Efe – Marzo de 2019: Pablo Iglesias se personaba como perjudicado en una nueva pieza del caso Villarejo en la que se investigaba el robo del móvil de una exasesora de Podemos. Una causa que desde entonces no ha parado de dar giros y que ha derivado en la petición al Supremo para investigar al aforado vicepresidente segundo del Gobierno por varios delitos, entre ellos denuncia falsa. Madrid (España), jueves 8 de octubre de 2020.
Esta decisión supone un hito más en la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y que ha pasado por las siguientes fases:
VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES DEL 28A: INICIO DEL CASO
27 de marzo de 2019: Un mes antes de la elecciones generales del 28 de abril se conoce que el juez investiga la aparición de la copia en un «pendrive» de la tarjeta de memoria del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham entre la documentación intervenida al excomisario José Villarejo a raíz de su detención en 2017.
Esta nueva pieza secreta del caso Tándem, la número 10 y a la que se bautizó como Dina, sale a la luz con la comparecencia ese día ante el juez del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que acepta personarse como perjudicado por ese robo, al igual que la exasesora. Ambos comparten la misma abogada de Podemos, Marta Flor Núñez.
A las puertas de la Audiencia Nacional, Iglesias, que pocos días antes había reaparecido en un mediático acto electoral tras su baja de paternidad, expresó su compromiso de «limpiar nuestra democracia de basura».
VILLAREJO, PRINCIPAL IMPUTADO
28 de marzo 2019: El excomisario José Villarejo declara al día siguiente de hacerlo Iglesias en otra pieza del caso, pero el juez aprovecha para preguntarle por Dina.
Al término de la comparecencia, su abogado, Antonio José García Cabrera, declara que lo ocurrido con el móvil de la exasesora «es una cuestión interna y no es una operación política, como se ha publicado».
Para demostrarlo, Villarejo le confiesa al juez que los datos del móvil de Dina los consiguió de manos del exdirector de «Interviú» Alberto Pozas, lo que le costó su imputación y su dimisión como director general de Información Nacional de Moncloa.
4 de abril 2019: Iglesias y Bousselham piden protección como víctimas de delito y que se esclarezca si la editora de «OKDiario» pudo incurrir en delitos de descubrimiento y revelación de secretos, al aparecer publicados en ese medio pantallazos del móvil robado.
10 abril 2019: Iglesias pide la imputación del director de «OkDiario», Eduardo Inda, al considerar que el robo del móvil y la difusión de parte de su contenido puede estar «encuadrado en una presunta orden del Gobierno del PP para perjudicar los resultados electorales de Podemos» en 2016.
GIRO EN LA CAUSA
8 de abril de 2019: Alberto Pozas declara como imputado y admite que él y el subdirector de «Interviú», Luis Rendueles, le dieron a Villarejo un «pendrive» con una copia de la tarjeta de memoria, que llegó a la redacción de ese semanario de forma anónima.
La original se la entregaron al presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y éste a su vez, como declaró el propio Iglesias, confirmó como testigo que se la entregó al líder de Podemos el 20 de enero de 2016. Según ambos, la tarjeta funcionaba, y el ahora vicepresidente pudo ver su contenido en un despacho del Grupo Zeta.
VERSIONES CONTRADICTORIAS
Tras una serie de diligencias, la Fiscalía Anticorrupción y el juez apreciaron contradicciones en las declaraciones de Iglesias y la exasesora. Principalmente, que la tarjeta le fuera entregada a Dina meses después de recuperarla Iglesias y que estuviera dañada cuando se supone que estaba en buen estado, así que la vuelven a citar.
18 de mayo de 2020: Aún vigente el estado de alarma, Dina declara por segunda vez y explica que, cuando Iglesias le dio en junio o julio de 2016 la tarjeta del móvil, ya estaba dañada y dice que acudió a una empresa para recuperar los archivos, pero fue imposible. También dijo desconocer por qué el líder de Podemos tardó medio año o más en entregársela.
Admitió además, como certificó un informe policial, que los pantallazos del móvil publicados en «OkDiario» los hizo ella y reconoció que se los pudo enviar a otras personas.
Por eso, la Fiscalía y el juez concluyeron que no tenía por qué haber sido Villarejo la fuente de ese medio, sino que pudo haber sido la propia «Dina directamente o a través de cualesquiera de las personas a las que reenviara dichos pantallazos», quien se lo remitiera a la publicación.
