Madrid, viernes 9 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).– El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se fijan de manera oficial las cuantías de las subvenciones destinadas a cubrir los gastos de los partidos políticos en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 (29N). La normativa, firmada por el titular de la cartera Arcadi España García en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), actualiza los importes que el Estado abonará a las formaciones en concepto de escaños obtenidos, votos válidos recolectados y los fondos extraordinarios asignados para el buzoneo y propaganda electoral directa.
De acuerdo con el documento oficial, el Estado subvencionará con 21.167,64 euros cada escaño obtenido tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Asimismo, el valor asignado a cada voto recibido por la candidatura a la Cámara Baja se sitúa en 0,81 euros, condicionado siempre a que al menos uno de los miembros de la lista logre la condición de diputado. En el caso del Senado, la ayuda pública se fija en 0,32 euros por voto para aquellos candidatos que consigan el acta parlamentaria. Paralelamente, el límite máximo de gasto electoral se establece mediante una fórmula estricta no indexada que multiplica por 0,37 euros el número de habitantes de derecho de las circunscripciones donde se formalicen las candidaturas.
El coste logístico para las formaciones políticas incluye un incentivo clave para el envío directo y personal de papeletas y propaganda a los hogares españoles, fijado en 0,26 euros por elector. Para acceder a esta partida, que queda fuera del límite máximo de gasto, los partidos o coaliciones deben lograr el número de votos o diputados necesarios para constituir su propio Grupo Parlamentario. Realizando un desglose práctico del coste directo de un voto para cualquier fuerza con representación, un partido que logre un escaño en el Congreso gracias a un colchón estimado de 60.000 sufragios recibirá 48.600 euros por los votos (a 0,81 euros cada uno) más los 21.167,64 euros del acta, elevando la subvención base por ese único escaño a un total de 69.767,64 euros públicos, sin contar los abonos adicionales por envíos postales.
Este desembolso presupuestario extraordinario y la precipitada publicación del decreto son la consecuencia directa de la abrupta disolución de las Cortes Generales provocada por el colapso parlamentario del Ejecutivo socialcomunista. El inesperado adelanto electoral al 29N fue la única salida para un Pedro Sánchez acorralado y sin mayoría operativa, después de que el pleno del Congreso de los Diputados propinara un golpe definitivo a la legislatura al derogar de manera fulminante los dos primeros decretos leyes clave sobre el alquiler estacional y la intervención de la vivienda que pretendía imponer el sanchismo.
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La estrepitosa caída de estos decretos, que sufrieron el rechazo unánime de toda la oposición parlamentaria y el castigo de los antiguos socios de investidura, dejó al descubierto la absoluta debilidad de un Gobierno incapaz de aprobar leyes y sumido en una parálisis legislativa total. Ante la imposibilidad de sostener la coalición con la ultraizquierda y desbordado por los reveses judiciales en los tribunales, el sanchismo se ha visto obligado a devolver la palabra a los ciudadanos en las urnas del 29 de noviembre, activando una maquinaria electoral cuyo coste millonario ya ha quedado tasado de forma oficial en el BOE.