Madrid, martes 13 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE). La juez Beatriz Biedma Rojano, la valiente magistrada que cercó y acorraló judicialmente a David Sánchez Pérez-Castejón (hermano del jefe del Ejecutivo central), ha reclamado de urgencia nuevas y contundentes diligencias en el marco del denominado caso Leire. La instructora exige a la Audiencia Nacional esclarecer la escalofriante trama de fontanería ilegal y cañerías delictivas organizada presuntamente desde la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en la calle Ferraz 70 de Madrid, para neutralizar los procedimientos que amenazan al entorno del autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón. El escrito judicial presentado revela cómo los fontaneros del régimen socialcomunista llegaron a contactar con personas de forma estrecha vinculadas al narcotráfico y a clanes de la heroína con el nítido objetivo de presionar, amedrentar y «neutralizar» a la juez, utilizando para ello las anotaciones manuscritas incautadas en la agenda de la exmilitante socialista Leire Díez.
La demoledora anotación manuscrita, fechada por la fontanera de Ferraz el 25 de marzo de 2025, contiene de forma explícita la frase «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano», un hallazgo policial que ha motivado que Beatriz Biedma se persone formalmente como perjudicada en una investigación que mantiene imputados a varios exdirigentes socialistas. Entre los principales investigados en las cloacas del PSOE figura el exsecretario de Organización de la formación, Santos Cerdán, señalado de forma directa por su presunta participación en maniobras destinadas a torpedear de forma sistemática los procedimientos judiciales que cercaban al Gobierno y a las redes clientelares socialistas.
Tras haber relatado la semana pasada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, el magistrado Santiago Pedraz, la profunda «angustia» que sintió al percibir de primera mano que tanto ella como sus hijas menores de edad estaban siendo sometidas a vigilancias y seguimientos diarios en su entorno familiar, Beatriz Biedma ha presentado un escrito riguroso, al que ha tenido acceso EFE, exigiendo la práctica de nuevas actuaciones penales. Entre las peticiones, la magistrada considera prioritario que se investigue a fondo la figura de José Luis Sáenz de Tejada, un exjuez expulsado de forma fulminante de la carrera judicial por haber sido condenado a una pena de prisión por violencia de género de carácter psicológico habitual. La instructora detalla que este individuo le profesaba una prolongada «animadversión» desde que ella tuvo que sustituir a la juez que tramitaba el procedimiento por maltrato en su contra.
La juez sostiene que Sáenz de Tejada, movido por el rencor y presuntamente coordinado por la cúpula de Ferraz, inició una cacería judicial en su contra: la denunció falsamente, intentó de forma reiterada recusarla en la causa abierta contra el hermano de Pedro Sánchez y orquestó una campaña de desprestigio público difundiendo numerosos vídeos en el canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV en los que la criticaba e insultaba de forma feroz. En el escrito, la magistrada califica de «nuclear» indagar en la actividad del exjuez para esclarecer su verdadero papel, sus contactos mafiosos y la finalidad última de sus actuaciones dentro de la «presunta organización criminal», planteando la hipótesis de que la fontanera Leire Díez lo reclutó de forma directa con la misión de desestabilizar la causa de Badajoz.
La trascendencia de la trama mafiosa del PSOE adquiere un cariz delictivo extremo al analizarse la declaración de la testigo protegida vinculada al narcotráfico conocida como «la Celsa», quien confesó ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las propuestas que recibió por parte del sicario judicial del socialismo. Según el testimonio que obra en el sumario, Sáenz de Tejada contactó con ella y le transmitió que Beatriz Biedma «era un puto grano en el culo y que había que eliminarla», apostillando de forma amenazante que «a palos aprende el burro». Para la instructora de Badajoz, estas manifestaciones de las cloacas revisten una gravedad inaudita, puesto que apuntan de forma directa a «posibles propuestas de violencia física» e incluso de asesinato contra su persona, unas expresiones criminales que trascienden por completo cualquier actuación procesal.
Con el objetivo de desenmarañar por completo las cañerías del sanchismo, Beatriz Biedma ha reclamado la comparecencia ante la Audiencia Nacional del capo de la droga encarcelado al que alude de forma literal la frase «heroína o gitano» de la agenda de la fontanera socialista, solicitando asimismo la declaración testifical de su abogado defensor. De igual forma, se exige la citación del empresario y expresidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, quien confirmó haber tenido conocimiento a través de terceras personas de que la juez estaba siendo objeto de seguimientos ilegales. Por último, la magistrada reclama la remisión inmediata de todas las quejas, denuncias y escritos cruzados presentados por Sáenz de Tejada para certificar ante los tribunales la existencia de una «actuación coordinada destinada a influir en el procedimiento judicial y a neutralizar a la magistrada instructora» que osó investigar la corrupción de la familia del autócrata de la Moncloa.
Cronología del caso Leire y el asalto del PSOE a la separación de poderes
El estallido de este escándalo institucional se fraguó en el verano de 2024, cuando la UCO de la Guardia Civil inició una serie de pesquisas secretas sobre el entorno de la Moncloa tras las denuncias presentadas por el sindicato Manos Limpias y formaciones patriotas como Vox. Los informes policiales comenzaron a destapar la existencia de una presunta organización criminal incrustada en la sede nacional del PSOE de la calle Ferraz, cuyo propósito prioritario consistía en activar resortes ilegales, redes de espionaje y presiones mafiosas para torpedear de raíz cualquier instrucción judicial que pudiera comprometer la estabilidad del Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez.
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El caso cobró una dimensión internacional y delictiva extrema durante los primeros meses de 2025, momento en el que los agentes judiciales procedieron al registro de los domicilios de diversos exdirigentes socialistas y lograron incautar la agenda manuscrita de la militante de Ferraz, Leire Díez. El hallazgo de las anotaciones explícitas del 25 de marzo de 2025, donde se planificaba la neutralización de la juez de Badajoz mediante contactos con clanes del narcotráfico y de la heroína, evidenció ante la opinión pública que el sanchismo había cruzado todas las líneas rojas de la legalidad constitucional, estructurando una auténtica red de fontanería ilegal para intimidar a los magistrados independientes.
El desenlace provisional de este asalto socialista a la democracia se ha certificado este mes de octubre de 2026. Tras la valiente personación de la juez Beatriz Biedma en calidad de perjudicada ante la Audiencia Nacional y su desgarrador testimonio sobre el espionaje sufrido por sus hijas menores, el magistrado Santiago Pedraz ha cercado de forma definitiva a la cúpula de Ferraz. El avance de las diligencias del caso Leire acorrala de forma inminente al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, situando al régimen sanchista a las puertas de un colapso judicial absoluto a escasamente unas semanas de la decisiva cita electoral del próximo 29 de noviembre, un vuelco institucional histórico que los sondeos de los de ningún modo imparciales medios de la propia izquierda son ya totalmente incapaces de camuflar.