Redacción – El partido político «Compromís» exigió en campaña que todos los ciudadanos debían de pagar impuestos, pero uno de sus concejales de urbanismo, lleva supuestamente varios años sin pagar el IBI y los Residuos Sólidos » Basuras», mientras ellos han aumentado un 40% a los ciudadanos. Valencia (España), miércoles 22 de mayo de 2019.
El concejal de Urbanismo de El Vergel Luis Poquet (de Compro-mís) estaría abusando presuntamente de su cargo público al vivir en un edificio en el que se han denunciado irregularidades y que no tendría licencia. El inmueble es titularidad de su compañera sentimental, pareja de hecho del concejal. El edificio está ubicado en la calle Duque de Lerma, número 10 del municipio.
Estas informaciones surgen a través de una serie de denuncias que sostienen que el concejal de la coalición Compromis, Lluis Poquet, supuestamente estaría abusando de su cargo en la concejalía de Urbanismo. Todo apunta, según los testimonios a los que ha tenido acceso MASPORTAL, que se habrían realizado obras en el inmueble donde el edil reside con su pareja, obras sin la preceptiva licencia municipal.
En un escrito recibido en el Consistorio, reclama información sobre si dichas obras son legalizables, si dicha edificación está abonando el correspondiente Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de naturaleza urbana. Si dicha finca está los correspondientes recibos de Reciclaje de Residuos Sólidos, por cada una de las viviendas existentes en la totalidad del edificio. Si existe infracción urbanística sobre la realización de las obras realizadas sin licencia de obras. También hay dudas sobre si dicha edificación cuenta con la correspondiente ‘Cédula de habitabilidad’. Podría igualmente existir irregularidades por las plazas de garaje del inmueble que podrían estar siendo alquiladas.
Es de dominio público que en el edificio han tenido lugar varias obras con permisos presuntamente caducados hasta 2018, entre ellos el ático del que no figura proyecto alguno. Todo ello es más cuestionable aún por tratarse del inmueble precisamente del concejal de Urbanismo (propiedad de su pareja). Hay varios casos de obras en un capítulo que destila cierto tufillo a irregularidades.
Según ha podido constatar este periódico, la primera obra que se desarrolló fue para la realización de dos plantas más sótano. Además, este habitáculo en estos momentos está siendo utilizado como garaje, donde caben 8 coches perfectamente. Supuestamente se están explotando plazas de parking de manera irregular, ya que son alquiladas a personas y su pareja estaría obteniendo supuestos beneficios, aunque no tienen la correspondiente licencia.
En la segunda obra se construyó una peluquería, que es propiedad de la pareja de Poquet, sito en el mismo edificio, dentro de un espacio diáfano que existe y que se acondicionó para el negocio, sin presuntamente pedir tampoco las licencias que obliga la ley. Según consta, únicamente se ha solicitado la licencia de actividad, que es una declaración de obligaciones responsables. Pero la licencia de obras nunca se habría obtenido.
La tercera obra se desarrolla en la planta superior. Una planta autorizada para cuartos trasteros y que al parecer se utilizo como vivienda. Tenemos conocimientos que estuvo residiendo primero la pareja hasta finalizar la obra y posteriormente se alquilo un personas en régimen de alquiler y eso sin que conste la correspondiente ‘cédula de habitabilidad’ al no ser habitable por lo que tampoco está sujeta a la contribución ni a los recibos de Reciclaje de Residuos Sólidos.
Inspección pedida por el Partido Popular
De todo ello hay constancia en el Ayuntamiento. Este martes 21 de mayo de 2019, a petición del PP, se ha solicitado una inspección al ático, construido en la zona de trasteros. Además, el ático supera las medidas establecidas por la ley. Cabe destacar, que el concejal y su pareja vivían con anterioridad en esta zona de «trasteros», pero cambiaron de planta hace algún tiempo para después, según diversos testimonios, alquilar ese espacio a una persona de nacionalidad extranjera.
Resulta llamativo que este mismo edil, Lluis Poquet, sea el encargado de sancionar las irregularidades urbanísticas de los vecinos de El Vergel y haya ordenado la demolición de varias obras.
