Destacadas propuestas de Desregulación de VOX

Madrid (España), sábado 27 de junio de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- A continuación las destacadas propuestas de VOX, primeras medidas en materia de Desregulación, de un documento económico de 80 folios que Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso.

El portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo Álvarez-Sala (José María Figaredo), ha sido el encargado de presentar y explicar el documento.

Los destacados dirigentes de VOX: el presidente de VOX, Santiago Abascal Conde; el secretario general de VOX, Ignacio Garriga Vaz de Conceiçao; el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo Álvarez-Sala (José María Figaredo); el vicepresidente del Gobierno autonómico de Aragón, Alejandro Nolasco Asensio; el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán Fernández; y el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle; han presentado este sábado el llamado «Programa de Desregulación ¡Al Grano! Una Vida Más Fácil» de VOX durante un multitudinario acto público de clausura de la Asamblea General Ordinaria de VOX 2026 en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid, capital de España.

PROPUESTAS DE VOX PRIMERAS MEDIDAS EN MATERIA DE DESREGULACIÓN

Las propuestas de VOX en materia de desregulación parten de la revisión profunda de toda la normativa y la burocracia asociada, con el objetivo de eliminar todos los obstáculos que están arrebatando la prosperidad a las empresas, trabajadores y familias españolas. Las siguientes medidas no agotan todas las propuestas que VOX propone o que va a poner en marcha en los diferentes gobiernos regionales de los que formamos parte, sino que son las medidas que van a vertebrar y que permiten visualizar la arquitectura de desregulación integral que vamos a llevar a cabo.

• Revisión sistemática de la Administración, sus procedimientos y la burocracia que soporta el ciudadano. Toda actuación administrativa deberá justificar su existencia, su utilidad y su proporcionalidad. Lo que no sea estrictamente necesario, se suprime. Lo que sea necesario, se simplifica al máximo. Esta revisión será permanente, transversal y afectará a todos los niveles administrativos, sin excepción y sin sectores blindados.
• Buzón de desregulación. Se habilitará un canal permanente y accesible para que cualquier ciudadano, autónomo, empresa, asociación o profesional pueda proponer la supresión o simplificación de cualquier norma, trámite o exigencia administrativa que considere innecesaria, redundante o desproporcionada. Quienes sufren la burocracia en su día a día son quienes mejor saben dónde sobra. Las propuestas recibidas serán objeto de análisis sistemático y alimentarán de forma continua el trabajo de revisión normativa del Gobierno.
• Mesas sectoriales de desregulación. El buzón recoge propuestas individuales; las mesas sectoriales recogerán las de quienes representan a sectores enteros. El Gobierno se sentará, de forma sistemática y periódica, con asociaciones empresariales, colegios profesionales, organizaciones de autónomos, patronales sectoriales y representantes de la sociedad civil productiva, para identificar qué normas sobran, qué trámites entorpecen y qué cargas pueden suprimirse o simplificarse. Quienes producen, contratan, fabrican, transportan, cultivan y prestan servicios cada día son los que mejor conocen dónde aprieta la burocracia y cómo resolverla. La desregulación no se diseñará desde un despacho, sino escuchando a quienes la necesitan.

Programa de Desregulación ¡Al Grano! Una Vida Más Fácil de VOX

• Derogar tres normas por cada una que se apruebe. Cada ley nueva tendrá que identificar, en su propio texto, qué tres normas vigentes deroga. Sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba. Basta ya de legislaturas que añaden miles de normas y no retiran ninguna. Los españoles no pueden seguir cargando con un Boletín Oficial que crece sin parar mientras su libertad mengua.
• Inteligencia artificial al servicio del ciudadano. Ninguna máquina puede superar a la atención humana y personal, de ahí la importancia de que los funcionarios estén a lo importante. La Administración usará la IA de forma masiva, siempre desde el respeto al hombre por encima de la IA, para acabar con esperas, papeleo y trámites absurdos: resolución automática de expedientes sencillos, asistentes que guíen al ciudadano paso a paso, detección de duplicidades y contradicciones entre normas, traducción inmediata de la jerga administrativa a lenguaje comprensible. La tecnología existe, lo que falta es voluntad política. Si un español tarda hoy meses en obtener una respuesta que una máquina puede dar en segundos no es un problema técnico, sino un problema de quien gobierna. Liberar al funcionario de tareas repetitivas y mecánicas es también devolverle a su verdadera función: atender al ciudadano.
