Efe – La CUP, ha subrayado, tampoco puede «tolerar que haya sombras de malas praxis en temas de corrupción», teniendo en cuenta además que «en Cataluña la corrupción ha hecho muchísimo daño y el independentismo ha sido perseguido por la sombra de la corrupción». La CUP, sin embargo, considera intrascendente lo que puedan votar o hacer los diputados independentistas, ya que, dada la correlación de fuerzas parlamentarias, Borràs tiene la votación «perdida», por lo que es seguro que se aprobará el suplicatorio y su caso quedará en manos del juez Manuel Marchena. Madrid (España), 13 de junio de 2020.
La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha defendido este viernes el ‘no’ a su suplicatorio porque está convencida de que en el Tribunal Supremo tendría un «juicio injusto», y ha rechazado la posibilidad de renunciar a su escaño como propone la CUP para que la juzgue un tribunal ordinario.
Borràs compareció este jueves ante la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso para presentar sus alegaciones ante el suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo para investigarla por presuntos delitos cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Y hoy viernes ha trascendido la solución que le ha hecho llegar la CUP: dejar su escaño para evitar que sea el Supremo quien la juzgue y para demostrar «ejemplaridad», según ha explicado la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí.
Fuentes de ERC consultadas por Efe han evitado comentar la propuesta de la CUP, al considerar que la debe valorar la propia Borràs; los republicanos aún no han tomado una decisión sobre la votación del suplicatorio y seguirán hablando con JxCat y la CUP.
Ya hace días que JxCat, ERC y la CUP negocian para intentar acordar una posición común de cara a la votación del suplicatorio.
La CUP, sin embargo, considera intrascendente lo que puedan votar o hacer los diputados independentistas, ya que, dada la correlación de fuerzas parlamentarias, Borràs tiene la votación «perdida», por lo que es seguro que se aprobará el suplicatorio y su caso quedará en manos del juez Manuel Marchena.
Según Vehí, no serviría pues «de nada» que los diputados independentistas se ausentaran de la votación del suplicatorio.
Lo que sí sería efectivo, ha destacado, sería que Borràs renunciara a su escaño en el Congreso, perdiese así su condición de aforada y su caso pasase entonces a manos de un tribunal ordinario.
Así, ha añadido Vehí, se aseguraría «un juicio de entrada mucho más justo que el que pueda tener en el Tribunal Supremo» y podría «esclarecerse» si en la ILC «ha habido o no delito».
La CUP, ha subrayado, tampoco puede «tolerar que haya sombras de malas praxis en temas de corrupción», teniendo en cuenta además que «en Cataluña la corrupción ha hecho muchísimo daño y el independentismo ha sido perseguido por la sombra de la corrupción».
Vehí ha emplazado a Borràs a que «haga un acto de generosidad hacia el independentismo y sea ejemplar» como cargo electo.
Sin embargo, Borràs ha dejado claro, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que no piensa renunciar a su condición de diputada porque el mensaje que se trasladaría «a las cloacas del Estado» sería el siguiente: «Continuad haciéndolo porque es efectivo, porque cuando apuntáis a una persona y le construís casos con informes falsos de la Guardia Civil, el efecto es que esta persona se aparta».
Borràs ha dicho que no puede «pedir» a ERC y a la CUP que voten en contra del suplicatorio porque cada grupo es libre de votar lo que considere oportuno, pero ha advertido: «Para impedir un juicio sin garantías hay que votar que ‘no’ al suplicatorio».
Según Borràs, «si no se quiere que haya un juicio que ya se sabe que será injusto, hay que preservar esta inmunidad».
A Borràs se la acusa de haber facilitado, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, la adjudicación presuntamente irregular de una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260.000 euros, por lo que podría haber delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.
Por su parte, el Parlament ha acordado citar al actual director de la ILC, Oriol Ponsatí, para que explique su posición ante el informe de la Sindicatura de Cuentas según el cual esta institución fraccionó contratos cuando la dirigía Borràs.