Sin respuesta de Poquet
MÁSPORTAL se ha puesto en contacto con Poquet para recabar su versión de estos hechos pero no ha accedido a atender nuestra petición.
Silencio del alcalde
También se han negado a dar explicaciones sobre el asunto el alcalde de Compromís en El Vergel, Basili Salort y su socio de gobierno, el socialista Ximo Coll,
este último alegando que desconocía el caso en cuestión, pese a constatar que allí vive el concejal de Urbanismo.
La oposición, PP y Ciudadanos, se mantienen a la espera de un informe definitivo que han reclamado, para luego entablar una posición determinante que les lleve a tomar las decisiones más adecuadas ante este nuevo escándalo político que afecta a Compromís. En el caso de que se confirme, PP y Ciudadanos condenarán públicamente estas malas praxis del concejal de urbanismo en el Consistorio de El Vergel.
Según explican diversas fuentes a MP, esta situación irregular es un secreto a voces en el pueblo. Peor nadie actuará hasta no tener toda la documentación pertinente, que detalle lo que a todas luces es un quebrantamiento leyes para favorecer al edil de Compromís.
La coalición nacionalista Compromís en 2015 abanderaba en su campaña electoral su firmeza para perseguir a todos aquel que no pagasen impuestos, pero lo cierto es que tienen presuntamente defraudadores fiscales en sus filas, en este caso al Ayuntamiento.
En el debate electoral de la legislatura anterior, el ahora alcalde de Compromís aseguraba: «haremos para que todos paguen la contribución», añadiendo que el IBI era un impuesto muy importante para el pueblo y asegurando que «haremos todo lo posible para conseguir que todo el mundo pague», todos menos al parecer su concejal de Urbanismo que tiene un chollo con eso del poco control de las licencias, al menos las que directa o indirectamente guardan relación con él o los suyos.
Informe técnico
Técnicos municipales han ratificado este mismo martes 21 que la peluquería carece de la correspondiente licencia de obra y actividad. Curiosamente, después de la investigación de MÁSPORTAL, este mismo martes la propietaria de la peluquería solicitaba la correspondiente licencia de obra para este local.
Algo que estaría dentro de no normal sino fuese porque el establecimiento lleva abierto al público más de un año sin que nadie en Urbanismo haya detectado esa impresentable irregularidad.
Los técnicos también han podido constar que el inmueble es una colección de ilegalidades. En este sentido, han determinado que la construcción y habilitación como vivienda de la zona ático es ilegal ya que únicamente estaba permitido dos cuartos trasteros, uno por vivienda.
Del mismo modo, el informe técnico municipal reconoce ahora que el edificio se construyó con la licencia de obra ya caducada.
Un compendio de irregularidades que van a provocar un expediente sancionador con carácter inmediato
Otras corruptelas en la Comunitat Valenciana
Este escándalo de presunta corrupción no es el único de la Comunitat Valenciana ya que hemos conocido que el enchufe de 9 altos cargos de PSPV y Compromís en Divalterra, tres de ellos candidatos el 26M.
Con estas imputaciones se amplía la lista de los investigados a otros casos como el de Alqueria, encabezado por el expresidente de la Diputación y aspirante a la alcaldía de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez y cinco miembros de su equipo más cercano.
Tras la investigación (y su detención), Rodríguez dimitió como jefe de la Corporación provincial.
El levantamiento del secreto del sumario ha llevado a Rodríguez a perder su condición de candidato socialista en Ontinyent y encabezar su propia lista para tratar de conservar la alcaldía.
A estos se les atribuyen supuestos delitos de prevaricación y malversación por la contratación de altos directivos en Divalterra en contra de informes jurídicos que señalaban irregularidades. Cabe mencionar que los altos cargos dejaron su puesto el 31 de marzo, según la documentación de la Diputación de València, tres meses antes del inicio de la operación Alqueria.
En la supuesta corruptela del Vergel, solo MásPortal, informa puntualmente tras una rigurosa investigación periodística llevada a cabo hace un año y medio, en la que han tenido oportunidad de opinar todas las partes implicadas.