• Una sola base de datos para toda la Administración. El ciudadano no volverá a entregar un papel, un certificado o un dato que la Administración ya tiene. Se acabó el peregrinaje de ventanilla en ventanilla pidiendo documentos que el propio Estado emitió. Todas las administraciones compartirán una base de datos común, y será la Administración la que se mueva por dentro, no el ciudadano el que corra por fuera.
• Fin de los mercados parasitarios que la burocracia ha creado. Allí donde hay un trámite que no funciona, brota inmediatamente un negocio que se aprovecha de él: reventa de citas en extranjería, DNI, Tráfico o Seguridad Social; gestores que cobran por trámites que deberían ser gratuitos y resolverse en cinco minutos; acaparadores de permisos administrativos que nunca llegan a desarrollarse. Detrás de cada mercado secundario hay una traba que sobra. Vamos a hacer dos cosas a la vez: perseguir sin contemplaciones a las mafias que se lucran con la reventa de citas y trámites, y atacar la causa que los hace posibles, simplificando los trámites afectados y aplicando la caducidad automática de los permisos que no se materializan. La burocracia no puede ser nunca un negocio a costa del ciudadano.
• Silencio administrativo positivo y declaración responsable como regla general. Si la Administración no contesta en plazo, el ciudadano gana. Y si una actividad no entraña riesgo grave, basta con declararla para empezar a ejercerla. Quedan fuera, como excepción tasada, algunas materias que afectan a la soberanía nacional y al control de quién entra y se queda en España: nacionalidad, residencia, permisos de trabajo a extranjeros y, en general, inmigración. Ahí el silencio jamás jugará a favor de quien pretenda burlar nuestras leyes.
• Ley de Mercado Abierto. Lo que es legal en una región de España, lo es en toda España. Cualquier empresa, profesional o producto que ya opere legalmente en una Comunidad Autónoma podrá hacerlo en el resto del territorio nacional sin trámites, licencias ni registros adicionales. España es un solo mercado y una sola nación: no puede ser que un autónomo, un comerciante o un fabricante tenga que pedir diecisiete permisos distintos para vender lo mismo.
• Fin de la obligación de cita previa. La cita previa nació como una ayuda al ciudadano y ha terminado siendo un muro para no atenderlo. Hoy es imposible entrar en una oficina pública, renovar un documento o hacer una gestión básica sin pelearse durante semanas con una web que nunca tiene huecos. Se acabó. Ninguna Administración podrá exigir cita previa como condición para atender al ciudadano. Quien quiera pedirla, podrá hacerlo; quien se presente sin ella, será atendido igual. La Administración está para servir al ciudadano, no para esconderse de él.
• Fin del gold-plating: ni una sola exigencia por encima de lo que pide Bruselas. Durante décadas, los gobiernos del bipartidismo han aprovechado cada directiva europea como excusa para sobrerregular a los españoles, añadiendo cargas, trámites y obligaciones que Bruselas no exige. Se revisará toda la normativa española de origen europeo para podarla y dejarla en el mínimo imprescindible. Y, de aquí en adelante, las directivas se transpondrán de forma literal y ajustada, sin adornos ni añadidos ideológicos. Si Bruselas ya nos asfixia bastante, no hace falta que nuestros gobernantes aprieten todavía más la soga.
• Cargas impuestas desde Bruselas a las empresas: al mínimo en España, batalla por su eliminación en Europa. Registro salarial, auditorías retributivas y todo el aparato de control salarial que obliga a la empresa a justificar ante la Administración cuánto paga, a quién y por qué. Canal interno de denuncias. Medición de la huella de carbono. Estado de información no financiera, esto es, el famoso informe ESG: decenas de páginas que la empresa debe dedicar a detallar su política de diversidad, sostenibilidad, igualdad y demás letanías ideológicas. Capas y capas de burocracia que no han reducido ninguna brecha, no han bajado un solo gramo de CO₂ y no han evitado ni un solo escándalo, pero sí han disparado los costes de cumplimiento y enriquecido a un ejército de consultores. Mientras estas obligaciones vengan impuestas por directivas europeas, se transpondrán en el mínimo absoluto que permita la norma, sin un solo añadido ni una sola coma de más. Y a la vez, daremos en Bruselas la batalla por su revisión y eliminación. La empresa española no está para sostener la industria de la consultoría.
