Redacción.- Barcelona (España), lunes 9 de enero de 2023. Se acabaron las fiestas navideñas, otra vez a la rutina y a los problemas que nos aquejan en el día a día: la inflación; el aumento del cesta de la compra; la subida del precio del gas, gasolina y electricidad; el incremento del desempleo; el cierre de muchas empresas; la disminución de autónomos; el retorno del Covid; el inicio de la campaña electoral que se desarrollará este año 2023, etc..
Volviendo a la normalidad judicial, hoy, los cuatro magistrados tomarán posesión de su cargo y mañana se nombrará al nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). Los candidatos a presidir son: Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Según la magistrada María Luisa Segoviano, la persona elegida deberá cumplir unos requisitos: «capacidad para llegar a consensos, acercar posiciones y limar asperezas».
Con la nueva composición del TC se cambia de tendencia, de conservador a progresista (PP a PSOE), siendo de cuatro a siete, y falta nombrar un conservador. Los cuatro magistrados nombrados han superado la prueba de idoneidad, y han jurado sus cargos ante el Rey Felipe VI. De ellos, tres son progresistas y uno conservador:
Juan Carlos Campo Moreno: Exministro de Justicia del Gobierno actual y magistrado, fue quien firmó los indultos parciales de los independentistas excarcelados en junio de 2021.
Laura Díez Bueso: Formó parte del ministerio de la Presidencia con Félix Bolaños, posteriormente como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, emitió el dictamen favorable a la ley del catalán, que fue aprobado por el Gobierno de ERC y JxCat, PSC y los Comunes, incumpliendo de esta manera la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el 25% de español en las aulas catalanas. Es la candidata de consenso de los independentistas y la impulsora del nuevo Estatuto de Cataluña.
Meses atrás, en una conferencia realizada en Aragón, dijo que la Constitución Española debe ser reformada, de forma especial el artículo 149, sobre las competencias exclusivas del Estado, y entre ellas se encuentra la «Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum» (32), de esta manera se debilitarían las estructuras de la Nación española y se daría mayor autonomía a las Comunidades Autónomas.
Según el diario digital El Debate, de diciembre de 2022, es la candidata que cumple la hoja de ruta del Ejecutivo central para «conformar un órgano a la medida de las pretensiones de los separatistas, dispuestos a validar un nuevo Estatut y a mirar con buenos ojos el referéndum sobre el encaje de Cataluña en España».
María Luisa Segoviano Astaburuaga: Magistrada de reconocido prestigio, recién nombrada miembro del TC, en una entrevista en una radio, afirmó: «El derecho de autodeterminación es un tema complejo que llegado el momento habrá que estudiar…».
Así mismo, para el cargo de presidente del TC hay dos candidatos, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Ésta se declara republicana, feminista y marxista y votó en contra de aplicar el delito de sedición a los golpistas independentistas catalanes. Intenta ser neutral, quiere un tribunal transparente y se considera mujer de la Constitución. En los últimos días declaró: «Soy partidaria de un derecho constructivista, es necesario superar la ley» y añadió: «estoy para generar nuevas posiciones en el derecho; si estoy para ratificar el positivismo jurídico, no es necesario, se coge un libro y ya está y por eso es necesario que nosotros seamos capaces incluso de superar la ley», es decir quiere hacer reformas constitucionales o mejor dicho está abierta a interpretaciones flexibles de la CE.
Las tres magistradas tienen en común que quieren: modificar, estudiar e interpretar la CE, por el lado contrario, el magistrado Manuel Aragón, magistrado jubilado del TC, hace una comparación entre las democracias constitucionales de otros países como Alemania, Italia y EE.UU., con la española y afirma que si la democracia norteamericana tiene 200 años, se sostiene actualmente y en ninguna de ellas se contempla el derecho de autodeterminación, entonces la democracia española tiene 44 años, todavía es útil.
Además, existe suficiente jurisprudencia que la avalan como por el ejemplo en la Sentencia 103/2008, donde declara: «ningún asunto que afecte a cuestiones de soberanía decididas por el poder constituyente puede ser objeto de ninguna consulta popular vinculante o no vinculante».
Según él, el problema radica en que los dos partidos mayoritarios nacionales han dejado de realizar consensos y la CE se basa en el consenso entre el Gobierno y el partido de la oposición y eso se ha perdido. Más bien se ha unido a partidos radicales y populistas que quieren romper España.
No tiene fin el querer cambiar la Constitución y el modelo de Estado, que en el Parlamento Vasco el grupo Elkarrekin-Podemos-IU, presentaron una proposición de ley (no vinculante) que se votará. En caso de obtener un resultado favorable, instarán a las Cortes Generales (Congreso y Senado) que se inicie el proceso de reforma constitucional de monarquía o república. El Parlamento catalán podría seguir los mismos pasos.
