C’s presenta sus propuestas de lucha contra corrupción y capitalismo de amiguete

Redacción – En un documento (pdf) de 35 folios al que Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso este miércoles, la formación que lidera Albert rivera, Ciudadanos (C’s), apuesta por un marco integral para luchar contra la corrupción política y contra el capitalismo de amiguetes para acabar con la corrupción, instaurar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad y acabar con la patrimonialización de lo público y el despilfarro. <Fotografía: El economista de ciuadanos, Luis Garicano, explicando las propuestas económicas de Ciudadanos durante el acto. En directo Auditorio Axa de Barcelona, miércoles 9 de septiembre 2015>.

Estas son algunas de las propuestas del quinto eje del programa económico de Ciudadanos para España, que la formación de Inés Arrimadas García, candidata de Ciudadanos al 27-S catalán, está presentando en directo desde las a las 19:30 horas de este miércoles 9 de septiembre 2015 en el Auditorio AXA de Barcelona.

Según indica el documento, el objetivo de este quinto eje es acabar con la corrupción e imponer el buen gobierno mediante la combinación de sanciones legales e incentivos económicos por un lado con el rechazo moral y social por el otro. Además, Ciudadanos defiende reformas que tienen el objetivo de cambiar los valores, la cultura política, administrativa y ciudadana.

Ciudadanos propone proteger a los denunciantes (whistleblowers) dispuestos a ayudar proveyendo información en la lucha contra la corrupción y dotar a la Administración de mecanismos que permitan una lucha eficiente contra las irregularidades.

Además, desde el partido consideran necesario un cambio de la cultura pública y administrativa en relación a la opacidad, la transparencia y la rendición de cuentas y defienden la lucha por los intereses generales, contra «el negocio del conflicto de intereses» y las puertas giratorias y un fortalecimiento de la sociedad civil, de las organizaciones empresariales y sindicales y de los medios de comunicación social, entre otras medidas.

Así comienza el documento que presenta en directo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera Díaz, y el economista de Ciudadanos, Luis Garicano.

«El cambio Sensato

Propuestas de Ciudadanos para devolver a España su futuro

(Quinta parte) Propuestas contra la corrupción y contra el capitalismo de amiguetes

Introducción: Un Big Bang institucional

La investigación en ciencias sociales ha demostrado que más que la geografía, los recursos naturales o el capital físico o humano, el elemento indispensable del desarrollo económico es tener unas instituciones sanas. El buen gobierno está asociado con todos los indicadores que definen a las sociedades avanzadas: el crecimiento económico, la estabilidad democrática, la baja desigualdad, el capital social y hasta la felicidad subjetiva. Por eso creemos que la reforma institucional debe ocupar un lugar central en nuestro programa económico.

¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de «buen gobierno»? El buen gobierno es más que un gobierno que controle la corrupción. Un buen gobierno debe de operar de manera transparente, ecuánime y con reglas predecibles para todos. Un buen gobierno tiene que ser, además, un gobierno capaz de ofrecer servicios públicos de manera efectiva y políticas públicas de buena calidad sin malgastar. Y también, un buen gobierno, debe favorecer la iniciativa individual y una economía sana y dinámica. Esos son los pilares del buen gobierno que queremos (re)construir.

En el corazón del concepto del buen gobierno se encuentra una palabra: la imparcialidad. En España, los años del boom ejercieron una presión muy fuerte sobre unas instituciones que ya eran débiles de por sí. El resultado fue un dramático incremento de la corrupción política, un deterioro del Estado de Derecho y un empeoramiento significativo de las políticas públicas y de la efectividad del gobierno. En el núcleo del problema del mal gobierno Español está la falta de imparcialidad de los gobernantes: en gran medida se dedicaron a defender sus intereses en detrimento de los de la gran mayoría.

