de ETA sería la detención de todos sus integrantes. Nos gustaría aclarar si la Fiscalía de la Audiencia Nacional comparte este criterio. Consideramos que un Estado de derecho no puede legitimar la disolución de ETA que organizó, protagonizó y orquestó la propia ETA el pasado 4 de mayo en la localidad francesa de Cambó-les-Bains.
Otra cuestión, relacionada con la anterior, es la de la disidencia de ETA. Según se ha informado hoy en los medios de comunicación a raíz de la presentación de la Memoria anual, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no da por extinguida la posibilidad de un rebrote del terrorismo independentista vasco, aunque «con una menor capacidad lesiva y con un ámbito de actuación circunscrito a la comunidad autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra», señalando el informe que el sindicato de estudiantes Ikasle Abertzaleak ha sido expulsado por Sortu de la izquierda abertzale oficial y ha pasado a formar parte de la organización disidente radical ATA.
Los integrantes de la disidencia de ETA están fuertemente ideologizados y fanatizados, y en las calles del País Vasco y de Navarra es frecuente encontrar pintadas y pancartas de estas organizaciones llamando, de nuevo, a «la lucha armada». En este sentido, si la Fiscalía reconoce la existencia de organizaciones disidentes de ETA, ¿se puede dar por «desaparecida» a la banda terrorista?
Una última cuestión, relacionada también con las dos anteriores, es la de los supuestos desarmes de ETA. Ni en el desarme llevado a cabo en diciembre de 2016 en la localidad francesa de Louhossoa, ni en el que la banda terrorista volvió a protagonizar unos meses después en Bayona se aclaró qué armas entregó la organización. Tampoco se investigó qué armas se destruyeron y con cuáles pudo haberse quedado ETA o sus grupos disidentes.
Es más, COVITE denunció ante la Audiencia Nacional a los mediadores de ETA en el desarme de Louhossoa, Jean Noël Etcheverrry y Mixel Berhocoirigoin, por un presunto delito de colaboración con organización terrorista, encubrimiento y tenencia y depósito de armas. En la argumentación enviada a la AN recogimos correspondencia cruzada entre los autodenominados mediadores y ETA.
En dichos textos, que cuentan con la firma de los denunciados, estos afirman haber destruido armas de la banda terrorista. En el momento de su detención, estos individuos fueron sorprendidos destruyendo armas, con lo cual pudieron haber cometido un delito gravísimo de eliminación y alteración de pruebas esenciales para la investigación de más de 350 asesinatos de ETA sin resolver. Además, ambos desarmes fueron puestos en entredicho por la lucha antiterrorista francesa. Por lo tanto, si no tenemos la seguridad de que ETA se haya desarmado, ¿se la puede dar por “desaparecida” y todas sus estructuras por «desmanteladas»?
Quedamos a la espera de su respuesta y a su disposición para cualquier cuestión complementaria.
Agradeceremos mucho sus aclaraciones.
Le saluda atentamente,
Consuelo Ordóñez
Presidenta de COVITE»
