El comunismo critica “parcialidad y dejación de funciones” del Tribunal Supremo su por no investigar al Rey Juan Calos I de España

.En el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, los comunistas del partido Izquierdo Unida (IU) del ministro de Consumo de Gobierno de coalición de España, Alberto Garzón Espinosa, y del Partido Comunista de España (PCE)que consta de 100 páginas, los autores consideran que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales, entre ellos a que “se siga una investigación eficaz y efectiva por parte del órgano judicial competente”.

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 03.02.2019. Coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, interviene en la reunión de su Asamblea Político y Social (APyS). Efe.

Efe-. Madrid (España), martes 6 de julio de 2021. Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE) han registrado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la “dejación de funciones” y la “parcialidad” del Tribunal Supremo para no investigar, a su juicio, los posibles delitos cometidos por el rey Juan Carlos.

Ambas formaciones, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, exponen, entre otras cuestiones, que la Sala de lo Penal del alto tribunal ha mantenido una “actitud renuente a iniciar cualquier acción que pueda ‘molestar’ a Juan Carlos de Borbón”.

Inciden en su recurso en los sucesivos y reiterados rechazos del Tribunal Supremo a todas las actuaciones previas que han emprendido durante meses ante esa Sala de lo Penal para que abriera una investigación formal al rey emérito y a otras personas que formaban parte de su entorno por presuntos delitos de corrupción.

En el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, los comunistas del partido Izquierdo Unida (IU) del ministro de Consumo de Gobierno de coalición de España, Alberto Garzón Espinosa, y del Partido Comunista de España (PCE)que consta de 100 páginas, los autores consideran que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales, entre ellos a que “se siga una investigación eficaz y efectiva por parte del órgano judicial competente”.

Y que incurre en una clara “dejación de funciones” frente a las sucesivas denuncias recibidas sobre los presuntos hechos delictivos cometidos por el antiguo jefe del Estado y personas allegadas, de cuyos detalles han informado también durante años los medios de comunicación.

Exponen al Constitucional que de todos los elementos probatorios o indiciarios que ha conocido la opinión pública “se desprende que concurren elementos que hacen pensar en la existencia de una concatenación de conductas altamente irregulares y reiteradas en el tiempo que siendo penalmente relevantes causan, a su vez, un grave descrédito al funcionamiento democrático de nuestro país”.

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