Redacción.- Madrid (España), lunes 25 de octubre de 2021. Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs). Propuesta No de Ley Reprobación Ione Belarra Urteaga, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España y secretaria general de Podemos. «Competencia Subcompetencia Tipo Expediente. Competencias de la Cámara Control e información. 162-Proposición no de Ley ante el Pleno.
Fdo.: Edmundo Bal Francés, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
A la Mesa del congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por las declaraciones en que acusaba de prevaricar al Tribunal Supremo en relación a la sentencia dictada contra el ex Diputado Alberto Rodríguez, para su debate en Pleno. Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una democracia digna de tal nombre, se asienta, como principio irrenunciable sobre la clásica división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) cuya independencia debe asegurarse, en beneficio de los ciudadanos, para que ninguno de los poderes del Estado prevalezca arbitrariamente sobre los demás.
Dicho principio de separación de poderes no se agota evidentemente en los textos legales, singularmente en nuestra Constitución, sino que debe impregnar nuestra cultura política democrática y servir de guía de las actuaciones y manifestaciones de las personas que representan a las instituciones del Estado; así, sin perjuicio del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, los responsables públicos deben ser especialmente cuidadosos a la hora de pronunciarse sobre actuaciones de los demás poderes del Estado.
En este sentido, resultan especialmente desafortunadas las recientes declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien respecto de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el exdiputado Alberto Rodríguez, condenado por atentado a la autoridad, se ha pronunciado en los siguientes términos:
«Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación».
La ministra Belarra acusa directamente al Tribunal Supremo de condenar sin pruebas, así como de hacerlo con una intencionalidad política y, además, de presionar al Congreso de los Diputados. Pero por si la literalidad de sus palabras dejaba alguna duda añade explícitamente la acusación de «prevaricación».
No nos encontramos ante unas declaraciones interpretadas o citadas erróneamente por medios periodísticos sino ante el contenido literal de un mensaje publicado por la propia ministra en sus redes sociales.
La reacción del Poder Judicial ante este intolerable ataque ha sido categórica, como no podía ser de otra manera.
Así, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que expresaba «su absoluto y rotundo rechazo a las manifestaciones de Belarra con mayor rotundidad que en otras ocasiones porque atribuyen la comisión de un delito a magistrados excediendo los límites del derecho a la libertad de expresión además de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación».
Tal y como señala el Concejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ione Belarra, en tanto que miembro del Gobierno de España, sitúa con sus declaraciones las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder judicial en un «plano completamente indeseable».
Lamentablemente, este episodio de singular gravedad, viene a ser la continuación de anteriores manifestaciones también vertidas en el pasado reciente por miembros del Gobierno en la misma línea de menoscabar la independencia, imparcialidad y objetividad del poder judicial; así ocurrió también cuando en 2020, el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias no dudó en instar al Poder Judicial a abstenerse de hacer una «utilización política de la justicia».
En definitiva, las manifestaciones de la ministra Belarra, son de una extrema gravedad y la inhabilitan políticamente para seguir formando parte del Gobierno de España.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por las declaraciones en las que acusaba de prevaricar al Tribunal Supremo en relación a la sentencia dictada por este órgano contra el ex diputado Alberto Rodríguez.
2. Insta al Presidente del Gobierno a que destituya a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2039, Ione Belarra.