• Protección de datos en mínimos: fin del gold-plating español sobre el Reglamento europeo. El legislador español, en lugar de limitarse a lo que pedía Bruselas, ha multiplicado por cuatro la extensión de la norma, ha añadido derechos digitales nacionales, ha tipificado tratamientos específicos donde Europa no pedía nada y ha convertido a la Agencia Española de Protección de Datos en una máquina sancionadora que persigue especialmente a pymes y autónomos. Países como Estonia han resuelto lo mismo en quince artículos. Vamos a reescribir la Ley Orgánica de Protección de Datos en clave de mínimo imprescindible: solo lo que exige Bruselas, redactado de forma clara, breve y sin trampas. La AEPD pasará de organismo sancionador a organismo de ayuda y asesoramiento, especialmente para las pymes.
• Leyes de armonización para acabar con el caos autonómico. El Estado recuperará el uso del artículo 150.3 de la Constitución para imponer reglas comunes allí donde las Comunidades Autónomas han convertido España en diecisiete países distintos. Justicia, carreteras, comercio, sanidad, fiscalidad, educación o urbanismo no pueden seguir siendo un laberinto donde cada español tiene unos derechos, unas obligaciones y unos trámites distintos según el lugar en el que viva o trabaje. Un solo país, mismas reglas. El interés general de la nación está por encima del capricho de cualquier gobierno autonómico.
• Principio de mínima intervención o carga normativa. Toda nueva norma deberá aprobarse aplicando la alternativa menos restrictiva, menos burocrática y menos costosa posible para ciudadanos, autónomos y empresas. La Administración tendrá la obligación de justificar expresamente cualquier carga, trámite o limitación adicional que pretenda imponer.
• Fin del castigo a empresas y autónomos. En España, crecer se castiga. La empresa española no compite contra sus rivales: compite contra el Boletín Oficial del Estado. Mientras nuestros vecinos producen, contratan e innovan, aquí los empresarios y autónomos dedican la mitad de su tiempo a rellenar planes, registros, protocolos, auditorías e informes que no aportan absolutamente nada a su actividad. Cada empleado nuevo, cada euro facturado, cada año cumplido dispara automáticamente una nueva avalancha de obligaciones burocráticas. El autónomo que abre la persiana a las seis de la mañana no necesita un protocolo de desconexión digital: necesita que le dejen trabajar. La pyme que quiere contratar a su empleado número 50 no necesita un plan de igualdad: necesita que no la castiguen por crecer. Vamos a devolver a la empresa española a lo único que debería hacer: producir, contratar y prosperar.
• Fin de la trampa de los 50 empleados. Hoy, una pyme que pasa de 49 a 50 trabajadores se convierte de la noche a la mañana en un monstruo burocrático: plan de igualdad, plan LGTBI, auditoría retributiva, comité de seguridad y salud, canal interno de denuncias y un sinfín de obligaciones más. El resultado es previsible: miles de empresas se quedan congeladas en 49 empleados para no entrar en el infierno regulatorio. Empleos que no se crean, sueldos que no suben, españoles que no prosperan. Vamos a eliminar todas esas obligaciones que castigan a la empresa por el simple hecho de crecer.
• Derogación del plan de igualdad obligatorio. La igualdad ante la ley ya está garantizada por la Constitución. Obligar a cada empresa a redactar, negociar, registrar y revisar periódicamente un plan de igualdad es burocracia ideológica disfrazada de progreso. Se deroga.
• Derogación del plan LGTBI obligatorio. Ninguna empresa debe estar obligada a redactar planes para acreditar su adhesión a una agenda. Las empresas están para contratar a los mejores, no para certificar su corrección política. Se deroga.
• Derogación del protocolo de desconexión digital obligatorio. Las condiciones de trabajo se pactan entre empresa y trabajador, debiendo garantizar siempre unas condiciones laborales justas y dignas para todos los trabajadores. No hace falta un protocolo oficial registrado por triplicado para apagar el móvil al salir del trabajo. Se deroga.
• Derogación del plan de movilidad sostenible obligatorio. La Administración ya ha complicado bastante el transporte a todos los trabajadores bajo la excusa de la sostenibilidad ambiental. No podemos permitir más burocracia ideológica que hace perder tiempo y dinero. Se deroga.
• Prevención de riesgos laborales proporcional al riesgo real. En sectores con riesgo serio (construcción, química, siderurgia, manipulación de maquinaria pesada…), la prevención de riesgos es imprescindible y debe mantenerse con todas las garantías. La seguridad de los trabajadores no se negocia. Sin embargo, la aplicación universal y acrítica de la normativa a cualquier microempresa, sin importar la actividad que realmente desarrolla, ha llenado el día a día de las pymes españolas de cursos, protocolos y certificaciones sin la menor utilidad práctica, muchas veces ligados a los riesgos del convenio sectorial en el que están encuadradas y no a su trabajo real. Vamos a sustituir el modelo actual por uno basado en el riesgo real de cada actividad, no en el convenio formal de encuadramiento. Se eliminarán las exigencias formales y los cursos sin utilidad práctica, y las microempresas sin riesgo significativo quedarán sometidas a un régimen ultra-simplificado.
