Madrid, domingo 8 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Ocho años de mandato ininterrumpido de Pedro Sánchez Pérez-Castejón al frente de la Presidencia del Gobierno (2018-2026) dejan un balance empírico incontestable que ratifica su figura como un verdadero «error histórico» y un período de «pérdidas irreversibles» para la Nación española. El examen de las dos legislaturas del sanchismo constata un desolador cuadro de degradación institucional, marcada por la inacción en la defensa de las fronteras soberanas, el colapso operativo de las infraestructuras ferroviarias y energéticas, la negligencia en la gestión de catástrofes naturales, la demolición del Código Penal a la medida del golpismo secesionista y un acorralamiento judicial sin precedentes por tramas de corrupción penales que salpican a la cúpula del PSOE, a altos directivos del Ministerio de Transportes y al entorno familiar más íntimo del jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa.
El diagnóstico analítico del período 2018-2026 pone en evidencia el quiebre de la capacidad de respuesta y protección del Estado español, sometido a un desmantelamiento progresivo en favor de las exigencias ideológicas de la izquierda radical y los peajes del separatismo.
Catástrofes naturales y la negligencia en la gestión de emergencias
La inoperancia de las estructuras de protección civil del Estado bajo la gestión de Pedro Sánchez se ha cobrado un altísimo precio humano y socioeconómico en diversos puntos del territorio nacional. La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que se prolongó durante 85 días —del 19 de septiembre al 13 de diciembre de 2021—, dejó un saldo trágico con «1 fallecido confirmado por inhalación de gases tóxicos» y decenas de afectados por quemaduras y patologías respiratorias. De acuerdo con las Resoluciones oficiales del Gobierno de Canarias y las evaluaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, el impacto económico superó los «840 millones de euros» (equivalente al 50 % del PIB insular), tras la destrucción de «1.676 edificaciones destruidas (1.345 viviendas)», «73 km de carreteras sepultados» y «370 hectáreas de plataneras destruidas». Las más de 7.000 personas evacuadas padecieron un desamparo institucional prolongado por el bloqueo burocrático en la entrega de las ayudas estatales.
Esta falencia en la gestión de emergencias alcanzó cotas dramáticas durante la DANA extrema del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana. El desbordamiento de las cuencas del barranco del Poyo y del río Magro, desencadenado por precipitaciones de más de 500 l/m² registradas en los informes meteorológicos de la AEMET, ocasionó «229 muertos confirmados en la Comunidad Valenciana (237 en total nacional)» y pérdidas económicas que el sector evaluó en una cifra «superior a los 10.000 millones de euros», además de más de 100.000 vehículos destrozados. Los Informes hidrológicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) —organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica— evidenciaron fallos severos en la medición de caudales y el retraso en los avisos a la población, desnudando la absoluta falta de coordinación ministerial y de obras de prevención en las cuencas afectadas.
Tragedias ferroviarias y el escándalo de las gratificaciones en ADIF
El deterioro funcional de las infraestructuras públicas convirtió la red de Alta Velocidad (AVE) en una amenaza directa para los usuarios. El 18 de enero de 2026, la «Tragedia de Adamuz» (Córdoba) se saldó con «46 muertos y 152 heridos» producto de una colisión por alcance e invasión de vía entre composiciones de Iryo y Alvia. Meses más tarde, el 28 de octubre de 2026, la «Tragedia de Urda» (Toledo) causó «68 muertos y múltiples heridos graves» tras la colisión y descarrilamiento de dos composiciones de alta velocidad en el tramo entre Urda y Los Yébenes, dejando incomunicado el corredor Madrid-Andalucía.
Las pesquisas seguidas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y las diligencias penales abiertas en la Audiencia Nacional se centran en el deterioro sistemático del balasto y las averías en los sistemas de seguridad ASFA y ERTMS atribuidas a la inacción de ADIF. Esta acumulación de 114 víctimas mortales desató la indignación ciudadana al revelarse que la cúpula saliente de ADIF aprobó el cobro de «bonus» y gratificaciones económicas de gran cuantía a sus altos directivos escasas horas antes de su cese.
Crisis del sistema eléctrico y vulnerabilidad de la potencia firme
La política de transición energética promovida por el Gabinete socialista ha comprometido la estabilidad del suministro eléctrico nacional. La descarbonización apresurada, el cierre programático de centrales térmicas y el hostigamiento al parque nuclear han desprovisto al sistema peninsular de su potencia firme de respaldo.