Ahora bien, avanzar hacia ese ideal de buen gobierno al que todas las naciones aspiran no es una tarea nada fácil. Es muy fácil denunciar los desastres cometidos y prometer atajos y soluciones fáciles. Lo difícil es proponer soluciones que de verdad funcionan. El problema institucional de España no se soluciona cambiando a unos políticos corruptos por unos nuevos, ni recortando el sueldo a los diputados o concejales, ni tampoco pasando un par de leyes prometiendo mejoras en los servicios sociales. Para conseguir tener unas instituciones sanas, para atajar las fuentes de la corrupción de raíz, acabar con el malgasto y mejorar la efectividad de las políticas públicas hay que transformar los malos incentivos que se encuentran en el corazón mismo del sistema.

Si después de la profunda crisis que estamos atravesando, lo único que logramos es cambiar a unas elites políticas por unas nuevas élites políticas supuestamente cargadas de buenas intenciones, habremos fracasado.

¿Pero cómo cambiar esos incentivos? Construir un buen gobierno, como convertir un mal arroz en una buena paella, requiere hacer cambios simultáneos en una serie de ingredientes, para que, aplicados en su justa medida, refuercen mutuamente sus cualidades positivas. Una paella no es buena porque tenga mucho marisco, es buena porque combinada con el resto de ingredientes, en su justa medida, logra que los buenos sabores se refuercen unos a otros para lograr un buen sabor de conjunto.

Lo mismo pasa con el buen gobierno: no sirven medidas aisladas, es necesaria una reforma institucional integral para salir del mal equilibrio y construir unas instituciones fuertes que se refuercen entre sí. No tiene sentido endurecer las penas contra la corrupción política sin al mismo tiempo introducir medidas que nos ayuden a prevenirla, como mejorar la transparencia en las decisiones de contratación pública, por ejemplo. Igualmente, las medidas que nos ayudan a acabar con la corrupción, por ejemplo, despolitizar los organismos reguladores, son imprescindibles para mejorar la calidad de las políticas públicas y acabar con el despilfarro.

Una simple mirada a la historia demuestra que las reformas institucionales funcionan mejor si van de la mano. En Suecia, a finales del siglo XIX, la corrupción campaba a sus anchas, los servicios públicos eran un desastre y nadie confiaba en el Estado. Pero de pronto, llegó un gobierno que llevó a cabo una serie de reformas institucionales simultáneas (de la justicia, de la burocracia, de los organismos reguladores…) que, en su conjunto, lograron que el sistema saliera de su equilibrio negativo y entrara en un ciclo positivo institucional. Esas reformas lograron cambiar los incentivos de políticos y funcionarios que, con el tiempo, resultaron en uno de los Estados más eficaces, justos y envidiables del mundo. Es a lo que el profesor Bo Rothstein de la Universidad de Goteburgo llama Big Bang institucional.

Nosotros no creemos que España tenga un problema cultural irremediable, como es evidente que tampoco los suecos lo tenían en su momento. No hay ninguna razón para creer que los españoles seamos incapaces de convertirnos en un país moderno y con unas instituciones envidiables. Al contrario, creemos que España tiene todos los ingredientes adecuados para lograr cualquier cosa que se proponga como país.

Hemos demostrado que cuando lo hacemos bien podemos conseguir cualquier cosa. Un buen ejemplo es la prohibición del tabaco en los restaurantes. La gente decía: «Eso es imposible en España», «Nunca lo lograremos», «Somos así, qué le vamos a hacer…». Pues bien ahora no se fuma en ningún lugar. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Metiendo a tres fumadores en la cárcel? No, lo logramos creando un sistema de sanciones creíble para los restaurantes y aportando los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la política. Es decir, cambiando los incentivos del sistema.

Hemos presentado algunas importantes reformas institucionales que son parte crucial de este Big Bang en el pasado:

1. Reformas educativas
2. Eliminación del fraude fiscal
3. Establecimiento de un sistema impositivo justo
4. Eliminación de duplicidades y gasto superfluo en administraciones

Hoy presentamos nuestras propuestas directamente dirigidas a acabar con la corrupción y el capitalismo de amiguetes:

1. Un marco integral para acabar con la corrupción política
2. Un marco integral para acabar con el capitalismo de amiguetes

Para acabar con la corrupción, instaurar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad y acabar con la patrimonialización de lo público y el despilfarro

Introducción

La relación entre buenas instituciones y progreso económico, sociedades abiertas e inclusivas y, en definitiva, el buen gobierno está muy estudiada. La corrupción que tanto parece preocupar a los españoles según los sucesivos barómetros del CIS es sólo el síntoma de una enfermedad institucional grave, la sustitución, en la práctica, del Estado moderno y fuerte que establece nuestra Constitución por un Estado débil y clientelar, presa fácil de todo tipo de intereses, empezando, claro está, por los de la propia clase política y su «clientela».

