Lasvocesdelpueblo y Agencias – El gobierno separatista de Juntos Por El Sí (ERC y CDC) JxSí con el apoyo de la extrema izquierda secesionista autoproclamada partido de los pobres catalanes (CUP) prevé recaudar 180 millones de euros anuales con las modificaciones fiscales de los presupuestos del 2017. CUP y JxSí ha pactado un gravamen (una carga de impuesto) a las bebidas azucaradas, que supondrán 41 millones de euros anuales (31 millones de euros para 2017). También, la CUP ha acordado con JxSí eliminar la deducción adicional de 1,5 puntos del IRPF para una familia pobre catalana para la compra de una vivienda con sueldos total (del marido y la mujer) superiores o igual a 30.000 euros anuales. Barcelona (España), viernes 11 de noviembre de 2016. Fotografía: La golpista beligerante extremista diputada de la CUP, Gabriela Serra, durante una rueda de prensa de la CUP tras una asamblea de la organización contra la investidura del delincuente Artur Mas Gavarró. Archivo Efe.
El Gobierno autonómico secesionista de Juntos Por El Sí (ERC y CDC) con el apoyo de la CUP prevé recaudar hasta 180 millones de euros anuales con el conjunto de modificaciones fiscales que prevé la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2017. Un incremento de recaudación que será de 120 millones de euros en 2017. :
La propuesta del Gobierno secesionista excluyente, que es fruto de las negociaciones con la CUP en los últimos meses, se someterá a la opinión de las asambleas territoriales de la CUP y el consejo político de este sábado.
Las modificaciones fiscales que aportarán más recursos son el impuesto medioambiental que sustituye el impuesto nuclear suspendido por el Tribunal Constitucional de la patria (TC), que aportará 60 millones de euros anuales (29 millones de euros el 2017). Por otra parte, el acuerdo con la CUP incluye tramitar al margen de los presupuestos un nuevo impuesto para gravar activos como yates o vehículos que son propiedad de una empresa para evitar el impuesto de patrimonio.
Desde este jueves 10 de noviembre, CUP y JxSí han salido del secretismo y ya se puede ver y averiguar hacia donde apuntan. Uno de los puntos más difíciles de las negociaciones entre JxSí y la CUP ha sido la modificación del IRPF que la formación secesionista de los okupas y de los «Ni Ni» (ni estudian ni trabajan) pedía para las rentas más altas en Cataluña.
Finalmente, se ha incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017 eliminó la deducción adicional del tramo autonómico de 1,5 puntos del IRPF por la compra de vivienda habitual para las rentas superiores a 30.000 euros anuales.
Una modificación que afecta a 250.000 personas que compraron un piso antes de 2011 y que aún la están pagando. Con este cambio fiscal el Departamento de Economía prevé ingresar 12,6 millones de euros en 2018 sumando que también se suprime la deducción por inversión en acciones de entidades que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
El acord con la CUP también incluye crear un nuevo impuesto, al margen de los presupuestos ya través de una proposición de ley, para grabar activos no productivos como pueden ser yates o vehículos que están a nombre de una empresa pero tienen un uso particular para evitar pagar el impuesto de patrimonio.
El consejero de Economía del gobierno de JxSí asegura que no se trata de un impuesto de grandes fortunas, ya que Cataluña no tiene competencias para hacerlo a diferencia del País Vasco, pero lo entienden como una manera de grabar expresiones de riqueza que generan desigualdades importantes en la sociedad.
Según Economía, este impuesto no está suficientemente maduro para incorporarlo a las cuentas del 2017.Els cambios fiscales también afectan a dos tributos que están judicializados.
Un nuevo impuesto a las nucleares, lo anterior está en el Tribunal Constitucional (TC), y una revisión del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, teniendo en cuenta que está en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En el caso del nuevo impuesto a las nucleares graba el riesgo medioambiental que conlleva una serie de actividades relacionadas con elementos radio-tóxico generados en reacciones termonucleares.
Un fondo que podrá destinarse a reactivar la economía pero también a prevenir riesgos radiactivos y mantener los sistemas de control.
Con este nuevo tributo el Gobierno separatista de Carles Puigdemont Casamajó prevé recaudar 60 millones de euros anuales pero sólo 28 millones de euros en 2017, ya que entrará en vigor con pagos fraccionats.
En cuanto a la modificación del impuesto de establecimientos comerciales, el principal cambio es que la base imponible pasa ser el número de vehículos privados que acceden a estos establecimientos, con el objetivo de grabar de manera más exacta la externalidad medioambiental que generan las grandes superficies.
Economía destaca que no es un impuesto altamente recaudatorio sino que se trata de introducir un coste ambiental. Concretamente, el Gobierno prevé recaudar 17,3 millones de euros el 2018.
Un otro nuevo impuesto es el que grava las bebidas azucaradas embalsadas con el objetivo de fomentar un cambio de hábitos más saludables.
Las bebidas que contengan de 5 a 8 gramos de azúcar por 100 ml costarán 8 céntimos más y las que tengan un nivel superior de 8 gramos costarán 12 céntimos más que ahora. Este impuesto entrará en vigor el 1 de abril de 2017 y supondrá una recaudación anual de unos 40 millones de euros y de 30 millones de euros el 2017.