• Fin del registro horario obligatorio universal. El registro horario nació para perseguir abusos y ha terminado convertido en una carga absurda para teletrabajadores, profesionales por objetivos, autónomos con empleados y miles de pymes donde no tiene ningún sentido. Empresa y trabajador podrán acordar libremente cómo organizar y controlar el tiempo de trabajo. Quien quiera fichar, que fiche. Quien trabaje por objetivos, que trabaje por objetivos. La Administración intervendrá donde haya indicios reales de abuso, no para vigilar de forma generalizada a quien cumple.
• Una empresa, un único expediente administrativo nacional. Toda empresa operará en España con un único expediente digital interoperable ante Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Quedará prohibido exigir documentos, licencias o datos ya aportados ante otra Administración.
• Libertad para el comercio español. Que el comerciante decida. El pequeño comercio, la tienda de barrio y la pyme familiar llevan décadas asfixiados por una maraña de licencias duplicadas, etiquetas que cambian al cruzar una frontera autonómica y normas de envasado que multiplican costes sin aportar nada. Mientras el comercio online global vende sin restricciones, al comercio físico español se le ata de pies y manos. Devolveremos al comerciante la libertad para hacer prosperar su negocio.
• Libertad de promociones, rebajas y campañas comerciales. El comerciante debe poder organizar sus rebajas, ofertas y promociones como quiera y cuando quiera. Hoy, sin embargo, una maraña de normas estatales y autonómicas regula al detalle cuándo puede haber rebajas, cómo deben anunciarse y qué se considera «saldo», «liquidación» o «promoción», con calendarios cerrados, comunicaciones previas y requisitos que no protegen a nadie y solo entorpecen la actividad. Mientras tanto, el comercio online vende cuando quiere y como quiere, sin esas ataduras. Vamos a derogar todas esas restricciones a las rebajas, promociones, saldos y liquidaciones, y a devolver al comerciante la libertad plena para decidir sus campañas. Quien mejor sabe cómo atraer a sus clientes es quien se juega su propio negocio, no la Administración.
• Fin de la doble licencia comercial. Hoy, abrir un comercio mediano o grande en España exige sortear no una, sino dos vueltas administrativas: la municipal y la autonómica, esta última camuflada con frecuencia como «informe vinculante» que actúa como una autorización encubierta. Resultado: meses o años de espera, miles de euros en informes y un mensaje claro a quien quiere invertir en España: no lo hagas. Una sola licencia, un solo trámite, un solo plazo. Quien quiera abrir un comercio cumpliendo la ley, podrá hacerlo.
• Etiquetado y envasado: una sola norma para toda España, armonizada con Europa. El etiquetado y el envasado están en gran medida regulados por Bruselas mediante reglamentos de aplicación directa. En España, además, las Comunidades Autónomas han ido añadiendo capas propias: obligaciones lingüísticas distintas en cada territorio, sistemas de devolución de envases también distintos, exigencias adicionales que convierten la venta del mismo producto en diecisiete operaciones diferentes. Vamos a derogar todas las exigencias autonómicas que añadan requisitos por encima de la norma europea. Un mismo producto, una misma etiqueta, un mismo envase, válido en toda España y en toda Europa. En paralelo, defenderemos en Bruselas la simplificación de la normativa comunitaria de etiquetado y envasado.
• España tiene mucho potencial, pero los políticos lo bloquean. España tiene sol, viento, agua, capacidad industrial, ingenieros, suelo, recursos naturales bajo tierra y demanda. Tiene todo lo necesario para ser una potencia energética e industrial. Y, sin embargo, lleva años bloqueada. Bloqueada para conectar una nueva fábrica a la red. Bloqueada para construir una promoción de viviendas porque no hay potencia eléctrica disponible. Bloqueada para autorizar una línea, una subestación, una infraestructura. Bloqueada por ley para explotar sus propios recursos, mientras cierra por ideología centrales nucleares que funcionan y paga a Bruselas por el derecho a producir. Mientras China levanta fábricas enteras en meses, en España un proyecto industrial puede pasar más tiempo esperando informes que produciendo. La culpa no es de la geografía: es de las trabas que hemos puesto encima. Vamos a quitarlas y a devolver a España su soberanía energética e industrial.