Los informes del Operador del Sistema —Red Eléctrica de España (REE)— y los análisis de la CNMC constatan caídas de frecuencia por la pérdida repentina de generación renovable eólica y fotovoltaica. Esta fragilidad estructural ha derivado en desenganches preventivos en nodos industriales e interrupciones forzosas en la actividad de la industria electrointensiva y en el transporte ferroviario.
Invasión de las fronteras e impacto de las regularizaciones masivas
La quiebra de la soberanía en la frontera sur ha sido un rasgo definitorio del periodo sanchista. En julio de 2026, la «Invasión Marroquí de Ceuta» representó un violento asalto fronterizo protagonizado por más de 80.000 asaltantes marroquíes (en su gran mayoría varones jóvenes en edad militar) que desbordaron los pasos perimetrales. Los Informes de Inteligencia del CNI y los atestados del Ministerio del Interior documentaron la pasividad cómplice de las fuerzas marroquíes como parte de una estrategia de presión híbrida, ante la cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez evitó un despliegue defensivo contundente y rechazó decretar medidas de excepción como el Estado de Sitio en la Ciudad Autónoma.
A esta debilidad perimetral se sumó el proceso de «Regularización Extraordinaria Masiva» iniciado para extranjeros indocumentados residentes desde 2021. Pese a que el Gobierno anunció inicialmente un techo cercano a las 500.000 regularizaciones, las cifras oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desvelaron la recepción de cerca de 1.800.000 solicitudes. Este desbordamiento desarticuló las oficinas de extranjería y causó un «efecto llamada» directo sobre las rutas de inmigración ilegal, mercantilizando el empadronamiento municipal y saturando los servicios públicos de atención social y sanitaria.
Concesiones penales, rupturismo e intentos de manipulación del censo CERA
En el ámbito legislativo, Pedro Sánchez promovió la alteración de las garantías penales del Estado para satisfacer las demandas de sus aliados de investidura. La aplicación de la Ley del «Solo Sí es Sí» (LO 10/2022) provocó, según datos oficializados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reducción de condenas a más de 1.205 agresores sexuales y la excarcelación anticipada de más de 121 violadores. De igual forma, la Ley Orgánica 14/2022 eliminó del Código Penal el delito de sedición y redujo las penas por malversación de caudales públicos, pavimentando el camino para la promulgación de la Ley de Amnistía (LO 1/2024), que anuló la responsabilidad penal, administrativa y contable de los encausados y condenados por las acciones del secesionismo catalán entre 2011 y 2023.
En el terreno electoral, la Disposición Adicional 8.ª de la Ley de Memoria Democrática (LO 20/2022) propició un aumento anómalo de inscripciones de descendientes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Ante las evidencias de manipulación del censo previo a los comicios del 29N, la Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS/ATS) dictó la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados sin arraigo ni exilio acreditado. El posterior rechazo del recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional —frente a la petición instada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol— mantuvo en vigor el auto del Alto Tribunal, neutralizando el intento de alteración del censo exterior.
Las tramas de corrupción judicial encausadas en los tribunales
La etapa del sanchismo se cierra en medio de un severo acorralamiento penal motivado por múltiples investigaciones judiciales abiertas contra el partido del Gobierno y el entorno personal del presidente:
– Caso Koldo / Mascarillas / Pieza ADIF (Audiencia Nacional – JCI n.º 2): El juez Ismael Moreno investiga las mordidas en la adquisición de mascarillas y el amaño de licitaciones de obra pública en ADIF, manteniendo imputados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos Mecos, a su asesor Koldo García Izaguirre y a directivos de la empresa pública por tráfico de influencias, cohecho y malversación.
– Caso Begoña Gómez (Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid): El magistrado Juan Carlos Peinado instruye la causa penal donde figura como investigada la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida del software desarrollado para la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo profesional.
– Caso David Sánchez (Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz): Diligencias tramitadas contra el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez Pérez-Castejón, por supuesta prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal a la Hacienda Pública en relación con su puesto directivo en la Diputación de Badajoz y su residencia fiscal establecida en Portugal.
– Caso Mediador/Tito Berni (Juzgado de Instrucción n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife): Procedimiento que juzga el cobro de sobornos a empresarios a cambio de favores administrativos y acceso a fondos europeos, encabezado por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
La trayectoria de Pedro Sánchez Pérez-Castejón entre 2018 y 2026 concluye como una etapa marcada por la ruina de los servicios públicos, la desprotección del territorio nacional y la pérdida de prestigio institucional. Las consecuencias operativas de su gestión y el deterioro del Estado del bienestar convierten su mandato en un tramo nefasto de la historia reciente de España, cuyos efectos requerirán un proceso profundo de reconstrucción institucional y social.