La captura y patrimonialización de las Administraciones por los políticos y sus clientes es la raíz última del deterioro institucional y de la corrupción sistémica y generalizada que estamos viviendo y que se inició —con las mismas características— en los años 90 del siglo pasado. La falta de sanción política y penal por estas conductas, unida al crecimiento económico de la década de la burbuja, que hizo disminuir sensiblemente la preocupación por la corrupción ha llevado a la situación actual. La dura crisis económica, y la sensación de que el esfuerzo y los sacrificios se han repartido de forma muy desigual e injusta, de forma que los principales responsables del despilfarro y de la corrupción parecen seguir gozando, incluso hoy, de inmunidad, ha provocado que por primera vez los ciudadanos perciban que la corrupción es un problema que les afecta directamente.

Las nuevas formas de caciquismo y clientelismo son consustanciales a la forma de hacer política de los viejos partidos, con sus listas cerradas, sus sistemas de selección «adversos», su falta de democracia interna, su financiación irregular, su falta de rendición de cuentas y su ocupación de todas y cada una de las instituciones, en particular de aquellas llamadas a controlarles. Por otra parte, el uso del dinero de los contribuyentes —sobre todo, a través de la contratación pública, pero también de las subvenciones, las concesiones, la publicidad institucional o la simple asignación de puestos y cargos públicos— permite contentar a la cada vez más extensa clientela. La ausencia de rendición de cuentas y de transparencia, así como la debilidad de la sociedad civil y los medios de comunicación ha permitido al sistema mantenerse hasta hoy, simplemente mediante un sistema de rotación entre partidos mayoritarios que se ha ido asemejando al turno establecido durante la Restauración, incluyendo una versión moderna del tradicional «clientelismo».

Si consideramos que un Estado clientelar y débil es, por definición, un Estado ineficiente en la asignación de recursos económicos, un Estado fácilmente controlable por intereses particulares y con escasa capacidad de respuesta en tiempos de crisis, así como un Estado incapaz de asegurar los intereses generales y garantizar el respeto de la ley no es de extrañar que la ciudadanía haya ido perdiendo la confianza en las instituciones, lo que erosiona gravemente su credibilidad y su legitimidad. Sin embargo, nuestro Estado y nuestras instituciones son formalmente todavía las propias del Estado social y democrático de Derecho que nuestra vigente Constitución proclama.

El objetivo de las medidas de regeneración que en este documento se recogen no es otro que el de contribuir a desmontar este modelo clientelar que se ha ido asentando en las distintas instituciones y en las distintas Administraciones y recuperar el Estado moderno, eficaz y fuerte que contempla nuestra Constitución. Somos conscientes de que es una tarea que llevará tiempo y que requerirá de un enorme esfuerzo colectivo, pero pensamos que es esencial para asegurar nuestro futuro como sociedad.

Por esa razón vamos a proponer una serie de medida que pueden servir de «palancas» en una coyuntura crítica como la que estamos viviendo en España y que en todo caso exigen, ineludiblemente, que la sociedad española tome conciencia del riesgo que supone o bien resignarse en la práctica a la existencia de un Estado clientelar, que no produce suficientes «bienes públicos» y sirve con objetividad y neutralidad los intereses generales, o bien la tentación de empezar desde cero y emprender un camino aparentemente fácil pero que puede conducir a un Estado y a unas instituciones todavía más frágiles.

En conclusión, lo esencial de nuestras medidas de regeneración consiste en regenerar las instituciones desde dentro, utilizando mecanismos ya existentes pero en desuso o implantando nuevos mecanismos e incentivos acordes con el fin y las normas que las rigen. Una institución no es solo un conjunto de normas y de personas, sino que es también una cultura de servicio a los intereses generales definidos en la norma como los fines a los que debe servir cada institución. Se trata, sencillamente, de conseguir que las leyes (desde las que predican la independencia del Poder Judicial hasta las que establecen la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional) se cumplan efectivamente, no sólo porque existe un deber jurídico de cumplirlas, sino porque los ciudadanos y, sobre todo, los políticos que les representan consideren que es su obligación o su deber moral cumplirlas.

