Madrid, lunes 28 de septiembre de 2026 (EFE).- La renovación automática de los contratos de alquiler y la reforma de la ley del suelo quedan, por el momento, fuera del último borrador del decreto ley de vivienda que el Ministerio de Vivienda ha trasladado este lunes por la tarde a los grupos parlamentarios, en plena negociación a contrarreloj para intentar aprobarlo este martes.
La renovación automática de los contratos, que obligaría a los arrendadores a acreditar una causa justificada para no renovar, ha sido planteada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y, por extensión, por Sumar, a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, la pasada semana en Madrid.
Fuentes conocedoras de las negociaciones han asegurado a EFE que esta medida no figura, hasta el momento, en el texto que el ministerio está negociando con los grupos.
Tampoco aparece en el borrador la reforma de la ley del suelo pactada en su día por el PSOE y el PNV, que buscaba evitar que defectos formales o subsanables provocasen automáticamente la anulación completa de un plan urbanístico y modificar las reglas sobre los derechos de reversión de terrenos expropiados.
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Esta reforma había sido considerada por Podemos como una «línea roja» para no votar en contra del decreto. Fuentes de la negociación apuntan además a que podría quedar fuera la regulación del alquiler de habitaciones, una reivindicación compartida por los partidos situados a la izquierda del PSOE y rechazada por Junts per Catalunya (JxCat) y por entidades sociales como Cáritas.
En cambio, el decreto sí incorporaría una regulación del alquiler de temporada, para el que se establecería un plazo máximo de dos años, el doble del límite que se había pactado en la ponencia celebrada hace diez meses.
Cobertura de impagos en desahucios
El borrador que ha circulado entre los grupos incluye, según las mismas fuentes y a falta de cerrar la redacción definitiva, una «solución estructural» para evitar los desahucios de inquilinos vulnerables por impago cuando el propietario sea un pequeño tenedor. En estos casos, sería la propia Administración la que asumiría los costes.
Cuando el propietario sea un fondo de inversión, el decreto establecería la prohibición de los desahucios en determinados supuestos y contemplaría incluso limitaciones a la compra de inmuebles por parte de estas entidades.
Las medidas dirigidas contra los denominados «fondos buitre», defendidas durante toda la legislatura por los partidos de izquierdas, cuentan ahora también con el respaldo de Junts, que ha modificado su posición en los últimos días.
Por otra parte, todavía no estaría cerrado el acuerdo sobre la prórroga de dos años de los contratos de alquiler actualmente en vigor ni sobre la congelación de las rentas en sus actualizaciones anuales.
Medidas ya pactadas
Desde el Ministerio de Vivienda defienden que el decreto que se está ultimando, negociado con todos los grupos parlamentarios «a la vez», incorpora medidas reclamadas por las distintas formaciones durante meses e incluso años.
Aunque el texto continúa «abierto», el ministerio da por pactadas algunas medidas, entre ellas las bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos, la aplicación del IVA a los alojamientos turísticos y las ayudas para la compra de la primera vivienda.
El borrador también incluiría medidas destinadas a blindar el parque estatal de vivienda y una rebaja del IVA para la construcción de vivienda protegida, además de otras actuaciones.