A VUELTAS CON LA CONDICIÓN DE PERJUDICADO
Ante estas contradicciones, la Fiscalía consideró que Iglesias no podía permanecer como perjudicado en la causa y propuso al juez que le retirara esa condición y citara de nuevo a Bousselham para que especificara contra quién iba a ejercer la acción penal o a quiénes, en su caso, otorgaba el perdón.
25 de mayo de 2020: El juez le retira la condición de perjudicado, pero rechaza «por precipitada» la propuesta de citar a Bousselham para que indique si otorga el perdón a Iglesias.
Para el juez, el comportamiento de Iglesias, ocultando durante meses a su exasesora la tarjeta que había recuperado, se manifestaba «incompatible con la dimensión» que pretende dar a ese robo de «injerencia política» y atribuible a la llamada «policía patriótica».
29 mayo 2020: Dina, en un intento de revertir la situación, remite una carta en la que exculpa a Iglesias de los daños en la tarjeta de memoria del móvil y señala que, cuando él se la entregó tras recuperarla, funcionaba, porque pudo comprobar en su interior contenidos de su teléfono, pero que luego dejó de hacerlo.
19 de junio 2020: El juez requiere a la exasesora que deje de compartir abogado con Iglesias, «ante la presencia de un efectivo conflicto de intereses». Ella, finalmente, ha mantenido a la abogada de Podemos, mientras que Iglesias designó a Raúl Maillo como letrado en su recurso contra su expulsión de la causa ante la Sala de lo Penal.
EL FISCAL, RELACIONADO CON UNA ABOGADA DEL CASO
La polémica ha sido una constante en este caso y se agudizó con la publicación de un chat de abogados de Podemos en el que hablaban de una supuesta relación personal entre uno de los fiscales, Ignacio Stampa, y la abogada Marta Flor.
La consecuencia inmediata fue la apertura este verano de una investigación por parte de la Fiscalía, primero en el plano disciplinario y más tarde en el ámbito penal, para dilucidar si Stampa pudo haber revelado información confidencial de la causa a la letrada.
Pero también provocó que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, optase por sustituir a los dos fiscales del caso en un polémico interrogatorio: el de José Manuel Calvente, abogado despedido de Podemos que tiene otra causa paralela contra el partido en otro juzgado.
CALVENTE DECLARA… Y EL JUEZ AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN
10 de septiembre de 2020: El magistrado citó a Calvente como testigo tras calificar éste de «montaje» el caso Dina, término que volvió a repetir en su declaración, donde dijo que este caso obedeció a una estrategia voluntaria del partido que Pablo Iglesias dirigió en connivencia con otros miembros de la cúpula.
Una declaración que motivó que, por un lado, el juez plantease deducir testimonio para investigar las amenazas que Calvente dijo estar sufriendo y, por otro, ampliase la causa a los delitos de simulación de delito y denuncia falsa o estafa procesal, algunos en los que el magistrado cree que Iglesias podría haber incurrido.
TOQUE DE ATENCIÓN DE LA SALA DE LO PENAL AL JUEZ
16 de septiembre de 2020: El caso vuelve a dar un giro para Iglesias cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le devuelve la condición de perjudicado en un auto en el que da un toque de atención al magistrado del caso.
La Sala dijo entonces que no había pruebas que sustentasen las hipótesis alternativas que planteaba el juez en torno al robo y le advirtió que no le competía investigar cuestiones ajenas a la causa, como por ejemplo si fue o no Iglesias quien dañó la tarjeta, sino que, en su caso, sería competencia de otro órgano judicial.
TURNO DEL TRIBUNAL SUPREMO
7 de octubre de 2020: Recibida la advertencia, el magistrado ha movido ficha. Ha procesado al excomisario José Villarejo; al exdirector de la revista «Interviú», Alberto Pozas; y el periodista Luis Rendueles; y ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa o simulación delito.
Lo ha hecho en un duro escrito donde acusa a Iglesias de haber usado de forma fraudulenta la causa mediante la construcción de un relato ante la opinión pública y su electorado en el que aparecía como «víctima de un hecho que sabía inexistente», como «víctima de una persecución política», poco antes de las elecciones de abril de 2019.
Los eternos vaivenes de esta causa llegan de esta forma a la Sala de lo Penal del Supremo, que ahora debe decidir si abre o no causa contra Iglesias; la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo; los letrados de esta formación Marta Flor y Rául Carballedo; Dina Bouselhan y su pareja Ricardo Dasaferreira.