También, a finales del mes de diciembre, el PP presentó una proposición de ley orgánica para profundizar en el fortalecimiento de la independencia judicial, siguiendo los criterios que aconseja la Comisión Europea, de despolitizar la justicia y uno de los aspectos importantes es cambiar el modelo de nombramiento de 12 vocales (del total de 20) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, respondió al respecto que «el modelo actual es perfectamente democrático, lleva 35 años en vigor y responde a un acuerdo de Estado entre el PP y el PSOE en 2001 cuando gobernaba José María Aznar».
Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Gobierno, afirmaron que el procés independentista en Cataluña está acabado y que con la concesión de los indultos, eliminación de la sedición y rebaja de la malversación, piensan que se ha puesto fin al problema catalán y con esas medidas han conseguido mejorar la convivencia en Cataluña.
Nada más lejos de la realidad, el presidente catalán, Pere Aragonès, en su discurso un día después de Navidad, declaró que el procés no se ha acabado y la pasada semana la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, afirmó que el procés no está muerto, están esperando a que se convoque la mesa de diálogo que se debería haber realizado a finales del mes de diciembre, se continué con la desjudicialización y que el siguiente paso para solucionar el problema catalán sea autorizar realizar un referéndum pactado de independencia. Para trabajar este tema la representante de los Comunes, Jéssica Albiach, pide que se convoque una «mesa de partidos» para realizar un proyecto de país.
Por otra parte, en Cataluña tenemos los presupuestos prorrogados de 2022, de momento el Gobierno de ERC, tiene acuerdos con los Comunes, quienes piden que se respeten los pactos alcanzados. A su vez está negociando con JxCat y el PSC. Se espera que está semana se consiga aprobar los Presupuestos. El PSC, a cambio de su apoyo presentó una serie de medidas y las más destacadas son: desbloquear el Hard Rock, la ampliación del Prat, la B-40 y no abrir más embajadas el 2023.
Respecto a las embajadas, hay 20, de ellas 13 en funcionamiento. Para este año tienen planeado abrir 6 más. Todas pagadas con el dinero de los presupuestos. JxCat, se queja del pedido del PSC, porque de esta manera se paraliza la difusión de su causa a nivel internacional.
Añadiendo a su campaña a través de sus embajadas internacionales, en el mes de septiembre pasado, se realizó un evento por la UNPO (Organización de Naciones y Pueblos no Representados) en la City University de New York (EE.UU.) en el cual participaron representantes de los pueblos tártaros de Crimea, Mongolia del Sur y del Kurdistán Iraní. Por Cataluña (España) estuvo la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y profesora de la Universidad de Barcelona, Elisenda Peluzie, para presentar a España como modelo de represión de minorías para los regímenes ruso, chino e iraní. Todo pagado con dinero de los presupuestos.
Lo que deberían saber esas personas de la Universidad que permiten realizar estos actos, es conocer que en Cataluña, los diferentes gobiernos independentistas no respetan los derechos lingüísticos de más de la mitad de la población catalana, se impone la inmersión lingüística en lengua catalana, se ignora que la lengua oficial del Estado es también lengua vehicular en Cataluña, han dado un golpe de Estado, se les ha perdonado el delito y encima amenazan con volverlo a hacer, si una ley no les gusta la cambian sin ningún reparo, eso y mucho más es en lo que deberían tener conocimiento.
Por último, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, una vez pasadas las fiestas navideñas, publicó un mensaje en Twitter, afirmando: «hay que hacer manifestación aprovechando que se reunirán los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, el día 19 de enero, para celebrar el fin del procés independentista». Se unirán a la manifestación las entidades independentista de ANC, Òmnium Cultural y otras asociaciones que se irán adhiriendo a la movilización. En realidad se reunirán para firmar un tratado de amistad y cooperación reforzada, y escenificar el fin del proceso independentista.
En conclusión, los miembros del Tribunal Constitucional y los representantes políticos, deben respetar la separación de poderes, las Instituciones, la Constitución Española y las leyes. Deben seguir los consejos de la Comisión Europea, donde los magistrados deben tener una trayectoria profesional de independencia y objetividad. Los partidos mayoritarios deben volver al consenso en los temas de gran importancia.
Las democracias de los países desarrollados están en crisis y debemos cuidarla, pidiendo ejemplaridad a sus representantes, y evitar crear desigualdades entre los ciudadanos españoles y entre las diferentes Comunidades Autónomas.
