Redacción.- Barcelona (España), miércoles 2 de noviembre de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario de la extrema de la más extrema izquierda Unida Podemos por Sevilla al Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Bustamante Martín, ha salido finalmente de sus trincheras después de que el Tribunal Supremo pidiera a los juzgados de Écija (Sevilla) resolver urgentemente sobre medidas de «protección» a la pareja del investigado durante el proceso judicial en este alto Tribunal.
En un breve mensaje en su cuenta de Facebook, el ultra Miguel Ángel Bustamante Martín dice que que todo es «faso» porque su pareja es una mentirosa.
El político de la ultraizquierda, miembro de la formación comunista integrante de la alianza electoral «Unida Podemos», Izquierda Unida (IU), explica que él deja el acto de diputado en «cumplimiento» de los «Estatutos de IU».
TOTALES DEL INVESTIGADO POR MALTRATO HABITUAL MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE MARTÍN
«Tras comprobar que existe una demanda interpuesta contra mi persona que afecta a cuestiones de mi vida personal y cumpliendo con lo que dictaminan los estatutos de Izquierda Unida (IU), fuerza política por la que fui elegido diputado al Congreso de los Diputados, anuncio mi renuncia al acta».
Reitero mi inocencia y que todas las acusaciones son falsas. Agradezco las muchísimas muestras de apoyo y de confianza total en mí que me han llegado».
ANTECEDENTES DEL CASO TAL Y COMO AVANZÓ LASVOCESDELPUEBLO (Ñ PUEBLO)
Madrid (España), lunes 31 de octubre de 2022.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Javier Hernández ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija (Sevilla) que decida, a la mayor brevedad, sobre la solicitud de la pareja del diputado del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante Martín, de que se dicte para ella una orden de protección respecto al parlamentario, al que ha denunciado por «maltrato habitual».
En una providencia, Hernández, como magistrado ponente del asunto, destaca que, mientras el Supremo decide sobre la competencia de la causa, el Juzgado de Écija sigue siendo el competente, por lo que debe resolver rápidamente sobre la pretensión de protección.
Para ello, ordena remitir las actuaciones a dicho Juzgado por el conducto más rápido posible, adelantando por correo electrónico testimonio de las mismas.
«Ningún incidente competencial puede justificar una ausencia de respuesta jurisdiccional en tiempo oportuno sobre la procedencia o no de adoptar medidas de protección a favor de aquellas personas que aparecen como afirmadas víctimas de los hechos justiciables», señala la providencia.
La resolución explica que el Supremo ha recibido del Juzgado de Écija las diligencias incoadas por la denuncia de la mujer, «y pese a que la remisión no ha venido precedida de la correspondiente memoria explicativa, sin que quepa una suerte de remisión inhibitoria directa del órgano de instancia al Tribunal Supremo», ante el objeto del proceso y los deberes de especial celeridad que se derivan del mismo, se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia del Supremo para conocer de la causa.