Todas nuestras propuestas tienen como objetivo instaurar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad y acabar con la patrimonialización de lo público, la corrupción y el despilfarro. Creemos, como ha argumentado el experto estadounidense en el tema, que el éxito en la lucha contra la corrupción y por el buen gobierno radica en la combinación de sanciones legales e incentivos económicos por un lado, con el rechazo moral y social por otro.

Acabar con la corrupción e imponer el buen gobierno requiere la combinación de sanciones legales e incentivos económicos por un lado con el rechazo moral y social por el otro.

Por ello, agrupamos de esta manera nuestras propuestas como propuestas directamente dirigidas a reformar las instituciones, y reformas que tratan de cambiar los valores, la cultura política, administrativa y ciudadana.

Acabar con la corrupción e imponer el buen gobierno requiere la combinación de sanciones legales e incentivos económicos por un lado con el rechazo moral y social por el otro.

Por ello, agrupamos de esta manera nuestras propuestas como propuestas directamente dirigidas a reformar las instituciones, y reformas que tratan de cambiar los valores, la cultura política, administrativa y ciudadana.

Eje 1: Cambio de cultura política, administrativa y ciudadana

• Proteger a los chivatos (whistleblowers) dispuestos a ayudar proveyendo información en la lucha contra la corrupción.
• Dotar a la Administraciones de mecanismos que permitan una lucha eficiente contra la corrupción.
• Transformar la cultura política y administrativa en España: de la opacidad a la transparencia y de la irresponsabilidad a la rendición de cuentas.
• Afirmar la primacía del interés general sobre los intereses particulares: la lucha contra el «negocio del conflicto de intereses» y el tráfico de influencias.

• Promover la independencia y el fortalecimiento de la sociedad civil y de las corporaciones representativas de intereses empresariales y sindicales. Respetar y fomentar el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación públicos y privados.

Eje 2: Reformas institucionales:

• Mejorar el funcionamiento de los partidos políticos.
• Revitalizar el papel del Parlamento como poder legislativo y el de los diputados como representantes de los ciudadanos.
• Recuperar la neutralidad y la profesionalidad de todas las instituciones en particular las de los organismos de supervisión y control.
• Reivindicar una función pública profesional, meritocrática, neutral, capaz y responsable como pilar esencial de un Estado democrático y de derecho fuerte.
• Abordar la imprescindible reforma de las Administraciones Locales.
• Reactivar los controles administrativos internos en particular en el ámbito de la contratación pública.

EJE 1: CAMBIOS CULTURALES Y DE VALORES

1. Proteger a los denunciantes (whistleblowers) dispuestos a ayudar proveyendo información en la lucha contra la corrupción.

La lucha contra la corrupción, y más en un Estado con las características del nuestro, no puede recaer exclusivamente en los jueces penales. Además de las herramientas preventivas de las que ya hemos hablado (transparencia, controles internos, neutralidad institucional, conflictos de intereses… etc.) es preciso que aquellas personas que disponen de la información necesaria para denunciar los casos de corrupción sean protegidas de forma efectiva. De la misma forma, es preciso reactivar los mecanismos de exigencia de responsabilidad patrimonial y administrativa existentes en nuestras normas, de manera que se evite la sensación de impunidad. Es fundamental recordar que la lucha contra la corrupción no puede limitarse o identificarse con la represión penal y que las llamadas «patrullas internas» son siempre las más efectivas.