• Fin del tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas. Hoy las eléctricas tienen prohibido invertir en redes por encima de un porcentaje ridículo del PIB. El resultado es que faltan líneas, faltan subestaciones y faltan puntos de conexión. Hay industrias que quieren venir a España y no pueden porque no hay enchufe. Hay promociones de vivienda paradas porque no llega la luz. Hay centros de datos que se van a otros países por la misma razón. Vamos a eliminar el tope a la inversión en redes para que España tenga la red eléctrica que necesita para crecer, contratar y construir vivienda.
• Tramitación exprés de redes eléctricas. Las autorizaciones para construir líneas, subestaciones y puntos de conexión a la red se resolverán en plazos máximos cerrados y con silencio administrativo positivo. Se acabaron los expedientes que duermen años en cajones administrativos mientras la economía espera. Quien pide conectar una fábrica, una vivienda o una nueva industria no puede recibir como respuesta un «vuelva usted dentro de cuatro años».
• Acceso real a la red para quien quiere invertir en España. Hoy buena parte de los nudos de la red eléctrica figuran como «saturados» sobre el papel, mientras se acumulan re‑ servas administrativas que nunca se materializan en proyectos reales. El resultado es absurdo: hay capacidad física, pero no hay capacidad jurídica. Y quien quiere abrir una fábrica, un centro logístico, una promoción de viviendas o un centro de datos se encuentra con la puerta cerrada. Vamos a hacer una limpieza profunda de los permisos de acceso y conexión que llevan años sin desarrollarse, devolver al mercado la capacidad bloqueada y establecer criterios objetivos que prioricen a quien de verdad va a construir y producir.
• Tramitación exprés del almacenamiento energético, con prioridad al bombeo hidráulico. Sin almacenamiento no hay aprovechamiento real de la energía que produce España: cuando hay sol y viento de sobra, los excedentes se desperdician; cuando no los hay, tiramos de gas caro y de importaciones. El bombeo hidráulico es la tecnología más madura, más eficiente y más probada del mundo para almacenar energía a gran escala, y España tiene una orografía y una red hidráulica privilegiadas para desarrollarlo. Sin embargo, lleva décadas bloqueado por una maraña de trabas administrativas, ambientales y autonómicas que han hecho inviable poner en marcha proyectos perfectamente sensatos. Vamos a establecer una tramitación exprés para los proyectos de almacenamiento energético, con plazos cerrados y silencio administrativo positivo, y a desbloquear de forma específica el bombeo hidráulico como infraestructura estratégica nacional.
• Agua: ni una gota más al mar mientras el campo se seca. España no tiene un problema de escasez de agua, sino de gestión. Cada año se tiran al mar cantidades ingentes de agua dulce, agua que podría regar nuestros campos, abastecer nuestra industria y dar vida a nuestros pueblos, mientras a pocos kilómetros hay regadíos resecos, cultivos perdidos y comarcas enteras sometidas a restricciones. No falta agua: falta infraestructura para llevarla de donde sobra a donde hace falta, y sobran décadas de trabas y bloqueos ideológicos que impiden construir un embalse, una balsa, una desaladora o una conducción. Aplicaremos a las infraestructuras hidráulicas la misma tramitación exprés que al resto: plazos cerrados, una sola evaluación ambiental y silencio positivo. E impulsaremos la interconexión de cuencas para convertir España en una auténtica autopista del agua.
• Una sola evaluación ambiental, en plazo cerrado y con consecuencias para quien incumpla. Hoy un mismo proyecto puede acumular evaluaciones ambientales, informes sectoriales autonómicos, informes municipales e informes de organismos de cuenca que se solapan, se contradicen y se eternizan. Una evaluación que la ley prevé en meses termina durando años. Vamos a establecer una sola evaluación ambiental por proyecto, con un plazo máximo tasado de cumplimiento estricto. Si la Administración incumple el plazo, el expediente caduca a favor del promotor y la Administración responderá por los perjuicios causados. La evaluación ambiental existe para proteger el entorno con seriedad técnica, no para servir de coartada burocrática indefinida.
• Fin de la duplicidad de informes ambientales y sectoriales. Cuando una norma europea o estatal ya exige un informe, no cabe que la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento exijan otro encima sobre lo mismo. Un proyecto, una autorización, un informe. La burocracia no protege el medio ambiente: lo que lo protege es una evaluación técnica seria y rápida, no diez informes que se contradicen entre sí.