Madrid, jueves 8 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).– La ofensiva institucional contra las estructuras más oscuras del sanchismo se ha recrudecido con fuerza. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha exigido de forma tajante al presidente del Gobierno de coalición socialcomunista y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que comparezca urgentemente para aclarar de forma inequívoca quién dio la orden explícita dentro de su partido de «deshacerse de la juez» Beatriz Biedma Rojano. Se trata de la valiente magistrada decana de Badajoz que acorraló y sentó en el banquillo de los acusados al hermano del mandatario, David Sánchez Pérez-Castejón. La reclamación de la oposición llega pocas horas después de que la propia juez relatara en la Audiencia Nacional la asfixiante «angustia» sufrida al constatar que tanto ella como sus hijas menores eran objeto de seguimientos clandestinos.
Durante una enérgica intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha asegurado sin ambages que «la mera posibilidad de que un Gobierno use estas prácticas provoca escalofríos en cualquier democracia». El líder de la oposición ha reclamado explicaciones inmediatas al jefe del Ejecutivo tras salir a la luz pública los capítulos más oscuros y siniestros del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se detallan las presuntas y delictivas maniobras orquestadas desde los despachos de Ferraz con el único propósito de dinamitar la independencia judicial de la instructora de Badajoz.
El dirigente de los populares ha sostenido que la Audiencia Nacional mantiene abierta una línea de investigación prioritaria para determinar si individuos directamente vinculados a las cloacas de la formación gubernamental, integradas en la trama del llamado «Caso Leire» (o caso Fontanera), intentaron contratar a peligrosos terceros para apartar a la magistrada de las pesquisas del entramado familiar de Moncloa. Estas graves acusaciones se sustentan en pruebas periciales de la Guardia Civil y en el testimonio incriminatorio de una mujer ligada al violento clan de narcotraficantes de «Los Rocho», quien confesó ante los agentes de la UCO que el exjuez inhabilitado por violencia machista, Luis José Sáenz de Tejada —operador instrumental de las cloacas socialistas—, verbalizó que la juez Biedma era un grave obstáculo político y que era imperativo «eliminarla».
Feijóo ha cuestionado con extrema dureza el mutismo cómplice que mantiene el jefe del Ejecutivo y ha afirmado de forma tajante que «no vamos a permitir este silencio cómplice ante un atropello mafioso”. En una de sus declaraciones más contundentes del curso político, el líder de la oposición ha sentenciado que «la cloaca del PSOE contactó con un clan criminal con el objetivo de borrar del mapa a una juez que les molestaba», una valoración que, si bien recoge la indignación política de los populares, coincide milimétricamente con los indicios que analiza el magistrado Santiago Pedraz dentro de una causa penal por organización criminal e intimidación judicial que avanza de manera imparable.
El escándalo institucional ha cobrado un peso jurídico definitivo tras la histórica comparecencia de la juez Biedma en la Audiencia Nacional. Ante el juzgado instructor, la magistrada pormenorizó los distintos y escalofriantes episodios de vigilancias personales que sembraron la preocupación y la zozobra en su ámbito estrictamente familiar, logrando que el tribunal la reconozca formalmente con la condición jurídica de perjudicada directa en el procedimiento. Esta macrocausa persigue desmantelar el entramado de fontaneros y fontaneras socialistas dedicados presuntamente a chantajear a servidores públicos e interferir de forma delictiva en los procedimientos judiciales abiertos contra el entorno íntimo de Pedro Sánchez.
Inmerso en este contexto, Feijóo ha vuelto a exigir que el PSOE sea investigado y encausado penalmente como persona jurídica en el denominado «Caso Leire». El líder del PP ha recordado que sus servicios jurídicos solicitaron formalmente esta misma semana la imputación del partido de Sánchez por gravísimos delitos aparejados a la financiación ilegal de la organización y el uso de fondos opacos para blindar a las siglas. El líder de la oposición ha destacado que la propia Fiscalía Anticorrupción ya ha dictaminado formalmente la existencia de indicios sólidos que justifican profundizar en la responsabilidad criminal corporativa de Ferraz, recomendando una prudencia procedimental que pasa por escuchar en sede judicial al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán León, señalado por el juez Pedraz como el director estratégico de la trama.