El Gobierno separatista excluyente también prevé incrementar la recaudación en 7,68 millones del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre unos ingresos fiscales que se levantaron hasta los 43,17 millones en 2015.
El proyecto de presupuestos de 2017 debería incluir un gravamen sobre los cruceristas que pasen menos de 12 horas en Cataluña, que pasarán a abonar una tasa turística de 0,65 euros, mientras que los viajantes en cruceros que estén más de 12 en el país seguirán abonando una tasa de 2,25 euros.
Por otra parte, la modificación del impuesto turístico también prevé que las empresas intermediarias de pisos turísticos (como por ejemplo Airbnb) pasen directamente a cobrar a los usuarios una tasa turística de 2,25 euros por pernoctación.
Esta modificación legal entraría en vigor en enero de 2017 y también permitiría a los contribuyentes abonar la tasa semestralmente y no trimestralmente como se ha hecho hasta ahora, así como hacer autoliquidaciones.
Otra modificación fiscal es la que afecta al impuesto sobre pisos vacíos, que ya no está suspendido por parte del Tribunal Constitucional de la patria.
La recaudación prevista para este 2016 es de 11,5 millones de euros y los presupuestos de 2017 estiman que estos ingresos fiscales se rebajen en 337.417 euros, gracias a la introducción de un mínimo exento para los tenedores de inmuebles que sumen una superficie inferior a 350 metros cuadrados, que también quedarán exentos de presentar la autoliquidación.
Así, el número de contribuyentes se rebaja de 190 a 60 y el tributo se concentrará en los grandes tenedores de inmuebles.
El Gobierno antiespañol de JxSí con el apoyo de la CUP también modificará el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (TPO), que quiere aportar progresividad al tributo y homogeneizar los tipos impositivos.
En cuanto a los bienes inmuebles, se establece una tarifa del 10% para valores hasta un millón de euros, mientras que la tarifa será del 11% para los valores superiores a partir de un millón.
Igualmente, se establece un tipo del 5% para todas las transmisiones de bienes muebles (no sólo vehículos) y una bonificación del 99% para arrendamientos de viviendas del parque público destinados a alquiler social.
El incremento de los tipos generará una ganancia de recaudación de 4,8 millones en 2017.
Adicionalmente, los Actos Jurídicos Documentados pasarán del 1,8% al 2,5% de tributación para empresas para evitar la elusión fiscal a favor del IVA en detrimento del TPO.
El CUP y JxSí también prevén actualizar el impuesto sobre el juego para evitar la pérdida de recaudación real. Concretamente, se actualizan las tarifas unitarias que afectan a las máquinas tragaperras de los bares y las que están en los bingos y casinos. Se calcula que con este cambio se ingresarán 12,5 millones de euros el 2017.
La propuesta del Gobierno secesionista excluyente, que es fruto de las negociaciones con la CUP en los últimos meses, se someterá a la opinión de las asambleas territoriales de la CUP y el consejo político de este sábado.
Salvadó se muestra optimista sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo con la ocupan unas declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Hacienda del Gobierno, Lluís Salvadó, ha explicado que las propuestas fiscales que el ejecutivo secesionista pondrá encima de la mesa para acompañar los presupuestos de 2017 son fruto del «diálogo» entre JxS y la CUP y que se ha intentado buscar «opciones imaginativas» que aporten «consenso».
Según Salvadó, «hay un punto de optimismo en el trabajo realizado y en el incremento recaudatorio, que superará los 180 millones de euros en un ejercicio corriente», dijo.
«Tenemos la voluntad de ganar progresividad, levantar impuestos impugnados por el estado español, luchar contra el fraude fiscal, desarrollar las potencialidades extra-fiscales de nuestro sistema tributario y luchar contra externalidades que afectan a la economía y la sociedad catalana».
El secretario de Hacienda del gobierno de JxSí señaló que se corrigen deducciones del IRPF «que no eran progresivas» y que esto generará un incremento de más de 12 millones de euros en la recaudación del impuesto.
Igualmente, Salvadó ha recordado que Cataluña no tiene competencias para aprobar un impuesto sobre grandes fortunas como el que se aprobó en la comunidad autónoma española del País Vasco.
Pero que, teniendo en cuenta que es mejor técnicamente este tributo que el impuesto de patrimonio que rige en todo el España, el gobierno de JxSí ha decidido formular un gravamen que «permita desarrollar algunas mejoras como es el caso del tributo sobre activos no productivos y suntuosos que tienen las sociedades».
Por último, Salvadó ha recordado que las necesidades sociales del país «son enormes» y que los impuestos «siempre son insuficientes para dar respuesta a todas», pero que el Gobierno también «es consciente de que la presión fiscal en Cataluña es bastante elevada y que ya se incrementó en 1.000 millones de euros durante la última legislatura» con el pacto entre CiU y ERC.
Por ello, el responsable de Hacienda ha afirmado que «habrá que buscar más caminos en el futuro como la reducción del expolio fiscal», a fin de mejorar los ingresos de la Generalitat.