PROPUESTAS

1. Establecer en los organismos públicos unidades independientes de investigación y represión de la corrupción, en las que los ciudadanos y/o los empleados públicos puedan denunciar anónimamente las irregularidades de que tengan noticia. Si consideran que la denuncia es verosímil, estas unidades independientes deberán dar traslado de la misma al organismo competente, asumiendo directamente la posición del denunciante en la vía administrativa o judicial sin necesidad de que el ciudadano lo haga si no lo desea.
2. Establecer incentivos de carácter positivo para los denunciantes de la corrupción, una vez que se compruebe la existencia de la infracción o delito denunciado, mediante gratificaciones extraordinarias que podrán consistir en una parte de la cantidad que se haya recuperado gracias a la denuncia y/o gratificaciones sin relación con dicha cantidad y/o reconocimiento de méritos para la promoción profesional.
3. Tipificar expresamente como delito las conductas de acoso o mobbing que se lleven a cabo en el empleo público (o privado) contra una persona que hubiera denunciado un caso de corrupción relacionado con su trabajo.• Tipificar expresamente como delito las conductas de los gestores públicos (o privados) tendentes a desvelar la identidad del denunciante de la corrupción. • Impedir la utilización de fondos públicos por parte del gestor público para realizar actuaciones contra el denunciante de la corrupción, particularmente en los procedimientos judiciales. Se aplicará también en aquellos supuestos en que el gestor público sea demandado por el denunciante de la corrupción (por ejemplo, por mobbing) • Garantizar el secreto de la identidad de los denunciantes que tengan que declarar como testigos en procedimientos judiciales o administrativos que se sigan en casos de corrupción, pública o privada.

   • Conceder a los denunciantes de delitos de corrupción la condición de testigos protegidos si estos así lo solicitan.

   2. Dotar a la Administración de mecanismos que permitan una lucha eficiente contra la corrupción

   Hay que dotar a la Administración y al Poder Judicial de mecanismos más efectivos de lucha contra la corrupción. En particular, se trata de crear equipos multidisciplinares para luchar contra la corrupción (inspectores de Hacienda, policías, fiscales, técnicos especializados en el sector de que se trate… etc.), además de proteger de forma efectiva a los informantes o denunciantes de la corrupción (normalmente, los funcionarios o empleados públicos que trabajan en el organismo en que se producen los casos de corrupción) exigir claramente responsabilidades políticas y jurídicas (no sólo penales) para los responsables y hacer efectivos los mecanismos de resarcimiento patrimonial o indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al erario público y a los contribuyentes de manera que la corrupción no salga «barata».

PROPUESTAS

1. Asegurar la responsabilidad de los implicados en casos de corrupción, particularmente, la política y la jurídica no penal. Las personas que hayan sido imputadas judicialmente por delitos relacionados con la corrupción no podrán presentarse en listas electorales ni ocupar cargos públicos mientras dure esta situación.
2. Considerar la imputación formal como causa de cese inmediato en los supuestos de cargos de libre designación
3. Exigir el llamado «Derecho de Repetición» cuando el alto cargo o cargo público haya producido con su conducta un daño y perjuicio al erario público, haciendo efectivo este derecho contemplado en nuestras normas. Restaurar la posibilidad de que la acción de repetición se dirija directamente por los interesados contra el cargo público sin necesidad de que sea la Administración la que tenga que instar este derecho de repetición.
4. Garantizar que la defensa legal de la investigación de conductas presuntamente irregulares de un cargo público no corra en todo caso por cuenta del erario público. Debe de realizarse un juicio previo sobre la conveniencia de que el imputado o supuesto responsable asuma los honorarios de su defensa, sin perjuicio de que si resulte absuelto o no responsable pueda solicitar el reembolso de los gastos. En estos supuestos no deben de contratarse letrados privados con cargo a fondos públicos.

• Suprimir los aforamientos.
• Modificar la ley del indulto, de manera que sólo se pueda indultar en casos excepcionales, de forma motivada y en ningún caso en contra de los informes técnicos que obren en el expediente y en particular del criterio del tribunal sentenciador. Supresión temporal de los indultos en delitos ligados a la corrupción política.• Fomentar el trabajo de equipos multidisciplinares para los casos de corrupción, que deberán actuar de forma independiente y bajo la sola supervisión del Juez de instrucción. • Reactivar los mecanismos para exigir responsabilidad patrimonial a los responsables de haber causado daños y perjuicios a los intereses generales. ….seguir la lectura en documento (pdf) [aquí].