Feijóo ha defendido con orgullo que el PP «hizo exactamente lo que debía» al solicitar la imputación penal del partido del Gobierno y ha enmarcado este escenario de corrupción sistémica dentro de un proceso de degradación institucional absoluta que amenaza con disolver el Estado de derecho. «Hicimos bien en pedir su imputación penal, hicimos bien en denunciar que actúan como una auténtica mafia y hacemos bien en darlo absolutamente todo para desalojarles de inmediato del poder», ha enfatizado ante los cuadros dirigentes de su formación en un discurso de claro tono preelectoral.
El presidente del Partido Popular ha realizado un llamamiento urgente a la sociedad civil española para que no tolere ni se vuelva indiferente ante esta profunda «decadencia democrática y moral» cuando llegue la cita decisiva con las urnas el próximo domingo 29 de noviembre (29N). El candidato popular ha presentado su proyecto político como la única alternativa real de garantías para acometer una “regeneración institucional profunda” y una «limpieza total» de las estructuras del Estado profanadas por el sanchismo. “Los españoles nos enfrentamos a una disyuntiva histórica el 29 de noviembre: o decencia o delincuencia”, ha zanjado con firmeza.
El brutal asedio ideológico de Ferraz y la condena de David Sánchez
El encarnizado y sistemático acoso ideológico desplegado por los fontaneros del PSOE contra la magistrada Beatriz Biedma Rojano hunde sus raíces en el pánico total del sanchismo a que la justicia independiente descabezara el entramado de privilegios de la familia presidencial. La estrategia de Persecución y derribo fue minuciosamente diseñada por el aparato de Ferraz como un castigo ejemplarizante hacia la juez decana de Badajoz por el mero hecho de cumplir con su estricto deber constitucional. Las cloacas del partido de Gobierno no dudaron en utilizar una pinza mediática, digital y policial para amedrentar a la instructora, llegando al extremo intolerable de vigilar el entorno escolar de sus hijas menores de edad para forzar su inhibición en la causa.
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El motivo central de esta feroz campaña de intimidación ideológica radica de forma inequívoca en el éxito de la impecable instrucción liderada por la juez Biedma en el bautizado formalmente como el «Caso Hermanísimo». La magistrada desarmó con una firmeza encomiable todas las presiones gubernamentales y las maniobras obstructivas orquestadas desde los gabinetes de la Moncloa, logrando blindar una exhaustiva investigación de la UCO que sacó a la luz el fraudulento e ilegal fichaje de David Sánchez Pérez-Castejón por parte de la Diputación de Badajoz, una plaza directiva creada de forma fraudulenta para costearle un generoso sueldo público mientras el encausado residía formalmente en Portugal con la única finalidad de evadir impuestos en España.
La solidez de las pruebas acumuladas y protegidas por la juez Biedma frente a las infamantes acusaciones de la izquierda —que tildaba la causa de «prospectiva»— culminó en un rotundo e incontestable triunfo para el Estado de derecho. El procedimiento penal finalizó con una histórica sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado 14 de julio de 2026, por la cual David Sánchez Pérez-Castejón fue formalmente condenado a la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al acreditarse la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa. Esta condena judicial supuso la voladura controlada del relato de la inocencia presidencial y desató la furia de los fontaneros de Ferraz para intentar destruir a la magistrada.
De acuerdo con las detalladas diligencias judiciales que obran en el «Caso Cloacas del PSOE», el acoso ideológico se articuló mediante reuniones coordinadas en pisos francos de Madrid donde la operadora socialista María Leire Díez Castro, en comandita con empresarios investigados y el exjuez inhabilitado Sáenz de Tejada, lanzaron campañas digitales coordinadas a través de canales de agitación como «Magistrado Anticorrupción TV». En dichos soportes se difundían contenidos calumniosos infames que tildaban a la instructora de «choriza» e instigaban abiertamente a «eliminarla a palos», un hostigamiento totalitario que se trasladó también al Ministerio del Interior sanchista en un intento desesperado por interferir de forma ilegal en los atestados de la Guardia Civil, un chantaje administrativo totalitario al que la magistrada plantó cara con valentía en defensa de la justicia y la dignidad nacional.