Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Centro de Internamiento de Inmigrantes -sin papeles- (CIE) de la Zona Franca de Barcelona ha recluido hoy al primer interno, una semana después de su reapertura, en plena polémica con el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por la ex okupa extremista podemita Ada Colau Ballano y el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña (PSC) por su veto a esta instalación. Este lunes, los agentes de la Policia Nacional prohibieron el acceso al centro a dos inspectores y una abogada del Ayuntamiento de Barcelona. «Para entrar en el (CIE), se necesita hablar con Madrid -el Gobierno de España-«, dijeron los agentes a los de Ada Colau quienes se marcharon con ganas.
Según han informado a Efe fuentes cercanas al ámbito de la extranjería, el interno que hoy ha ingresado en el CIE, a la espera de ser extraditado, lo ha hecho por orden judicial. Se trata de un inmigrante con antecedentes por maltrato en el ámbito familiar y quebrantamiento de condena, según las fuentes consultadas.
Tras nueve meses para acometer unas obras de mejora a instancias de la comisión judicial que se encarga de controlar las condiciones de esta instalación, el Gobierno acordó reabrir el CIE de la Zona Franca el pasado jueves 7 de julio, poco después de que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara que vetaba su reapertura porque no disponía de licencia de actividad.
En pleno pulso con el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, el Gobierno reabrió el CIE ese mismo día, una vez finalizadas las obras iniciadas en noviembre de 2015 para dignificar las condiciones de los internos, inmigrantes sin papeles que esperan su expulsión de España.
Tras el anuncio del Gobierno, el equipo de Ada Colau advirtió de que si el CIE volvía a acoger a internos, como paso previo para su expulsión de España, el ayuntamiento usaría los mecanismos legales previstos y tomaría medidas «coercitivas», como la imposición de multas o incluso el precinto del edificio, situado en un complejo de la Policía Nacional en la Zona Franca.
Precisamente, inspectores del ayuntamiento han intentado en dos ocasiones -el pasado lunes 11 de julio y ayer- acceder al CIE, para comprobar si ya acogía a internos, aunque no se les permitió entrar en ninguna de las dos ocasiones, porque no son personal autorizado. Tras la negativa de ayer, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que presentará una demanda en el juzgado contencioso administrativo para que el juez autorice una inspección municipal al CIE.
La reapertura la semana pasada del CIE, un centro que cuenta con el rechazo de organizaciones que defienden los derechos humanos, fue comunicada previamente a los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona, encargados del control de este centro, al Fiscal de Extranjería, quien igualmente supervisa el local, así como al juez decano de Barcelona.
En junio de 2015, meses antes de que el CIE cerrara por obras, el Parlament aprobó una propuesta, aplaudida por varias ONG, que instaba al Gobierno a cerrar esta instalación, para sustituirla por medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad o la libertad vigilada.
El CIE de la Zona Franca está situado en un edificio de la Policía Nacional desde 1992 y tiene licencia como comisaría de policía, enfermería de animales, galería de tiro y cafetería, por lo que, según el Ayuntamiento de Barcelona, sólo podría reabrir si en el futuro obtenía la licencia de residencia para un colectivo de personas y cumplía con los requisitos de seguridad.
Además de desoír el veto de Colau, el Gobierno anunció que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la resolución del consistorio de Barcelona que ordena el cese de la actividad del CIE. Entre enero y noviembre de 2015 -en este último mes se iniciaron las obras de remodelación-, el CIE de la Zona Franca tuvo a un total de 738 internos -por no disponer de los papeles de residencia en España-, de los que 437 contaban con antecedentes penales, con un período medio de estancia de 25 días.
