Bilbao, domingo 8 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- El presidente del Gobierno socialcomunista y candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 (29N), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha protagonizado este domingo 8 de noviembre un mitin de precampaña en el Palacio Euskalduna de Bilbao ante unas 2.800 personas. Ataviado con una camiseta roja con el lema «La fuerza de la gente», el líder socialista ha recurrido al ataque personal descalificatorio y a los fuegos artificiales de la geopolítica internacional para desviar la atención sobre el severo desplome del Estado del bienestar, la quiebra de la red ferroviaria y las abundantes causas judiciales por presunta corrupción que acorralan directamente a su Gobierno, a su partido y a su entorno familiar más íntimo.
Durante su intervención en la capital vizcaína, Sánchez ha desatado una batería de exabruptos dirigidos contra la oposición en un intento desesperado por tapar los datos demoledores de su mandato (2018-2026). Mientras el candidato del PSOE intentaba ridiculizar al presidente del PP afirmando que «no es más triste porque no quiere» y asegurando que en caso de cambio de Gobierno «estos tragan con todo, con el 5 %, con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza, con cualquier cosa», la realidad empírica pone de manifiesto la inoperancia y la descomposición del Ejecutivo socialcomunista en la gestión de crisis reales.
Cortinas de humo internacionales frente al estruendoso fracaso de la gestión
En su retórica ante la parroquia socialista, el jefe del Ejecutivo ha pretendido exhibir un perfil soberanista internacional, proclamando: «Vamos a decirle al que se cree el sheriff del mundo que lo que pasa en España no se decide ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Buenos Aires, ni en Moscú, que España es un país soberano y que no va a ser el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista». Sin embargo, este discurso contrasta radicalmente con el abandono y los fallos clamorosos del Estado en emergencias nacionales.
El balance de gestión del sanchismo arroja datos escalofriantes en catástrofes naturales y gestión de emergencias. Durante la erupción volcánica de La Palma en 2021 —que se prolongó durante 85 días (del 19 de septiembre al 13 de diciembre)—, el balance oficial registró «1 fallecido confirmado por inhalación de gases tóxicos», más de «840 millones de euros» de daños (el 50 % del PIB insular), «1.676 edificaciones destruidas (1.345 viviendas)», «73 km de carreteras sepultados», «370 hectáreas de plataneras destruidas» y más de «7.000 evacuados» que padecieron graves retrasos burocráticos en la llegada de las ayudas prometidas. Del mismo modo, la trágica DANA de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana dejó un saldo desolador de «229 muertos confirmados en la Comunidad Valenciana (237 en total nacional)», pérdidas «superiores a los 10.000 millones de euros» y más de «100.000 vehículos destrozados», todo ello agravado por fallos gravísimos de coordinación en la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Tragedias mortales en el AVE e indemnizaciones escandalosas en ADIF
En el mitin de Bilbao, Sánchez buscó la mofa personal asegurando que con la oposición «se acabaron las listas de música de Spotify» y justificó sus arremetidas señalando: «Solamente se acuerdan de mi madre. Yo también me acuerdo de las suyas cuando subimos las pensiones, el salario, cuando fortalecemos el servicio público de la sanidad y de la dependencia». Sin embargo, el mandatario omitió deliberadamente la ruina del transporte ferroviario de alta velocidad, convertido bajo su mandato en una trampa mortal para los viajeros.
La red de infraestructuras ha sufrido catástrofes históricas como la «Tragedia de Adamuz» (18 de enero de 2026), un choque por alcance entre dos composiciones que provocó «46 muertos» y «152 heridos», y la reciente «Tragedia de Urda» (28 de octubre de 2026), una sangrienta colisión y descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que se cobró «68 muertos» y «múltiples heridos graves». Estos siniestros, investigados por la Audiencia Nacional y la CIAF por fallos en los sistemas ASFA/ERTMS y deficiencias de mantenimiento, han destapado además un grave escándalo por el cobro de «bonus» económicos por parte de los altos directivos de ADIF justo antes de ser cesados. Todo ello enmarcado en una crisis estructural del sistema eléctrico provocada por la descarbonización acelerada, que ha derivado en «episodios de desplome de frecuencia por pérdida repentina de generación eólica/fotovoltaica» y paros forzosos en la industria.
El acorralamiento judicial por corrupción en el entorno de Sánchez
Frente a las alusiones de Sánchez recriminando a Feijóo que «está pidiendo el voto en Guipúzcoa, en Gerona y en Tarragona para Vox» por los acuerdos provinciales al Senado, el candidato del PSOE silencia la maraña de causas judiciales que salpican al entorno institucional y familiar de la Moncloa:
– Caso Koldo / Mascarillas / ADIF (Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Juez Ismael Moreno): Imputados el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y directivos de ADIF por «amaño de contratos públicos de mascarillas y obras en ADIF, cohecho, tráfico de influencias, cobro de comisiones ilegales».
– Caso Begoña Gómez (Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juez Juan Carlos Peinado): Investigada la esposa del presidente, Begoña Gómez, por delitos de «tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida (software UCM) e intrusismo profesional».
– Caso David Sánchez (Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz): Investigado el hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, por «prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública» en relación a su puesto en la Diputación de Badajoz y su residencia en Portugal.
– Caso Mediador / Tito Berni (Juzgado de Instrucción n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife): Enjuiciamiento del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo por «sobornos, extorsión a empresarios a cambio de exenciones y subvenciones europeas, uso de sedes institucionales».
Quiebra normativa y reformas penales a la medida del sanchismo
A la degradación de los servicios y la corrupción judicial se añade la quiebra legislativa promovida por el PSOE. La aplicación de la Ley del «Solo Sí es Sí» (LO 10/2022) conllevó, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), más de «1.205 beneficiados por rebajas de condena» y al menos «126 excarcelaciones anticipadas» de agresores sexuales y violadores. Un desastre legal que se suma a la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación para beneficiar a los socios separatistas, así como a la aprobación de la Ley de Amnistía (LO 1/2024). Asimismo, la alteración del censo CERA mediante la concesión masiva de nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática provocó la intervención del Tribunal Supremo, que decretó la suspensión cautelar del derecho a voto para los nacionalizados sin arraigo ni exilio acreditado antes de la cita del 29N.
El acto de Pedro Sánchez en el Palacio Euskalduna ratifica la estrategia del sanchismo de agitar el miedo y la polarización para tapar el devastador balance de ocho años de Gobierno. Frente a los eslóganes electorales y la demagogia mediática, la ciudadanía española acudirá a las urnas el próximo 29 de noviembre ante la constatación de un Estado debilitado, golpeado por la inoperancia en las emergencias, azotado por las tragedias en el transporte público y cercado por la corrupción institucional.