Efe – El cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, oficializado este jueves, deja sin empleo a 3.200 trabajadores directos y amenaza a 20.000 más, un golpe duro para la industria que ha unido a los gobiernos español y catalán en la búsqueda de salidas y en las críticas a la firma nipona. Barcelona (España), viernes 29 de mayo de 2020. Barcelona (España), viernes 29 de mayo de 2020.
Cumpliéndose los peores augurios, el consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, ha anunciado desde Japón la intención de cerrar los tres centros en Barcelona -Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca- a finales de diciembre de este año, mientras que se mantienen las plantas en Ávila (430 empleados) y Cantabria (535).
El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha comunicado a los sindicatos que se ha tomado esta decisión al no ver «ninguna solución viable de futuro» para estas instalaciones, que han ido perdiendo modelos en los últimos años, dejando Zona Franca a un 20 % de su capacidad máxima -para unos 200.000 vehículos-.
El cierre afectará a Zona Franca (fábrica de furgonetas), Montcada (estampaciones) y Sant Andreu (suspensiones y bastidores), así como a los centros de I+D, recambios, distribución y compras, también en la Zona Franca, áreas que suman unos 3.000 trabajadores.
El impacto sobre el empleo será, sin embargo, mucho mayor, ya que se calcula que otros 20.000 empleos indirectos, según la Generalitat, dependen de estas plantas, incluyendo proveedores y subcontratas de un sector clave en Cataluña, ya que representa el 10 % del PIB y en las fábricas catalanas se producen 1 de cada 5 vehículos ensamblados en España.
Frank Torres, que fuera máximo responsable de Nissan en España y ahora vicepresidente de operaciones en Rusia, será el hombre encargado de pilotar el desmantelamiento y de negociar con los sindicatos, relegando al actual director, Genís Alonso.
En rueda de prensa virtual, De Ficchy ha atribuido la decisión de cerrar al exceso de capacidad de producción del grupo por la caída del mercado de furgonetas, ante las medidas de movilidad adoptadas en muchas ciudades, así como a que Mercedes optara por dejar de producir la Clase-X en la planta de Nissan en mayo de este año.
Tanto los sindicatos como las administraciones públicas se han revelado contra la decisión final de la firma automovilística y han rechazado el argumento utilizado para irse de Barcelona, reivindicando la viabilidad de las plantas y recordando que habían presentado a Nissan un plan para revitalizarlas que suponía ayudas por 100 millones de euros.
Según Nissan, ni si quiera las ayudas que estaban dispuestas a poner Gobierno y Generalitat permitirían dar un futuro viable a la fábrica.
En este contexto, el secretario de Industria, Raúl Blanco, ha lamentado el «ataque al corazón industrial de Cataluña» que supone este cierre y ha insistido en que el Gobierno trabajará para revertir la actual situación, tres advertir de nuevo a Nissan que irse de Barcelona le puede costar más de 1.000 millones de euros.
El Govern también ha rechazado los planteamientos de Nissan y, mientras la consellera Àngels Chacón (Empresa) hablaba de «deslealtad» e incluso acusaba a la firma de «reírse de nosotros», el vicepresidente Pere Aragonès ha avisado que la empresa «deberá asumir responsabilidades».
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avanzado que hará todo lo que esté en sus manos para evitar el cierre y ha apelado al Gobierno a sumar esfuerzos demostrando «unidad institucional» con este mismo objetivo.
La Generalitat, que ha dado 25 millones en ayudas públicas a Nissan en los últimos 15 años, cuenta con que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, propietario de los terrenos donde está asentada Nissan, colaborará para evitar esta crisis industrial, al tiempo que ha apelado a la unidad con los ayuntamientos afectados.
En este sentido, el gobierno catalán asume que no podrá recuperar 22 millones en ayudas públicas concedidas a Nissan durante los últimos 15 años.
Los trabajadores de Nissan en Barcelona han recibido también la noticia que venía de Japón como un jarro de agua fría y los sindicatos han llamado a la movilización y a mantener la huelga indefinida iniciada el pasado 4 de mayo.
El presidente del comité de empresa de Nissan en Barcelona, Juan Carlos Vicente, ha culpado a la multinacional de «dejar morir» las plantas catalanas y ha asegurado que los trabajadores van «a pelear» y «a mantener en jaque a todas las administraciones pidiendo» que les apoyen.
Ante varios centenares de trabajadores concentrados en las instalaciones de Zona Franca, donde se han visto imágenes que evidenciaban el estupor y el dolor por el anuncio del cierre, Vicente ha rechazado las explicaciones que ha dado la firma nipona: «Nos han dejado morir», ha dicho.
Tras quemar varios neumáticos ante la planta, los trabajadores han cortado después la Ronda Litoral y han avanzado que llevarán a cabo un calendario de protestas.
La decisión de Nissan de no mantener su actividad en Barcelona ha sido rechazada de manera prácticamente unánime por ayuntamientos catalanes, en especial el de la capital, y partidos políticos, tanto catalanes como del ámbito estatal.
Si el cierre no se revierte, se pondrá un punto y final a la centenaria historia de Nissan en Barcelona, que tiene su embrión en una planta abierta en Cádiz de la mano de Ford y que se trasladó en los años 60 a la capital catalana, donde llegó a convertirse en la segunda fábrica de vehículos más importante.
